El juez apunta a la Administración de Rajoy por el espionaje a Bárcenas

El sumario de la Operación Kitchen, la presunta trama urdida en el seno del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero Luis Bárcenas en beneficio del PP, es ya una verdadera bomba de relojería para la formación conservadora. El juez dictó este lunes un escueto auto donde levanta el secreto de las pesquisas y señala directamente a la Administración popular. Una decisión que adopta después de que la Fiscalía Anticorrupción, que pide la imputación de los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, arremetiese contra ellos en un duro escrito.

Las palabras del juez Manuel García-Castellón, vertidas en un breve escrito de apenas dos páginas, irrumpieron este lunes con una fuerza atronadora en unas pesquisas que han permanecido casi dos años bajo secreto de sumario. Pese a que el PP se ha afanado en guardar silencio y la actual dirección lleva meses tratando de marcar distancias con los casos de corrupción del pasado, las sospechas del magistrado y de los fiscales Anticorrupción de Kitchen, una de las 25 líneas de investigación abiertas en el caso Villarejo, apuntan sin paliativos a la antigua cúpula de la formación conservadora y del Ministerio del Interior.

Aunque el juez no entra en detalles en el auto, sí subraya que se puso presuntamente en marcha un “operativo parapolicial” dirigido por los “órganos superiores o directivos de la Administración General del Estado” y que tuvo por objetivo sustraer información a Bárcenas para que no accediera a ella el juzgado de la Audiencia Nacional que estaba investigando en ese momento la caja b del PP. Esta supuesta actuación irregular, pagada con fondos reservados, se encargó a los comisarios José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, y Enrique García Castaño. Se prolongó desde 2013 a 2015. Y tenía como finalidad obtener “material comprometedor para altos dirigentes del PP”

Para conseguir su fin, según los investigadores, los sospechosos captaron entonces al policía Sergio Ríos, chófer de la familia del extesorero. Así, “por medio de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio”, los sospechosos se harían con la información en manos del extesorero.

Anticorrupción ahonda mucho más en el escrito que envió la pasada semana al juez para pedir la imputación de Fernández Díaz y Cospedal, así como la del marido de esta última, el empresario Ignacio López del Hierro. En ese documento, la Fiscalía describe la abundante documentación intervenida en las pesquisas, como los recibos de pagos a Sergio Ríos y el presunto uso de fondos reservados; los mensajes telefónicos incautados a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y antiguo número dos del ministro, donde culpa a su exjefe y llega a enviar mensajes al expresidente Rajoy; y las grabaciones encontradas a Villarejo, que señalan a la antigua secretaria general del PP. Y, con todo ello, el ministerio público describe una trama que tendría, de momento, a los dos exministros de Rajoy en la cúspide. Aunque apostilla: “No se descartan que surjan indicios de criminalidad contra otras personas”.

Sobre Fernández Díaz, los investigadores de Anticorrupción se pronuncian con gran contundencia: “Los indicios de su participación en la Operación Kitchen son muy numerosos y concluyentes”. “Además de ser la persona que ejerció la responsabilidad [de ministro del Interior] durante todo el periodo de ejecución de dicho operativo ilícito, mantuvo con Martínez comunicaciones directamente relacionadas con la infiltración en el zulo, [donde Bárcenas guardaría la información sensible], en el momento de la obtención de la documentación comprometedora que se buscaba”, dice la Fiscalía en su escrito.

Los mensajes de teléfono y los archivos intervenidos a Martínez, que también se encuentra imputado y se ha negado en dos ocasiones a declarar ante el juez, son una de las principales armas de la Fiscalía contra Fernández Díaz. Según el escrito, por ejemplo, el ex secretario de Estado depositó ante notario un SMS que habría recibido del ministro que decía: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo”. La información del móvil refleja también como, a medida que el partido le va dejando de lado tras estallar el escándalo, su enfado aumenta contra sus antiguos superiores. A un contacto, prosigue el ministerio público, le llegaría a “reconocer su implicación en los hechos investigados”: “Soy un pringado utilizado, pero eso no me exonera. Es evidente que no valoré bien los riesgos. Lo que quise es ser leal y eficaz. Tal vez demasiado leal”.

Según las pesquisas, tras ser excluido de las listas para las elecciones generales de abril de 2019, Martínez llega a dirigirse a Rajoy para que no lo “dejen tirado”. “No consta que obtuviera contestación”, precisa la Fiscalía. También a Teodoro García Egea, actual secretario general del PP, a quien le dice: “Puedo entenderlo, pero quedarme tirado y marcado como un corrupto por los míos me hace un daño irreparable. Hay opciones de las que podíamos haber hablado. Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente, por eso me he metido en este lío. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy”. A un periodista, también le escribe: “El hijo puta de Jorge no solo va diciendo que no sabía nada, sino que encima deja caer el mensaje de que no habría autorizado nada... Cuando obviamente es el origen de todos los líos”.

El papel de la exministra

La exministra Cospedal, enfrentada durante años contra Bárcenas, también sale muy mal parada del escrito de 52 páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS. La Fiscalía destaca que Cospedal tendría un “interés personal” en que la operación contra el extesorero popular tuviera éxito. “Desde una doble perspectiva”, enfatiza Anticorrupción. Por un lado, como “como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma”. Pero, también, como secretaria general del partido, al “existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”.

Los investigadores resaltan las grabaciones halladas donde conversa Cospedal y su marido con Villarejo, que habría “aceptado la ejecución de encargos puntuales que serían sufragados con fondos del PP”. El propio comisario se jacta en un audio de que le mandaron la destrucción de los discos duros de Bárcenas —por lo que fue juzgado el PP y resultó absuelto—. A López del Hierro se le atribuye hacer de intermediario para encargar a Villarejo la captación del chófer del extesorero.