Operación Kitchen

Los mensajes interceptados al ‘exnúmero dos’ de Interior cercan a Fernández Díaz

El juez estudia dar un nuevo salto en el ‘caso Villarejo’ e imputar a dos exministros del Gobierno

Jorge Fernández Díaz, durante una comparecencia en el Congreso en 2015.
Jorge Fernández Díaz, durante una comparecencia en el Congreso en 2015.Alvaro Garcia /

La cuenta atrás ha comenzado. Tras dos años de investigación confidencial, que ha desvelado el presunto uso ilícito de fondos reservados o agentes dobles durante el Gobierno de Mariano Rajoy, arranca ahora una fase clave para la conocida como pieza Kitchen, la parte del caso Villarejo que cerca a la cúpula de Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz por el espionaje sin control judicial al extesorero popular Luis Bárcenas. El magistrado Manuel García-Castellón estudia ya si imputar al exministro —además de a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su marido—, como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción. Según fuentes del caso, la intervención al número dos del exministro en Interior, Francisco Martínez, de unos mensajes telefónicos con Fernández Díaz ha sido una de las claves. El juez también tiene que decidir este lunes si acepta levantar el secreto de sumario, lo que permitirá a las partes conocer con detalle un puzle que amenaza con hacer tambalear de nuevo al PP. Estas son algunas de sus piezas.

El indicio originario: BE9. Antes de llegar hasta Fernández Díaz, los investigadores han subido peldaño a peldaño por una intrincada escalera que tiene su punto de partida en la vivienda del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde 2017 y epicentro de esta macrocausa de corrupción. Los agentes encontraron en su domicilio un pendrive, al que bautizaron como indicio BE9, con “diversos archivos de audio” que evidenciaban la existencia de un operativo policial “denominado Kitchen o Cocina”. Esta actuación, urdida presuntamente en la cúpula de Interior tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas, se habría desarrollado “sin habilitación legal” y financiada con fondos reservados con el objetivo de localizar documentos y grabaciones “comprometedores para determinados dirigentes del PP” y que se encontraban en manos del extesorero, según detalla en un escrito el magistrado Diego de Egea, el primero en llevar la investigación, hasta su marcha de la Audiencia Nacional.

“Dicho operativo, habría tenido un resultado positivo”, sentenciaba De Egea en ese documento, firmado el 22 de noviembre de 2018 —apenas 15 días después de declarar el secreto de sumario— y enviado al Gobierno para pedirle que desclasificara todo el material reservado que tuviera relación con Kitchen. Quería así acreditar la presunta comisión de delitos de cohecho, malversación y prevaricación, entre otros, que comenzaban a sobrevolar sobre la antigua cúpula de la Policía Nacional e Interior. Todo ello, mientras en el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, que había llevado la instrucción del caso de los papeles de Bárcenas, se abría paralelamente otra vía de investigación ante la publicación de las primeras informaciones periodísticas que revelaban la operación de espionaje al extesorero sin su autorización.

Los protagonistas. A lo largo de dos años, los indicios no han cesado de acumularse y han permitido ir escalando hasta lo más alto. Las declaraciones de los protagonistas investigados han jugado, por ejemplo, un papel clave para tirar del hilo. El propio Villarejo y el también comisario jubilado Enrique García Castaño admitieron de inmediato al juez que había existido este operativo y que se había financiado con fondos reservados. Esto permitió elevar la diana hasta su superior jerárquico, Eugenio Pino, jefe de la Policía con Fernández Díaz y supuesto muñidor de la policía patriótica. Aunque este negó que dicha actuación se llamase así —“La operación Kitchen no existe”, dijo—, reconoció que se había puesto en marcha y defendió su legalidad. Y apuntó a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, como el cargo del Gobierno que había autorizado el uso de dinero público.

A Martínez, antiguo parlamentario del PP y mano derecha del ministro, lo ha señalado también García-Castaño, quien ha detallado durante la instrucción que adquirió un ordenador con esos fondos para guardar en él toda la información que obtenía de manera irregular de los teléfonos de Bárcenas y su mujer gracias a la colaboración del chófer de la pareja, Sergio Ríos, cuyo nombre en clave era K2. Una computadora que, según dijo el comisario jubilado, era para el secretario de Estado, quien se ha negado en dos ocasiones a responder al juez sobre estos extremos. Aunque, según fuentes del caso, se le han intervenido al exdiputado varios mensajes telefónicos con Fernández Díaz que han resultado clave para que Anticorrupción haya pedido ahora la imputación del antiguo responsable de Interior. Según avanzó eldiario.es, Martínez depositó esos mensajes en una notaría.

A ello se suma otra derivada. Ríos, pese a las reticencias iniciales que tuvo para tirar de la manta, afirmó finalmente que le captó para Kitchen el comisario Andrés Gómez Gordó, asesor de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. La exministra de Defensa, enfrentada con Bárcenas durante años, aparece además en unos audios hablando con su marido y Villarejo sobre la trama Gürtel antes de que estallara el caso.

La documentación. A esta maraña de declaraciones se suma el hallazgo de varios documentos. Interior ha localizado notas de seguimiento tomadas durante el operativo, que nunca se remitieron al juzgado. O recibís de las entregas de fondos reservados a confidentes: Ríos, por ejemplo cobraba 2.000 euros mensuales. También detalles sobre el presunto espionaje a un preso dominicano que coincidió con el extesorero en prisión en 2013 y quien, según decía otro recluso captado, iba a emplear un permiso para encriptar información que Bárcenas supuestamente escondía.

El falso cura. En esta investigación tampoco ha pasado desapercibido el episodio del falso cura que asaltó la casa del extesorero el 23 de octubre de 2013 con su familia dentro. Enrique Olivares, condenado a 22 años de cárcel, entró en la vivienda, maniató a sus ocupantes y se dirigió hasta el despacho de Bárcenas para hacerse con unos documentos guardados en un pendrive que servirían, según dijo, para derrocar al Gobierno. En los últimos meses, una comisión judicial encabezada por García-Castellón lo ha visitado en prisión.

Información clasificada. El Consejo de Ministros también ha tenido su papel en estas pesquisas. Ha autorizado a cinco policías, así como a Francisco Martínez, para que declaren sobre materias catalogadas como secretas conocidas durante el ejercicio de su cargo y que se encontraran relacionadas con la Operación Kitchen. Un dispositivo al que, según fuentes policiales, solo llamaba así Villarejo porque llamaba “cocinero” al chófer de Bárcenas.

La X. Mientras la investigación se adentra en una semana clave, el PP calla y se mantiene a la expectativa. Los fiscales esperan que se acepte su solicitud y se cite a Fernández Díaz a declarar. La diana nunca había estado tan alta a nivel político, aunque algunos investigados han apuntado aún más arriba. Pino le contó al juez que el exministro llegó a interceder a favor de Villarejo en nombre de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno. Y el magistrado vinculó este trato con la operación puesta en marcha para espiar a Bárcenas.

La ‘policía patriótica’. El levantamiento del secreto de sumario servirá también para ver el alcance de una operación atribuida a la policía patriótica, el grupo de agentes creado en el seno de Interior con Fernández Díaz para operar contra la oposición y en beneficio del PP. Las sospechas sobre sus componentes, apartados progresivamente de la cúpula del cuerpo, no han parado de crecer. “Quiero anunciar que pediré que testifiquen todas las personas con las que me reuní y a los que serví y ayudé, cuyas conversaciones grabé para mi propia seguridad, como Jorge Fernández Díaz”, ha amenazado Villarejo en un comunicado.

A este grupo se les achaca la Operación Cataluña, las maniobras urdidas contra los nacionalistas catalanes y que incluyeron informes policiales sin firma o datos policiales. También la guerra sucia contra Podemos. Así, García Castaño dijo que Gómez Gordo fue el autor del informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un falso documento policial —rechazado por la justicia— donde se afirmaba que el Gobierno de Irán financió a Podemos; y un alto mando de la policía viajó a Nueva York para captar a un exministro chavista para que le facilitara datos contra Pablo Iglesias. Lo hizo, según consta en un audio, por “mandato” de Fernández Díaz.

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