“Este silencio no es un buen servicio”

La Casa del Rey no está obligada jurídicamente a revelar el destino de Juan Carlos I tras su salida de España a raíz de las investigaciones sobre las supuestas irregularidades en sus negocios privados. Expertos en derecho constitucional consultados por este periódico coinciden en que el rey emérito, que no está imputado, puede, como cualquier otro ciudadano, moverse libremente y fijar su residencia donde desee, y no existe una obligación legal o constitucional para La Zarzuela —o para el Gobierno— de dar a conocer su paradero.

Sin embargo, los juristas también alertan de que este mutismo puede afectar a la imagen de la Corona —sobre la que se asienta buena parte de su legitimidad ante los ciudadanos—. “Sin existir un deber jurídicamente exigible, existe un deber institucional de justificar el silencio y tener la comunicación necesaria para evitar la mala imagen de la Monarquía que esta situación de Juan Carlos I da a los observadores extranjeros”, razona Xavier Arbós, catedrático de la Universidad de Barcelona. “Está también en juego la reputación de la democracia española. Existe una responsabilidad política del jefe del Estado, máximo representante del Reino de España, de velar por la reputación de nuestro país, este silencio no es un buen servicio si da pie a que se interprete a que el rey emérito ha salido de España para sustraerse a la justicia o para evitar dar explicaciones”, advierte.

En la carta del pasado 3 de agosto Juan Carlos I comunicaba a su hijo, el Rey, la decisión de “trasladar[se], en estos momentos” fuera de España ante la “repercusión pública” de las investigaciones sobre sus negocios. Es decir, que la iniciativa de ausentarse del país era suya. El catedrático Arbós considera que, “aunque hubiera sido duro y quizá sea pedir demasiado, hubiera sido conveniente que apareciera que la decisión la tomaba Felipe VI”.

El jurista catalán opina que aunque el rey emérito cuente con una escolta proporcionada por el Ministerio del Interior, como ha reconocido el ministro, Fernando Grande-Marlaska, esto no es motivo para que haya que hacer público el país al que se ha trasladado Juan Carlos I. “Dar explicaciones no implica necesariamente decir dónde está, sino que expliquen las razones por las que no se da noticia de su paradero, la transparencia no es tanto decir dónde está como las razones —de seguridad, de privacidad, u otras— por las que no se facilita la información”, afirma.

Su colega Alberto López Basaguren, de la Universidad del País Vasco, considera que en un primer momento, esta solución podría haber servido, pero que ya es tarde. “Está habiendo un problema de falta de transparencia, resulta muy raro oír en la radio que el rey emérito está en un país fuera de España y no saber cuál. Ocultar determinados datos puede generar un problema de legitimación política”, avisa.

La comunicación del paradero del anterior monarca no sería, en todo caso, un acto de los que la Constitución reserva al jefe del Estado y que son refrendados por el Gobierno. “No es un acto que exija refrendo, pero es importante que la gente entienda que la monarquía parlamentaria, como decía Walter Bagehot [constitucionalista inglés del siglo XIX], es un sistema enmascarado y exige ser muy delicado en el respeto de las formas y las apariencias. Debe ser la Casa Real quien comunique el paradero, pero el Gobierno tiene que estar detrás para que la Casa Real actúe adecuadamente”, afirma Basaguren.

Elviro Aranda, profesor titular de la Universidad Carlos III, ve necesaria “una regulación legal más amplia de las cuestiones relacionadas con la Corona para evitar lagunas jurídicas como esta, y una estrategia de comunicación más ambiciosa” ante un asunto que “acaba afectando a la imagen de las personas y de la institución”.

José Manuel Vera, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, considera que lo relacionado con la salida del monarca emérito “se ha gestionado mal” y “repercute en la imagen de la Corona”. En cualquier caso, Vera, como el resto de entrevistados, recuerda que desde el punto de vista jurídico constitucional, Felipe VI “tiene la misma obligación de revelar el destino de don Juan Carlos como de dar el paradero de su madre, doña Sofía, es decir, ninguna”.