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Los Ayuntamientos del PP afirman que no entregarán sus ahorros a Hacienda

Los populares anuncian movilizaciones de sus más de 2.800 alcaldes contra el pacto de financiación local del Gobierno

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol (izquierda) y el presidente de Murcia, Fernando López Miras (derecha) el pasado 4 de agosto tras una reunión con alcaldes populares.
El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol (izquierda) y el presidente de Murcia, Fernando López Miras (derecha) el pasado 4 de agosto tras una reunión con alcaldes populares.JUANCHI LOPEZ (Europa Press)

Ni un solo céntimo. El Partido Popular va en serio con su amenaza de tumbar el plan de Hacienda para permitir a los Ayuntamientos utilizar sus cerca de 14.000 millones en ahorros. Los populares han redoblado la presión y este lunes han anunciado que ninguno de sus 2.860 Consistorios entregará los ahorros al Gobierno. El principal partido de la oposición no dará tregua ni en verano: anticipó que todos sus regidores y concejales se movilizarán en lo que resta de agosto y septiembre para rechazar el acuerdo.

Con esta nueva jugada, el PP emprende una ruta que busca que Hacienda dé marcha atrás y renegocie la totalidad del acuerdo. La decisión de no entregar los remanentes no contraviene el real decreto, que deja claro que los Ayuntamientos pueden ingresarlos voluntariamente. Sin embargo, es una maniobra que afecta directamente los planes del Ejecutivo, que de golpe dejaría de contar con los remanentes de más de una cuarta parte de los Consistorios en España. En el texto, el Gobierno se compromete a reintegrar el 100% de los ahorros de los municipios a lo largo de una década, a cambio de que estos se lo ingresen primero, y a manera de préstamo.

Tras reunirse con alcaldes en Almuñécar (Granada), el vicesecretario Territorial del PP, Antonio González Terol, censuró el plan y lo calificó como la “mayor traición al municipalismo”. Los populares también presentarán mociones en todas las entidades locales y Diputaciones para reprobar al presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero. Precisamente, las primeras manifestaciones de regidores populares ocurrieron este lunes frente al Ayuntamiento donde despacha Caballero. Ahí se reunieron cerca de 300 ediles gallegos de la formación conservadora.

El documento tambalea a un mes de que se presente en las Cortes para ser convalidado. A día de hoy, el camino parece más que complicado. Sobre todo, después de que regidores de nueve partidos distintos —entre ellos, socios de Sánchez como el PNV, ERC y el BNG— se unieran el viernes pasado para expresar su rechazo al plan de Hacienda. En el manifiesto pidieron, sin tapujos, que sus partidos se unan en el Congreso para dejar sin efecto el proyecto. Al respecto, Terol ha agregado que el Gobierno “ha logrado que todos los partidos con representación municipal, al margen del PSOE” se reuniesen. Y que el acuerdo se aprobó con “agostidad y alevosía”.

El regidor de Zaragoza y representante del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha enviado este lunes una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en donde le pide una reunión telemática urgente con los alcaldes que han firmado el manifiesto. Azcón también entregará correspondencias a los municipios con más de 100.000 habitantes y todas las capitales de provincias entre el martes y el miércoles con el fin de que más alcaldes se sumen al frente. Fuentes de Hacienda señalan que aún no hay una respuesta con respecto a ese posible encuentro con Montero. Y recuerdan que la propuesta que finalmente se aprobó en la FEMP fue la única sobre la mesa.

La ofensiva de la oposición ha logrado resonar en los aliados menos pensados —JuntsxCat, BNG ERC, y aunque no figuran en el acuerdo, EH Bildu y los regionalistas cántabros—. Y en un tema que, hasta hace poco, parecía en el tejado del PP. Paradójicamente, los une un problema que surgió por una ley de 2012 aprobada por el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy y que impide a las entidades locales utilizar libremente sus remanentes. Esto obligó a unas negociaciones frenéticas entre Hacienda y la FEMP que desembocaron en un acuerdo que, hasta ahora, no termina de gustar a nadie. El tiempo se agota, ya sea para renegociar el pacto, o bien, para que el Gobierno termine por convencer a sus propios aliados.

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