NSO, una ‘start up’ que sortea en silencio las investigaciones en Israel

La empresa que diseñó el programa de ciberespionaje Pegasus tiene autorización del Ministerio de Defensa para exportarlo

Una mujer habla por teléfono frente a la sede de NSO Group, cerca de Tel Aviv (Israel).
Una mujer habla por teléfono frente a la sede de NSO Group, cerca de Tel Aviv (Israel).JACK GUEZ / AFP

NSO, la empresa tecnológica que diseñó el programa Pegasus, detectado en los móviles de dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha salido airosa en Israel de investigaciones judiciales bajo la acusación de que su sistema fue usado para espiar a activistas humanitarios, periodistas o políticos de la oposición en otros países.

Esta misma semana, el tribunal del distrito de Tel Aviv ha desestimado la demanda presentada por Amnistía Internacional para revisar el permiso de exportación de NSO. La juez Rachel Levi-Barkai consideró en su resolución que Amnistía no había presentado pruebas suficientes para demostrar la acusación de espionaje a disidentes.

“Estoy convencida de que el procedimiento de supervisión y la gestión de la concesión de los permisos de exportación son meticulosos”, concluyó la magistrada. Amnistía Internacional lamenta que el tribunal no haya tenido en cuenta la “montaña de evidencias” que presentó y se haya limitado a dar por buena la versión del Ministerio de Defensa.

La diputada del partido Meretz (izquierda pacifista) Tamar Zandberg ya había instado en 2016 al Gobierno a suspender la licencia de exportación de NSO en una petición dirigida al Tribunal Supremo. La vista se desarrolló a puerta cerrada y el contenido de la resolución, en la que se denegó la reclamación de la parlamentaria, fue declarado secreto oficial.

La pujante industria del ciberespionaje se ha desarrollado en las dos últimas décadas en Israel, hasta alcanzar entre el 10% y 20% del mercado mundial, sin apenas escrutinio parlamentario o judicial. La Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Kneset (asamblea legislativa) carece de información detallada sobre las exportaciones del sector de seguridad, según una exhaustiva investigación periodística publicada en 2018 por Haaretz, y el Ministerio de Defensa se niega a enviar a los diputados la lista de países a los que está prohibido vender armamento o tecnología de seguridad.

El periódico progresista israelí concluyó que “la industria (del ciberespionaje) no ha vacilado en vender material de capacidad ofensiva a muchos países que carecen de una firme trayectoria democrática”. La investigación reveló que más de dos decenas de Gobiernos –de Estados como Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Nicaragua, Honduras o Kazajistán– han adquirido programas de inteligencia y espionaje en el Estado judío.

El jaqueo de los móviles de periodistas –como el registrado masivamente en México entre 2015 y 2106, o el caso del reportero marroquí Omar Radi, denunciado recientemente por Amnistía Internacional– suele llevar la marca del sistema Pegasus de NOS. En una teleconferencia de prensa desde Moscú, Edward Snowden, excolaborador de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, aseguró hace dos años a un grupo de periodistas en Tel Aviv que la tecnología de Pegasus había sido utilizada para seguir el rastro del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi, dado por muerto tras acudir al consulado de Arabia Saudí en Estambul.

Fundada en 2010 por los ingenieros Niv Carmi, Omri Lavie y Shalev Hulio (cuyas iniciales de nombre de pila dieron nombre a la empresa, aunque el primero la ha abandonado ya), NOS tiene su sede en Herzliya, una acomodada población de la periferia norte de Tel Aviv. Su programa troyano Pegasus ha sido calificado por la revista Forbes como “la herramienta más invasiva para el espionaje de móviles”.

La compañía suele responder a estas acusaciones con el mantra de que su función en “suministrar tecnología a agencias de inteligencia de los países para salvar vidas” en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado. Cuenta en su organigrama con un comité ético que supervisa los contratos y puede vetarlos. Desde 2019 se ha adherido a las directrices de Naciones Unidas sobre comercio y negocios responsables.

En la práctica, el Ministerio de Defensa de Israel tiene la última palabra a la hora de autorizar las exportaciones de armamento y material y tecnología de seguridad. “La política regulatoria es revisada frecuentemente en función de diversas consideraciones, como la protección de los derechos humanos”, aseguró un portavoz del departamento a Haaretz.

Para Israel, el ciberespionaje es una sus principales industrias exportadoras, con 27 compañías punteras en un ecosistema tecnológico de seguridad único en el mundo. Del desarrollo en los años ochenta y noventa de centros de ciberinteligencia en el Ejército, como la célebre Unidad 8200, nació un vivero de jóvenes ingenieros que ha contribuido al desarrollo de empresas de tecnología emergente. El 80% de los fundadores de las 700 firmas de ciberseguridad israelíes proceden precisamente de las filas de la Unidad 8200.

Pero la venta en el exterior de programas como Pegasus forma parte también de la estrategia del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para mejorar su imagen internacional, deteriorada por el conflicto palestino. Con la cesión de los altamente demandados programas de ciberespionaje busca ganarse aliados en foros como Naciones Unidas, donde se cuestiona periódicamente la ocupación de Cisjordania y Jerusalén este y el bloqueo de la franja de Gaza.

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