Marlaska destituye a Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid, por un informe sobre el 8-M y la covid-19

El documento policial, remitido al juzgado de Madrid que investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en la capital, incluía graves acusaciones contra Fernando Simón

Diego Pérez de los Cobos, tras declarar por el 1-O en la Audiencia Nacional, en 2019.Mariscal

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este lunes el cese “por pérdida de confianza” del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. El relevo viene provocado por el envío de un informe a la juez que investiga la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación del 8-M, Día de la Mujer, poco antes de decretarse el estado de alarma por la covid-19, según confirman diversas fuentes. Interior cree que ese texto,...

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este lunes el cese “por pérdida de confianza” del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. El relevo viene provocado por el envío de un informe a la juez que investiga la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación del 8-M, Día de la Mujer, poco antes de decretarse el estado de alarma por la covid-19, según confirman diversas fuentes. Interior cree que ese texto, que señala a Fernando Simón, director de Alertas Sanitarias, refleja “falta de neutralidad política” por parte de Pérez de los Cobos.

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El informe fue elaborado por la Guardia Civil a petición de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la celebración de actos multitudinarios como la manifestación en la capital del 8-M, el congreso de Vox en las mismas fechas y la disputa de un partido de la Liga de fútbol en el estadio Wanda Metropolitano, que congregó a más de 60.000 personas. La magistrada pretendía averiguar cuál fue el curso dado al informe del 2 de marzo del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en el que se alertaba de la expansión de la enfermedad. En concreto, quería saber qué órgano lo recibió en España, si este lo distribuyó a su vez a otras autoridades y, en concreto, si lo remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid.

El informe del instituto armado fue finalmente remitido el pasado jueves y en él se señalaba a Simón como uno de los presuntos responsables de lo ocurrido e, incluso, le atribuía la comisión de delitos, según fuentes conocedoras del mismo. El documento policial destacaba que el director del Centro de Alertas Sanitarias había propiciado la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo y, sin embargo, facilitó las manifestaciones del 8-M y otros actos multitudinarios. Simón aseguró en la rueda de prensa de este lunes que no tiene “ningún temor” a ser investigado e insistió en que las manifestaciones del Día de la Mujer tuvieron una incidencia “marginal” en la expansión de la enfermedad.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, el pasado 12 de mayo. En vídeo, sus declaraciones sobre la destitución de Pérez de los Cobos.Foto: Europa Press

Según fuentes de Interior, el informe incluía numerosas valoraciones “subjetivas” de sus autores que superan lo que debe ser un documento de estas características y responsabilizan directamente a Pérez de los Cobos. “El informe es la gota que colma el vaso de una sucesión de actuaciones que revelan la falta de neutralidad política exigible a un funcionario público”, destacan responsables del departamento. La propuesta del cese procedía del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y fue aceptada por Grande-Marlaska. A Pérez de los Cobos le fue comunicada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, confirman fuentes del instituto armado.

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Varias fuentes de la Guardia Civil coinciden en afirmar que un alto cargo de Interior telefoneó el pasado domingo al coronel Pérez de los Cobos, superior de los agentes que elaboraron el documento en su condición de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Ocupaba este puesto desde abril de 2018, tras 12 años como alto cargo de Interior en los que dirigió, entre otras actuaciones, el despliegue policial contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El detonante de la llamada fue la publicación días antes en El Confidencial de una información sobre la existencia de ese informe en la que se destacaba que incluía acusaciones contra el director de Alertas Sanitarias. En la conversación, el alto cargo de Interior supuestamente reclamó al coronel datos sobre las diligencias practicadas por orden de la juez.

Siempre según el relato coincidente de las fuentes consultadas, el coronel aseguró a su interlocutor que desconocía los detalles del informe y que, en todo caso, no podría recabarlo de sus subordinados ya que estos estaban investigando bajo la dirección de la autoridad judicial y, por tanto, su actuación tenía carácter reservado. El alto cargo le anunció entonces su próximo cese, que se materializó este lunes por la mañana. Un portavoz de Interior negó “tajantemente” este relato de los hechos y aseguró que nadie del ministerio reclamó información sobre esa investigación al mando de la Guardia Civil.

Advertencia de la juez

Coincidiendo con el cese del coronel, la juez Rodríguez-Medel dictó este lunes una providencia en la que solicita la práctica de numerosas diligencias, entre ellas la toma de declaración como imputado para el 5 de junio del delegado del Gobierno en Madrid, así como el interrogatorio a tres testigos. En la providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada se queja de que el resultado de algunas de las diligencias está siendo difundido en los medios de comunicación, y advierte a las partes personadas —con especial mención a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado— de que hacerlo sería constitutivo de delito, informa J. J. Gálvez. En el escrito, la juez recuerda a los agentes de la Guardia Civil que participan en la investigación que, en su función de Policía Judicial, deben guardar “rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”. Rodríguez-Medel también les reitera que solo deben informarle a ella de sus avances.

El cese de Pérez de los Cobos ha provocado un enorme malestar en el seno de la Guardia Civil, según ha podido constatar este diario. Mandos del instituto armado comparaban su situación con la que vivió en agosto de 2018 otro coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, entonces máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO). Grande-Marlaska también destituyó a este mando por “falta de confianza” después de que el coronel ordenase suspender determinadas actividades de operaciones en marcha por falta de fondos reservados “sin tener autorización de superiores o autoridades judiciales”. Este lunes, la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Aprogc, que defiende el carácter militar de la institución) emitió un comunicado en el que tildaba la decisión del ministro de “injusta y partidista” y defendía la actuación del hasta ahora jefe de la Comandancia de Madrid, que describen como ajustada en todo momento a la ley.

El líder del PP Pablo Casado anunció este lunes, tras la reunión del comité de dirección de su partido, que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique “los verdaderos motivos” del cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Casado calificó esta destitución de “agresión” a la institución. También Ciudadanos avanzó que la solicitará para que explique “cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid”. Vox ha registrado ya una solicitud en el mismo sentido, aunque en ella vinculaba el cese a una supuesta polémica por la protección de la vivienda en la que reside el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid).

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