El Poder Judicial se prepara para evitar el colapso tras el estado de alarma

La suspensión de toda la actividad judicial no urgente mientras dure el estado de alarma ha obligado a posponer miles de vistas que estaban previstas en los tribunales para estas semanas, algunas de ellas señaladas desde hace más de dos años, y jueces, fiscales, letrados y abogados temen que las consecuencias del parón se arrastrarán durante muchos meses. A ellos se une el previsible aluvión de asuntos derivados de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, como despidos, ERE, ERTE, procedimientos de Seguridad Social, concursos, impagos, desahucios y sanciones impuestas por el confinamiento. Para intentar evitar el colapso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado la elaboración de un plan de choque y advierte de que serán necesarias reformas legales procesales y nuevas formas de organización.

La elaboración del plan correrá a cargo de la comisión permanente, el principal órgano de decisión del Consejo, pero se constituirá un grupo de trabajo por cada orden jurisdiccional para diseñar las medidas específicas. El principal objetivo, según una nota difundida este jueves por el órgano de gobierno de los jueces, es paliar el atasco previsto y agilizar la resolución de los asuntos cuyo retraso incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. El plan también pretende proporcionar a los jueces un escenario “fiable” para la vuelta a la normalidad con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente, explican desde el Consejo. “Resulta absolutamente imprescindible anticiparse a la llegada de ese momento, mediante el diseño de un plan de choque que articule las medidas, de muy distinta naturaleza, que deberían activarse de manera inmediata al levantamiento del estado de alarma”, señala el órgano de gobierno de los jueces, que asume que en el momento en que se levante el confinamiento se producirá una situación “inédita y excepcional” en los tribunales.

Según el documento “Directrices para la elaboración de un plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma” aprobado este jueves por la comisión permanente, el plan debe basarse en los principios de eficacia (identificar de las medidas con impacto más directo e implantación más rápida en cada caso) y especificidad (las medidas no serán las mismas en todos los órdenes jurisdiccionales). Se contemplará, avanza el texto, todo el abanico posible de actuaciones, desde propuestas al Gobierno para que dicte reformas procesales urgentes que pudieran abordarse mediante real decreto-ley, hasta medidas organizativas de todo tipo (concentración de asuntos, especialización de juzgados por temas, normas de reparto, etcétera) y refuerzo de personal y medios. Según el documento, se diseñará en colaboración con el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y los operadores jurídicos.

Por otra parte, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado requerir formalmente a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Canarias para que adopten las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia. Según el CGPJ, las pautas establecidas por ambos gobiernos para reducir la actividad presencial de los funcionarios judiciales hace inviable el mantenimiento de la actividad que el CGPJ, el ministerio y la Fiscalía han establecido como imprescindible mientras dure el estado de alarma.

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