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Los socios del Gobierno apoyan una comisión de investigación sobre la fortuna del Rey emérito

Podemos y ERC impulsan los contactos con otros partidos para ver cómo y cuándo se tramita la petición

Javier Casqueiro
Juan Carlos I y Felipe VI, en una imagen de archivo.
Juan Carlos I y Felipe VI, en una imagen de archivo.Carlos Alvarez

Los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez están a favor de que se cree una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la fortuna del Rey emérito Juan Carlos I. Ya hay un acuerdo entre los líderes de esas formaciones y solo se espera a decidir el mejor momento, una vez se supere la actual crisis del coronavirus. Podemos y ERC, que han tenido varios contactos durante la mañana de este lunes, comandan esa actuación.

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado esta mañana al líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para requerirle su apoyo a esa actuación. También ha contactado con el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, para que también firmase la petición de la comisión. Rufián cuenta con el respaldo de Podemos y de Más País, pero también del PNV, Junts per Catalunya, EH Bildu, Compromís, la CUP y el BNG. Entre todos han decidido, según fuentes de ERC, “comenzar a trabajar en común para encontrar vías de investigación efectivas en torno a las informaciones publicadas de la Casa Real”.

Esa disposición de la mayoría de los socios de investidura y de legislatura del Gobierno socialista se ha precipitado tras conocerse, este domingo, el comunicado de la Casa del Rey en el que Felipe VI renuncia a la herencia económica que pudiera corresponderle de su padre Juan Carlos I y le retira la asignación que tiene fijada en sus presupuestos (194.232 euros anuales). Con el comunicado, el Monarca sale al paso de las informaciones que le señalan como beneficiario de las fundaciones Zagatka y Lucum, supuestamente relacionadas con su padre. Lucum está investigada por la Fiscalía Anticorrupción por recibir, supuestamente, 100 millones de dólares de Arabia Saudí. Con esta decisión sin precedentes, Felipe VI se desvincula de cualquier negocio que pudiera tener su padre en el extranjero.

Rufián e Iglesias han acordado esperar a un momento más oportuno para registrar la iniciativa parlamentaria porque entienden que ahora, en plena crisis de la Covid-19, no procede. Rufián, posteriormente, ha aclarado al respecto: “El anuncio de Felipe de Borbón es una confesión en toda regla y una total enmienda a la Corona. No basta con la renuncia individual a la herencia. Hay que investigar el origen del dinero, los negocios y obviamente depurar la responsabilidad hasta las últimas consecuencias”.

El Reglamento del Congreso establece en su artículo 52.1 los requisitos necesarios para que se apruebe una comisión de investigación en el pleno del Congreso: que la proponga el propio Gobierno, la Mesa, dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los miembros de la Cámara.

Unidas Podemos, que tiene ahora un vicepresidente y cuatro ministros en el Gabinete de Pedro Sánchez, ya intentó en el pasado varias veces promover comisiones de investigación sobre el Rey emérito, pero el PSOE o el PP, en sus etapas en el Ejecutivo, lo rechazaban. Podemos fijó el mismo domingo, tras el comunicado de la Casa del Rey, su posición: “Nada va a distraernos del combate frente al desafío sanitario, social y económico de la Covid-19. Con todo, las informaciones recientes sobre Juan Carlos de Borbón y el comunicado de Casa Real son de una extraordinaria gravedad”. Y agregó en un tuit de su cuenta oficial: “En su momento, este asunto requerirá depurar todas las responsabilidades y la correspondiente investigación en sede parlamentaria. Nuestro pueblo lucha ahora contra la Covid-19. Cuando toque, deberá conocer toda la verdad y ejercer los derechos soberanos que le corresponden”.

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El portavoz de ERC ha aprovechado para recordar su posición sobre la Monarquía en España: “La Monarquía es evidentemente una institución anacrónica que bebe, desde hace muchísimos años, del legado franquista y de la inmunidad que esto le proporciona [...] Es una institución opaca, invulnerable e inviolable ante la justicia, algo que rompe el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos [...]”.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también apoyará esa comisión: “Ahora toda nuestra atención está puesta en superar la crisis del coronavirus, pero no podemos obviar que lo que está sucediendo con la Casa Real y la jefatura del Estado es muy grave. Habrá que aclarar todo lo sucedido y, como mínimo, modificar las leyes que impiden dar transparencia a sus actividades.” Ya el pasado 6 de marzo, ante informaciones en los medios de comunicación sobre esa situación, Esteban se puso en contacto con Unidas Podemos para tramitar la petición de la comisión de manera conjunta, aunque luego no se pudo concretar por un problema técnico. El diputado y portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se sumó a la propuesta para que no se bloquee esa comisión de investigación porque entiende que el comunicado de la Casa del Rey confirma las informaciones aparecidas “de una extrema gravedad”.

El PSOE no ha aclarado aún cuál será su voto y su posición cuando el asunto llegue a clasificación de la Mesa del Congreso, donde la mayoría progresista en el Gobierno tiene ahora seis miembros de sus nueve componentes, cuatro socialistas y dos de Podemos. El PP, que siempre ha votado contra estas pretensiones de investigación, y Vox se reparten los otros tres representantes. En condiciones normales, la Mesa del Congreso es la que califica primero (admite) una propuesta de este signo y luego la Junta de Portavoces, donde están todos los grupos, decide su inclusión en un orden del día. Pero es ahí donde el PSOE, el PP y Ciudadanos, si llega el caso, tendrían mayoría y podrían demorar su creación como ha sucedido con otras alianzas políticas sobre la petición, que sigue viva, de una comisión para indagar sobre el caso Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que se entrevistó en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar de la prohibición de pisar suelo europeo.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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