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Palos de ciego
Columna
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No es memoria: es justicia

¿A quién le parece mal que el Estado se haga cargo de exhumar y enterrar con dignidad al padre fusilado de una anciana?

Ley de Memoria Democrática
Javier Cercas

A juzgar por algunas reacciones a la llamada ley de memoria democrática, se diría que sus detractores no la han leído. El principal reproche que le hacen a esa norma es que ataque a la Transición; ahora bien, esto es lo que dice la ley sobre ella: “La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española”. O: el consenso que hizo posible el fin del franquismo y la Constitución de 1978 “fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país”. La verdad: hacía tiempo que no leía semejantes ditirambos sobre la Transición. Es cierto que, por algún portón mal cerrado, se cuela en la ley alguna ambigüedad resbaladiza; ninguna, sin embargo, que autorice a Merche Aizpurua (Bildu) a sostener que la norma sirve para “poner en jaque el relato de una Transición ejemplar”. ¡Como si no supiéramos que en la historia no existe ningún periodo ejemplar! ¿Y cómo iba a serlo la Transición si provocó más de medio millar de muertos, más de la mitad de ellos asesinados por ETA? En cuanto al reproche de que la ley se aprobó con los votos de Bildu, me parece irrelevante: si una ley es útil, me da igual que se apruebe con el apoyo de Bildu, de Vox o de Los Morancos.

¿Es útil la ley? Admitamos que, a ratos, está escrita de pena. Además, siempre inquieta que un Estado legisle sobre la memoria, como advirtieron en 2008 Pierre Nora, Eric Hobsbawm y otros grandes historiadores. Pero es que esa es la cuestión. En rigor, no se trata de memoria: se trata de justicia; más precisamente: de justicia transicional, esa rama del derecho que, como escribe Álvarez Junco, “se enfrenta con las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en las situaciones de opresión y conflicto violento —guerras civiles, dictaduras—, de las que se quiere salir hacia otras de paz, democracia e instituciones sometidas a normas”. Este tipo de justicia abarca diversos campos, desde la justicia penal o la verdad histórica hasta la reparación de las víctimas, en algunos de los cuales la democracia española ha hecho más de lo que se suele recordar (a mediados de los años noventa, el 26% del presupuesto del régimen de clases pasivas iba a parar a las víctimas); pero no ha hecho lo suficiente. La nueva ley, que no obedece a un capricho del Gobierno, sino a una obligación internacional, corrige algunas carencias: impide que la Ley de Amnistía de 1977 pueda amparar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad; prevé una declaración general de condena del franquismo, que nunca se ha producido; declara ilegales los tribunales de la dictadura y nulas sus sentencias, y, sobre todo, obliga al Estado a asumir la exhumación de las víctimas. No entiendo que se pueda estar contra eso. ¿A alguien le parece mal que el Estado se haga cargo de exhumar y enterrar con dignidad al padre fusilado de una anciana, cuyo cadáver lleva más de 80 años en una fosa común? ¿Cómo es posible que quienes exigen con razón desagravio, justicia y recuerdo para las víctimas de ETA no los exijan también para las del franquismo? ¿O es que las víctimas sólo son víctimas si son nuestras? Dicho esto, repito que la ley presenta problemas, el mayor de los cuales es que no ha sido aprobada por una gran mayoría del Congreso, que al menos abarque al PP. Este asunto exige una casi unanimidad: primero, porque la democracia consiste en un mínimo acuerdo sobre el presente, y un mínimo acuerdo sobre el presente exige un mínimo acuerdo sobre el pasado; y segundo, porque en cuanto el PP llegue al poder derogará la ley (como ya hizo en la práctica con la anterior). Y estaremos donde estábamos.

Se dice que las heridas de una guerra civil tardan cien años en curarse. El problema es que nuestra guerra no acabó en 1939, sino en 1978, porque el franquismo no fue la paz, sino la guerra por otros medios. Como sea, yo espero que, con todos sus defectos e insuficiencias, esta ley sirva para que, dentro de 14 años, cuando haya pasado un siglo del principio de todo, las heridas duelan menos.

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