Por qué la crisis de la covid-19 es también una crisis de gobernabilidad y cómo salir de ella
América Latina y el Caribe se ha coronado como foco de la pandemia, pero el problema y la solución van más allá de lo económico y social
El mundo ha cambiado. Lo que comenzó como una crisis unidimensional de salud, rápidamente se convirtió en una crisis socioeconómica, humanitaria y política en todo el mundo. América Latina y el Caribe no son una excepción y más bien se ha convertido en el epicentro de la pandemia. Los últimos informes de situación de OMS detallan que la región concentra casi una tercera parte de los casos y muertes confirmados por covid-19.
La pandemia está desencadenando el primer retroceso en los indicadores de desarrollo humano desde 1990. En América Latina y el Caribe se proyecta que 30 millones de personas caerán en la pobreza, el número de desempleados aumentará a más de 44 millones, la caída de la productividad y el declive económico es tan profunda que se estima que será hasta 2023 cuando los niveles de actividad se recuperen a los niveles de 2019. El FMI estimó la caída de productividad en la región tres veces mayor que en otras regiones emergentes. En resumen, la aguda crisis de salud está acompañada en esta región por un declive económico y social sin equivalente en el mundo en desarrollo.
Aunque el virus afecta a todas las sociedades independientemente de los niveles de desarrollo humano o preferencias políticas sus consecuencias son más duras para los más vulnerables. La resiliencia necesita un nuevo nombre ya que las identidades de las personas están siendo desafiadas debido a la falta de empleo, los vulnerables son empujados hacia la pobreza y segmentos más grandes de la población aumentan la desconfianza hacia los gobiernos y otros, una mezcla explosiva en América Latina y el Caribe.
La crisis ya no es unidimensional o única a la salud. La covid-19 no desaparecerá y necesitamos aprender a vivir con el virus. Mientras que la cura en lo individual es una vacuna o tratamiento médico; la solución a los impactos de la crisis y los problemas generados están relacionados con la política y la gobernabilidad en al menos tres dimensiones. Primero, las malas decisiones políticas acompañada de una división política frágil. En segundo lugar, la escasa inversión crónica en salud pública alimentada por ideologías políticas sobre cuál es el papel del Estado. Y en tercer lugar, las reglas de patrocinio que han ampliado de manera crónica y sistemática la división entre pobres y ricos, por ideologías de izquierda o derecha.
Nunca en nuestra vida se ha dedicado tanta atención a cómo los gobiernos se comportan, responden y brindan soluciones. Para la mayoría de las sociedades, ya no se trata de reactivación o recuperación, sino de reconstrucción. El mundo ha cambiado y, por lo tanto, las respuestas de gobernabilidad a la crisis deben ser diferentes si la expectativa es construir una “nueva normalidad mejorada”.
Ha llegado el momento de que la gobernabilidad cambie las reglas del juego para reducir la grotesca desigualdad y generar igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. La buena noticia es que en América Latina y el Caribe la población está cambiando de opinión hacia un mayor apoyo de que "los ingresos deben ser más equitativos" (ver figura). Esto se da en un momento coyuntural donde se está profundizando las desigualdades existentes y creando nuevas, se está exponiendo asimetrías y debilidades en los sistemas sociales, políticos, fiscales y económicos.
Desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, hoy está claro que esta es una crisis de gobernabilidad y aquí hay siete formas en que esta crisis se puede convertir en una oportunidad:
1.- Revertiendo las tensiones a las medidas necesarias implementadas en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe para atender la crisis de salud. Esto por medio de prácticas de gobernabilidad inclusiva y de diálogo político permanente entre los actores políticos y económicos que permitan equilibrar ajustes fiscales, relaciones estado-sociedad, seguridad ciudadana e incluso derechos humanos y justicia.
2.- Asegurando el debido equilibrio e independencia de poderes del Estado en las respuestas de salud. Es decir, resguardar que los poderes de emergencia validan los principios de legalidad, proporcionalidad y temporalidad y minimizan recortes de libertades cívicas y políticas.
3.- Resguardando el cumplimiento e implementación de prácticas democráticas. Algunas elecciones se han llevado a cabo en condiciones difíciles (St. Kitts y Nevis, Surinam, República Dominicana, por ejemplo) mientras otras se han pospuesto como es el caso de Bolivia y el referéndum constitucional en Chile. Esto tiende a acentuar las divisiones y aumentar los riesgos de violencia política.
4.- Enfatizando la importancia de la información y los datos, tanto de la situación sanitaria como de los impactos socio-económicos de la crisis. Esto implica campañas públicas y privadas de atención y comunicación sobre las oportunidades y experiencias positivas para reducir los altos grados de ansiedad y miedo en la ciudadanía ante la incertidumbre sobre la profundidad y duración de la crisis.
5.- Reforzando los controles a los abusos de autoridad y corrupción y asegurar que la transparencia no se pone en cuarentena. Los estados de emergencia también han presentado oportunidades de corrupción en la prisa de la contratación pública. La urgencia ha provocado interrupciones y aumento de precios principalmente de equipos médicos lo que supone redoblar esfuerzos de veeduría, auditoría y control social.
§.- Fomentando debates basados en evidencia, respetando diferencias de criterio y construyendo consensos. Ha habido un aumento exponencial de información errónea y desinformación, principalmente motivada por intereses creados políticamente. Esto alimenta las ansiedades y temores de la población en general y ejerce presión sobre los gobiernos para que lideren y encuentren soluciones innovadoras.
7.- Robusteciendo la implementación de Agenda 2030 y en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 y sus dimensiones de paz, justicia e inclusión que apuntan a no dejar a nadie atrás. Esto implica redoblar esfuerzos de parte de los gobiernos, sectores privados y ciudadanía en construir acuerdos de convivencia pacífica y de una mayor capacidad de recuperación sostenible a una normalidad.
En el PNUD en América Latina y el Caribe reconocemos que el camino hacia el desarrollo sostenible y el logro de la Agenda 2030 es como una carretera con tres carriles: productividad, inclusión y resiliencia. Este camino está construido y pavimentado por una gobernabilidad efectiva. La calidad de este pavimento nunca ha sido más necesaria y urgente para lograr una recuperación sostenible a las medidas implementadas por la covid-19.
Jairo Acuña-Alfaro es líder del equipo de Gobernabilidad del PNUD en América Latina y el Caribe.
