Maltrato en Melilla

Por su ubicación en un punto estratégico de la frontera sur de España, la ciudad autónoma de Melilla se enfrenta a una intensa presión migratoria que no siempre es fácil de gestionar. Pero esto no justifica que los servicios públicos no garanticen las prestaciones mínimas exigibles ni la protección de los derechos humanos, como ocurre en La Purísima, el principal centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados, ubicado en un antiguo fuerte militar en las afueras de la ciudad. La situación de degradación y las graves carencias materiales no son un problema puntual. Hace años que diferentes instancias, desde el Defensor del Pueblo a las organizaciones humanitarias que operan en la zona, vienen denunciando las deplorables condiciones en que se encuentra el centro. El maltrato institucional que reciben los menores fue incluso llevado ante la Fiscalía en diciembre pasado por la consejera de Hacienda del Gobierno local autónomo.

El recinto ha llegado a albergar a 886 menores, la mayor parte de ellos en los dispositivos restringidos de primera acogida, que apenas tiene capacidad para 350. Las imágenes que ha podido ofrecer este diario son elocuentes: colchones en el suelo, hacinamiento y pésimas condiciones higiénicas, a lo que hay que añadir deficiencias graves en la alimentación. También el régimen organizativo ha suscitado críticas. Las condiciones materiales y las rígidas normas internas hacen que muchos menores traten de escapar de un sistema rigorista que produce más malestar que respeto, y que acaba provocando que muchos acaben deambulando y durmiendo en la calle, algo especialmente grave teniendo en cuenta que se trata de menores que se encuentran bajo la tutela del Estado.

El centro está gestionado bajo régimen de concesión por una entidad privada que ha ido encadenando prórrogas del contrato durante más de una década a pesar de las denuncias. El nuevo Gobierno, formado por el PSOE, Coalición por Melilla y Ciudadanos, ha tenido diferencias sobre la forma de abordar el problema. Ante la amenaza de despido de los más de 200 trabajadores del centro al finalizar el contrato, se decidió una prórroga de un año y la convocatoria de un nuevo concurso para 2021, pero esto implica prolongar también durante ese tiempo una situación en la que no se respetan los derechos humanos ni la normativa sobre infancia.

La ciudad de Melilla recibe fondos finalistas para atender de forma adecuada a estos menores. Si no son suficientes, deben aumentarse. En todo caso es urgente mejorar las condiciones del centro y clarificar su situación contractual. Los menores que no puedan ser acogidos en condiciones por falta de espacio deberían trasladarse a la Península. No es aceptable que semejante degradación se prolongue por más tiempo.