Puerto Rico: entre las protestas del “Verano del 19” y el futuro
Una gran parte de la población espera que los resultados de las elecciones del próximo 3 de noviembre consoliden un nuevo rumbo político en el país
Durante las semanas del 13 al 24 de julio los puertorriqueños experimentaron uno de los momentos más importantes en su historia reciente: el ciclo de protestas y movilizaciones sociales conocidas como el “Verano del 19”. En toda la historia colonial del país era la primera ocasión en que un gobernador electo dimitía de su cargo. Desde los tiempos de la colonización española y más, bajo la dominación estadounidense, la percepción generalizada de que los ciudadanos de Borinquén no luchaban arduamente para enfrentar las injusticias políticas y sociales era considerada casi un hecho. Sin embargo, en el caso del verano pasado, la historia no fue así. La decisión de renunciar del gobernador Ricardo Rosselló ocurrió luego de la fuerte presión de múltiples sectores de la sociedad civil puertorriqueña y ante la inminente posibilidad del residenciamiento (juicio político) del propio gobernador. Pero, ¿qué fue el “Verano del 19”?, ¿qué causó las masivas marchas?, y ¿cuál era la situación de Puerto Rico en ese momento?
Las manifestaciones del verano fueron una serie de protestas populares convocadas por sectores no tradicionales, ni partidistas, de la sociedad isleña, concentradas en la calle Fortaleza (denominada desde entonces la calle de la “Resistencia”) del Viejo San Juan y otros lugares del país, y que estuvieron claramente marcadas por la falta de un liderazgo organizado. La razón más inmediata del malestar se debió a las expresiones del gobernador Rosselló y otros miembros de su gabinete que se dieron a conocer luego de la filtración de un chat de 889 páginas de la aplicación Telegram por parte de la plataforma El Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En los mensajes, los integrantes del chat compartían estrategias para manipular la información en los medios de comunicación, memes, burlas, comentarios soeces y homofóbicos en contra de adversarios políticos y personalidades del país. La filtración de estos intercambios provocó críticas y solicitudes de renuncias por parte de múltiples sectores políticos, comunitarios, y empresariales. El resultado de las protestas causó que el 24 de julio, el undécimo gobernador, renunciara a su puesto con fecha de efectividad del 2 de agosto.
Ahora bien, aunque la inconformidad de los puertorriqueños se dejó sentir más que nunca en el “Verano del 19”, el resentimiento y falta de confianza hacia las figuras del gobierno venia madurando desde años anteriores.
Comenzando el siglo XXI, la isla había experimentado una fuerte aceleración de la inestabilidad social, política y económica. En el 2008, la depresión económica provocada por la crisis inmobiliaria y la quiebra de los grandes bancos en Estados Unidos contagió todos los mercados a nivel global y empeoró aún más la crisis de la menor de las Antillas Mayores, principalmente en los sectores de empleo (construcción), causando además el aumento de las quiebras de pequeñas y medianas empresas. En 2009, bajo el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Luis Fortuño Burset, y su visión “Neoliberal” de disminuir el gasto público, se firmó la Ley 7 (Ley Especial Declarando el Estado de Emergencia Fiscal) que provocó el despido escalonado en los siguientes dos años de aproximadamente 30,000 empleados públicos. Un número notable de afectados por la Ley tuvo que migrar a los Estados Unidos, principalmente al estado de Florida, en búsqueda de mejores ofertas de empleo, incrementando aún más el descenso demográfico en la isla. A ese decenio, no por casualidad, se le conoce en Puerto Rico como la “década perdida”.
El escenario para la segunda década del siglo XXI continúo empeorando trágicamente. Al punto que, bajo el gobierno del PPD (2013–2016) de Alejandro García Padilla, los bonos del Estado Libre Asociado (ELA) fueron clasificados durante el 2014 por las agencias acreditadoras, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings, como “chatarra”. La situación dificultó la posibilidad de obtener préstamos o financiamiento futuro para las finanzas de Puerto Rico. Durante el 2016 y luego de varios debates infructuosos sobre como solucionar el problema de la deuda pública, el gobierno incumplió con varios pagos, aumentado la incertidumbre sobre la economía insular. Al no contar con más opciones, el gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) recurrió al Congreso de Estados Unidos en búsqueda de ayuda o de alguna solución de emergencia. Al tratarse de un territorio asociado, sin embargo, Puerto Rico no pudo acogerse a la Ley de Bancarrota, como sí en cambio lo pueden hacer otros estados norteamericanos (por ejemplo, el caso de Detroit en 2013). Luego de inmensos debates locales y en Washington, el Presidente Barack Obama firmó en junio de 2016 la Ley Promesa (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act.), estableciendo la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) o Junta de Control Fiscal (JCF). La misión de la Junta, según la Ley, era crear las bases para un crecimiento sostenible y restablecer un horizonte de oportunidades para el pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, La Junta se encargó de aprobar, cotejar, recortar y recomendar todos los presupuestos de la isla. La imposición de la Junta representó para una gran parte de los ciudadanos la rectificación de un status colonial, generando acusaciones al Congreso de hacer retroceder la situación política y las relaciones con la metrópoli a los años de la Ley Foraker. Ésta, aprobada en 1900 por el Congreso de Estados Unidos, había supeditado al nuevo gobierno civil de la isla a la supervisión de Washington.
En mayo del 2017, a meses de haber comenzado como gobernador, Ricardo Rosselló Nevares declaró la quiebra de la Isla con el fin de reestructurar la deuda pública, estimada en unos $70.000 millones. Según Rosselló, su decisión de acogerse al Título III de la Ley Promesa representaba un intento para atender la crisis financiera de la isla, luego de terminar la moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de la deuda al ELA. En ese momento, Puerto Rico experimentaba una tasa aproximada de pobreza del 45%, un desempleo que fluctuaba entre un 12% a un 16%, y una reducción demográfica histórica a causa de la nueva oleada de migración hacia a los Estados Unidos.
Como si eso no fuera suficiente, el 20 de septiembre de 2017 la isla fue atravesada por el huracán María, que tuvo uno de los impactos económicos y ambientales más significativos de la historia contemporánea de la isla. El huracán de categoría 4 destruyó miles de casas, destrozó techos, arboles, cosechas, infraestructuras e hizo colapsar el servicio de energía eléctrica y de agua potable. El desastre natural causó la muerte directa e indirecta de 4,465 puertorriqueños. Los afectados por el fenómeno natural tuvieron que vivir con la nefasta e irresponsable respuesta del gobierno local, de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y de los reproches y menosprecio continuos del presidente Donald Trump. Ante el drástico escenario de vulnerabilidad, la isla sufrió uno de los momentos más difíciles de su historia en general. En los meses siguientes, y en medio de la lenta recuperación, el gobierno en turno tomó decisiones que la ciudadanía consideró muy desafortunadas por las consecuencias directas que tendrían en las comunidades. Entre ellas, se pueden mencionar el cierre de más de 400 escuelas públicas del Departamento de Educación, la creación de las escuelas “Charter” (financiadas públicamente, pero gestionadas privadamente), una Reforma Laboral liberalizadora, el aumento de las tarifas y multas ilegales de los peajes, la reducción de las pensiones y el aumento de los costos (matricula y crédito/perdida de exenciones) en la Universidad de Puerto Rico. Además, salieron a relucir en los medios de comunicación nuevos esquemas de corrupción sobre altos funcionarios del gobierno y sus agencias. Fue en este contexto que se dio la divulgación del chat de “Telegram”, siendo éste el detonante último para el “Verano del 19”.
Ahora bien, ¿cuál es el panorama luego de la movilización que causó la renuncia de Rosselló? A simple vista un sector importante del país pensó que lo logrado en el verano provocaría un cambio político y económico verdadero. Sin embargo, no fue así. A nueve meses de las elecciones electorales la inestabilidad política y general del país es mayor a la que se vivía antes de los eventos del julio pasado. El gobierno de turno, del Partido Nuevo Progresista, se encuentra dividido por la lucha interna entre bandos, sin atender con urgencia la nueva realidad de los sismos, que vienen ocurriendo desde el 7 de enero, y que ha provocado el desplazamiento de miles de refugiados en el suroeste del país.
Ante ese escenario es medular preguntar: ¿el “Verano del 19” fue el despertar del pueblo puertorriqueño?, ¿es el primer paso hacia un cambio político más profundo? o ¿solo fue un movimiento temporal sin dirección y liderazgo como varios analistas plantean? Al momento no contamos con los argumentos suficientes para llegar a una conclusión contundente. Sin embargo, una gran parte de la población espera que los resultados de las elecciones del próximo 3 de noviembre consoliden un nuevo rumbo político en el país. Con el surgimiento de las candidaturas independientes, la fundación del Movimiento Victoria Ciudadana y una inédita participación de los jóvenes en la vida política del país, junto a la pronosticada abstención electoral de afiliados conservadores del PNP – PPD, ese cambio es posible. No obstante, si el resultado favorece a los partidos que se han compartido el poder en los últimos 80 años, más, si Donald Trump es reelecto como Presidente de los Estados Unidos y continúa con su política de hostigamiento hacia la Isla, las posibilidades de una transformación real serán muy difícil. De ocurrir el segundo escenario, se desvanecerán muchas de las iniciativas y motivaciones de las generaciones que confiaron y apostaron en el “Verano del 19” como el comienzo del cambio político-social en Puerto Rico en el contexto del siglo XXI con consecuencias difíciles de prever.
Javier Alemán Iglesias es profesor de la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo, Puerto Rico.
