Las palomas congeladas que delataron al envenenador de animales
Un vecino de Loja (Granada) es condenado a un año de prisión por un “episodio masivo y no selectivo de envenenamiento” en una reserva natural
El cadáver de un perro en pleno campo es el primer protagonista de una historia que se desarrolla en la linde de dos cotos de caza entre Málaga y Granada. Un relato que tiene como telón de fondo una reserva natural que cobija a especies de aves acuáticas en peligro de extinción. Y que se nutre de una concienzuda investigación que incluye zorros muertos, una treintena de palomas congeladas y sustancias venenosas prohibidas que suponen un riesgo –en algunos casos, extremo– no solo para animales, también para la salud humana. Son los hallazgos que sirvieron de pistas –y de pruebas– para que un equipo de agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de Málaga llegara hasta Rafael P. L., un vecino de Loja (Granada, 20.342 habitantes), que ejercía de guarda uno de los cotos. Seis años después, ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la flora y la fauna.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga, es excepcional: pocas veces se consiguen probar los envenenamientos de fauna y aún más raro es que la sanción conlleve pena de cárcel. “El campo no tiene ojos”, destacan fuentes de la investigación, que explican así la gran dificultad de encontrar un culpable cuando se hallan animales envenenados en plena montaña, campos de labor o un coto de caza. Los datos lo avalan.
Según la estrategia andaluza contra el veneno, apenas ha habido 18 sentencias condenatorias por colocación de venenos en toda Andalucía en los últimos 25 años, a pesar de que se han detectado cerca de 2.000 casos en ese tiempo. En esta ocasión, ha sido la suma de pruebas indiciarias la que ha permitido que la denuncia acabe en condena de prisión y la inhabilitación para a cazar o pescar durante dos años. El juez considera probado “un episodio masivo y no selectivo de envenenamiento de fauna silvestre y otros animales”.
Todo arrancó en febrero de 2014 con la denuncia de un particular, que alertaba de un perro muerto en la finca Las Hoyas, en Loja, que linda con un coto, El Almendral, ubicado en Archidona (Málaga, 8.238 habitantes). Los agentes del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que se desplazaron al lugar encontraron el cadáver del can en el lado granadino. En la zona malagueña, hallaron una bolsa que incluía insectos muertos, restos de plumas, sangre y una piedra, lo que hacía sospechar que había sido lanzada desde la otra provincia con objetivo de intoxicar a la fauna.
Los análisis posteriores lo confirmaron: el perro dio positivo en carbofurano –cuyo uso como producto fitosanitario está prohibido- así como en metamidofos. Esta sustancia también se halló en la bolsa y en los restos de una tórtola turca y una paloma doméstica halladas posteriormente en el coto. Los agentes sospechaban que estaban siendo sido usadas como cebo. No era la primera vez que veían algo igual. “Es una práctica habitual para acabar con los depredadores en temporada de la caza de perdiz”, según apuntan especialistas medioambientales.
Los responsables del coto de caza aseguraban no tener nada que ver con los hechos, pero indicaron que había un guarda que había empezado a trabajar apenas unas semanas antes. Era Rafael P. L., quien había sido denunciado anteriormente “en varias ocasiones” y que tenía al menos cuatro expedientes sancionadores en Granada por tenencia y uso de medios de captura prohibidos. Los agentes se citaron con él en sus instalaciones agrarias a las afueras de Loja. Allí descubrieron varios botes con sustancias químicas –que análisis posteriores tildaron de cócteles, es decir, de mezclas de varios productos tóxicos– y artes para la captura de pájaros. La sorpresa fue mayor al abrir un congelador: había 27 palomas y una tórtola congeladas, que el ahora condenado justificó entonces como alimento para jabalíes. “Algo que resultó muy raro y poco creíble porque las aves no forman parte de su dieta”, explican fuentes del caso.
El estudio genético de esas aves dio un parentesco de casi el 60% con las que se habían usado como carnaza en el campo, según los resultados obtenidos en el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Málaga. “Supuso un gran avance, todo empezaba a cuadrar”, dicen fuentes de la investigación, que hallaron en la zona un total de ocho cadáveres de fauna silvestre –dos dieron positivo en sustancias tóxicas coincidentes con las encontradas en las instalaciones agrícolas del entonces sospechoso– y diez presuntos cebos envenenados. Alguno de ellos dio positivo en Aldicarb, una sustancia prohibida catalogada como “extremadamente tóxica” por la Organización Mundial de la Salud y que incluso puede ser absorbida por la piel. Según la Guardia Civil, 1,5 gramos de este producto pueden matar a 500 zorros o 15.000 cernícalos.
La investigación culminó entonces en una denuncia por colocación de cebos envenenados dentro del paraje conocido como Reserva natural Laguna grande de Archidona, un espacio de 203 hectáreas al este de la autovía A-92 que incluye dos humedales en los que se citan especies en peligro de extinción como la focha cornuda o el porrón pardo y otras muchas amenazadas, como el águila pescadora. Entre las agravantes de la infracción se han tenido en cuenta que los cebos estaban ubicados dentro de un espacio natural protegido y que se habían colocado de forma no selectiva, con intencionalidad de causar la muerte a un alto número de ejemplares de fauna silvestre y doméstica. El riesgo era así “indiscriminado” para los animales. “Pero también para las personas”, aseguran los especialistas. De hecho, la zona es de habitual visita de senderistas e incluso de grupos de estudiantes y participantes de actividades de sensibilización medioambiental.
