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EDITORIAL
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Farsa en Arabia Saudí

El proceso sin garantías legales que ha condenado a muerte a cinco hombres por el asesinato de Khashoggi no hace más que aumentar las sospechas que apuntan al régimen

Manifestación en recuerdo de Jamal Khashoggi, el 25 de octubre de 2018.
Manifestación en recuerdo de Jamal Khashoggi, el 25 de octubre de 2018.Osman Orsal

El juicio por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi celebrado en Arabia Saudí, que se ha saldado esta semana con cinco condenas a muerte, tres penas de prisión y tres absoluciones, resulta una farsa que no cumple las mínimas garantías legales. Si llegan a ejecutarse las penas de muerte —no hay que olvidar, además, que en Arabia Saudí normalmente las ejecuciones son públicas y por decapitación— habrá que sumar cinco asesinatos más al del periodista saudí, que el 2 de octubre de 2018 entró en el consulado de su país en Estambul para realizar una gestión y nunca salió. Fue asfixiado y despedazado.

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Durante las primeras semanas tras el crimen, Arabia Saudí intentó ocultar lo ocurrido con burdas mentiras. Este juicio, celebrado en secreto, sin que se conozcan las pruebas presentadas ni los nombres de los condenados, forma parte de la misma operación de encubrimiento para tratar de exculpar a la cúpula del poder y, sobre todo, al príncipe heredero y gobernante de facto, Mohamed Bin Salmán. Pero en vez de disipar las sospechas, lo único que ha logrado la sentencia es aumentarlas.

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Las diferentes reconstrucciones del crimen, que fue grabado por los servicios secretos turcos, incluyen un minucioso trabajo de la investigadora especial para ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnès Callamard, varias investigaciones periodísticas, así como de la CIA. Todas coinciden en los hechos básicos: Arabia Saudí envió un equipo especial de asesinos a Estambul para cometer el crimen y deshacerse del cadáver, dirigido por uno de los hombres de mayor confianza del heredero, Saud al Qahtani, que no solo ha quedado exonerado sino que ni siquiera ha sido juzgado.

Los servicios secretos turcos y estadounidenses, el informe de Naciones Unidas y hasta el Senado de EE UU, pese a tener mayoría del Partido Republicano, tradicional aliado del régimen saudí, coinciden en señalar que es imposible que una operación de esta magnitud se pudiese llevar a cabo sin el conocimiento o la autorización del príncipe heredero. Mohamed Bin Salmán, además, se ha mostrado implacable con cualquier oposición interna y externa, por muy moderada que sea, pese a haber emprendido una campaña de reformas que, entre otras cosas, ha permitido conducir a las mujeres.

El veredicto conocido el lunes señala de nuevo en la dirección del príncipe heredero, porque Arabia Saudí es una monarquía absoluta en la que no existe la separación de poderes y resulta difícil pensar que haya permanecido ajeno a este proceso, destinado sobre todo a blanquear su imagen internacional, que ha sufrido un claro deterioro desde el asesinato de Khashoggi. Este veredicto no ha hecho más que empeorar las cosas.

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