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NOTICIA

Ocho recicladoras acumulan miles de toneladas de plástico en un vertedero ilegal de Valencia

La justicia investiga si se ha cometido un delito contra el medio ambiente

Vista del vertedero ilegal de Utiel desde los viñedos colindantes. En vídeo, relato de los aspectos más relevantes del caso.

Ocho empresas recicladoras de distintos puntos de España acumularon en algo más de un año 30.000 toneladas de plástico en un vertedero ilegal del tamaño de tres campos de fútbol situado en Utiel (Valencia), según documentos oficiales en poder de este medio. Los propietarios del terreno no contaban con licencia para ello. Sin embargo, entre 2017 y 2018, las parcelas se llenaron de grandes bloques prensados de ese material, amontonados en medio de un campo de viñedos. Pese a que las recicladoras empezaron a retirar los residuos el pasado mes de enero, tras un requerimiento de la Generalitat valenciana, más de 14.900 toneladas continúan en el basurero. Un juzgado de Requena ha abierto una investigación penal este mes por un posible delito medioambiental.

Una de las empresas implicadas es Saica Natur, multinacional de la gestión de residuos con sede en Zaragoza y con presencia en nueve países de la Unión Europea. Así consta en el expediente sancionador de la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno autónomo valenciano. El documento, que ha sido consultado para realizar esta información, incluye normas por las que se obliga a las compañías a desalojar el plástico y pagar su traslado a una planta de tratamiento.

Hasta el momento, Saica no ha retirado ni un kilo de las 11.000 toneladas que almacenó en el vertedero y que suponen el 73% de las que aún permanecen depositadas en Utiel, según datos de la Generalitat.

Expediente de la Generalitat en el que figura la cantidad de plástico evacuada por cada empresa hasta el 25 de marzo de 2019.
Expediente de la Generalitat en el que figura la cantidad de plástico evacuada por cada empresa hasta el 25 de marzo de 2019.

La compañía alega que el Ejecutivo valenciano todavía no ha dado luz verde al plan que presentó la empresa para retirar el plástico. El director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Joan Piquer, lo niega con rotundidad al otro lado del teléfono: “Las empresas se coordinaron para evacuar el material y nosotros solo les decimos que nos avisen cuando hayan acabado”. Piquer confía en que el desalojo comenzará en las próximas semanas.

La Consellería de Medio Ambiente lleva la cuenta del plástico que sale del depósito ilegal. Jesús Gimeno Nácher, uno de los dos propietarios del vertedero, envía a la Generalitat valenciana los datos concretos sobre las cantidades de material que va retirando. El pasado 18 de julio por la mañana, el propio Nácher vigilaba en el acceso al almacén ilegal las entradas y salidas de camiones. Cada media hora, un vehículo pasaba el control. Vestido con pantalón corto y protegido tras unas gafas oscuras de las que regala Burger King, el propietario y vigilante rechaza responder preguntas.

Otra de las multinacionales implicadas es Cespa, del grupo Ferrovial. Esta sociedad gestiona la planta de reciclaje de Xixona (Alicante), a 200 kilómetros de Utiel. La empresa, que cuenta con todos los permisos legales, ha transportado desde enero más de 4.000 toneladas a esa instalación alicantina.

Parte del plástico almacenado en el depósito ilegal, en su mayoría bolsas y botellas, ha llegado desde Canarias, donde tres de las ocho recicladoras que acumularon residuos en Utiel tienen sus sedes.

Para María Vicente, coordinadora en Valencia de la oenegé Ecologistas en Acción, una de las razones por las que se generan basureros ilegales como el de Utiel reside en que una importante cantidad del plástico ya utilizado por los consumidores no puede ser reciclado. “Como están en mal estado, los recicladores ya no lo quieren”, asegura Vicente.

El papel de la Administración

La acumulación de residuos finalizó en junio de 2018, cuando el Ayuntamiento precintó el vertedero e impuso a Utiel Recicla una sanción de 60.000 euros. El Consistorio tardó siete meses en actuar desde que tuvo conocimiento de los hechos a través de un informe de la Guardia Civil. En ese documento se advertía de que el terreno solo tenía licencia para guardar residuos de construcción. El entonces concejal de Urbanismo, Nicolás Molina Ponce (Izquierda Unida), defiende su gestión con vehemencia. Mientras apura una cerveza con los periodistas en un bar de la localidad, Molina resta gravedad a lo ocurrido: “Los tiempos en la Administración son los que son”.

En febrero de 2019 el Ayuntamiento dio tres meses a las empresas para vaciar el vertedero. Han pasado seis y los camiones continúan entrando y saliendo de las instalaciones. La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental calcula que el terreno quedará limpio a finales de año. Solo en ese momento, la Fiscalía Provincial sabrá con exactitud qué se ha retirado y, a la vez, podrá analizar el estado en que ha quedado la zona.

El desastre ya está consumado. Ahora solo falta que un juez determine quiénes han sido los responsables. La pena prevista para ese presunto delito medioambiental oscila entre los tres meses y los siete años y medio de cárcel.

EL NEGOCIO DEL VERTEDERO

Utiel Recicla, S. L., propietaria del vertedero ilegal, hizo un negocio redondo con el almacenamiento de las toneladas de residuos, según se deduce de su contabilidad. Pasó de registrar pérdidas en 2016 a tener un saldo positivo de 176.000 euros en 2017, como adelantó el pasado enero el diario Las Provincias. En este mismo período, la compañía redujo de dos años a dos semanas el plazo medio de pago a sus proveedores. Ese dato figura en el Registro Mercantil.

El crecimiento de Utiel Recicla se inició cuando comenzó a recibir ilegalmente los desechos. Las 30.000 toneladas que acumuló finalmente en esa localidad de 10.000 habitantes representan más del doble de lo que la región almacena cada año en todos sus vertederos legales. Es un cálculo de Ecoembes, la gran gestora que coordina y controla el proceso de reciclaje de envases domésticos en España.

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