Cerrar los CIE

El juicio por la muerte de la congoleña Samba Martine ha quedado visto para sentencia, pero las condiciones que provocaron su ignominiosa muerte en diciembre de 2011 tras permanecer 38 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, no han desaparecido. Martine sufrió una infección oportunista muy frecuente en personas portadoras del virus VIH, que de recibir el tratamiento adecuado se cura en más del 70% de los casos. Había sido trasladada a Madrid desde el centro de estancia temporal de Melilla, donde se había detectado que tenía el VIH, pero nadie advirtió de esta circunstancia. Cuando enfermó en Aluche fue tratada de una simple gripe y los servicios sanitarios no atendieron sus peticiones a pesar de haber acudido en 11 ocasiones a la enfermería y observar que su estado no mejoraba. Sobrecoge tanta indiferencia. Martine agonizó durante 48 horas tendida en el suelo. Cuando fue enviada al hospital, era tarde. Murió a las seis horas.

La justicia determinará si se produjo un delito de homicidio imprudente, pero el caso ha puesto de manifiesto que los CIE no solo padecen graves carencias sino que en ocasiones vulneran gravemente los derechos humanos. Cuando alguien está privado de libertad bajo custodia del Estado, éste tiene la responsabilidad de extremar el cuidado de su salud. El hecho de estar internada en un CIE privó a Samba Martine de la oportunidad de curación que de no estar retenida hubiera podido procurarse por sí misma, simplemente acudiendo al servicio de urgencias de cualquier hospital. Una vez ocurrido el desastre, el segundo deber del Estado es extremar la diligencia para esclarecer lo sucedido. Tampoco aquí ha estado a la altura, con una lenta y azarosa instrucción de más de siete años en la que el ministerio fiscal ha jugado un rol más propio de la defensa que de la acusación pública.

Los CIE son un instrumento de política migratoria muy cuestionable. Además de las carencias materiales que han denunciado reiteradamente las organizaciones humanitarias y el Defensor del Pueblo, su funcionamiento es objeto permanente de controversia. Gestionados por la policía, albergan inmigrantes irregulares en espera de expulsión obligados a vivir en un régimen carcelario pese a que no han cometido ningún delito. Durante mucho tiempo, gran parte de los internos eran dejados en libertad cuando se cumplía el tiempo máximo de retención previsto en la ley, sin completar el expediente de expulsión. En 2018 se deportó al 58% de los internos, pero este mayor porcentaje se debe al hecho de que la mayor parte de los internos son ahora argelinos y marroquíes. Esta selección se debe al hecho de que existe un convenio con sus países de origen que facilita la devolución, lo que provoca una situación de discriminación respecto del resto de inmigrantes. El nuevo Gobierno debe revisar con urgencia la anomalía que representan los CIE, que con tanta frecuencia se convierten en un lugar falto de humanidad donde todo puede ocurrir.