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Coordinado por Lola Huete Machado
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Petróleo para violar derechos humanos en Sudán del Sur

Una comisión establecida por Naciones Unidas en el país denuncia que la situación empeora a pesar de un acuerdo de alto el fuego

Una madre mira a su hijo enfermo en Sudán del Sur.
Una madre mira a su hijo enfermo en Sudán del Sur.SIMON MAINA (AFP )

Una vez más, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Sudán del Sur. Es consecuencia del incremento de los ataques contra los civiles tras la reanudación de la violencia, según denunciaba la Comisión de Derechos Humanos establecida por Naciones Unidas para ese país. Todo ello a pesar del acuerdo de paz que en septiembre de 2018 firmaron los líderes de las dos principales fracciones enfrentadas en el conflicto, el presidente Salva Kiir y el exvicepresidente Riek Machar, y que contempla un Gobierno de unidad hasta las elecciones fijadas para 2022. La Comisión afirma que la situación ha empeorado notablemente en los últimos meses, con casos documentados que muestran un aumento de las violaciones entre noviembre y diciembre de 2018.

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“Hay un patrón confirmado de cómo los combatientes atacan las aldeas, saquean las casas, toman a las mujeres como esclavas sexuales y luego queman las edificaciones con la gente dentro”, se lee en el informe presentado por este órgano el pasado 20 de febrero. En él también se recoge que las violaciones, las violaciones en grupo, las mutilaciones sexuales, los secuestros y la esclavitud sexual, así como los asesinatos, se han convertido en algo común en Sudán del Sur. Y concluye: “no hay duda que estos crímenes son persistentes porque la impunidad está tan arraigada que todo tipo de norma se rompe”.

Unicef, por su parte, informa de que el 25% de las víctimas de esta violencia sexual son niños, incluidas la violaciones a niñas de hasta siete años. Las mujeres mayores y embarazadas también han sido violadas. La Comisión también recibió denuncias de varones víctimas de violencia sexual.

¿Qué hay detrás de este repunte de la violencia en Sudán del Sur?

“Petroleras transnacionales, controladas principalmente por intereses asiáticos, han sido cómplices en las ofensivas militares del Gobierno de Sudán del Sur, en las que los civiles son las principales víctimas”, afirma el informe de la Comisión.

“Ha habido una falta de responsabilidad corporativa por parte de las empresas transnacionales, varias de las cuales han realizado negocios rentables en áreas productoras de petróleo en momentos en los que se cometían violaciones masivas de derechos humanos contra la población local y que, de diversas maneras, fueron cómplices de estos delitos”, recoge el documento.

Petroleras transnacionales han sido cómplices en las ofensivas militares del Gobierno de Sudán del Sur

La Comisión señala que en marzo de 2018, el Departamento de Comercio de Estados Unidos descubrió que las empresas transnacionales, junto con la empresa petrolera estatal de Sudán del Sur (Nilepet), actuaron como facilitadores del sangriento conflicto del país. Según el organismo estadounidense estas empresas petroleras proporcionan “ingresos sustanciales que, a través de la corrupción pública, se utilizan para financiar la compra de armas y otros materiales que socavan la paz, la seguridad y la estabilidad de Sudán del Sur en lugar de apoyar el bienestar del pueblo”.

Esta información del Departamento de Comercio sirvió como “un claro recordatorio de que se ha descubierto que las empresas, como consecuencia de sus actividades comerciales, han provocado o contribuido al conflicto armado en curso y las violaciones contra civiles en sus áreas de operaciones, lo que pone en riesgo la exposición a la posible responsabilidad penal”, se lee en el estudio.

Como consecuencia del informe del Departamento de Comercio, Estados Unidos impuso sanciones a las compañías petroleras que operan en Sudán del Sur.

El petróleo

No hay duda de que el petróleo está intrínsecamente relacionado con este conflicto desde su inicio y que su control es “un gran premio en la lucha por el poder político y económico”, señala el informe de la ONU.

Los estados de Unity y Alto Nilo son los que concentran mayor número de pozos petrolíferos por eso son también los que han registrado mayor violencia y más graves violaciones de derechos humanos. Esta es una tendencia en todas las partes del país que cuentan con depósitos de petróleo. Cada vez han sido “más militarizadas por las fuerzas gubernamentales”.

Paralelamente, el Servicio de Seguridad Nacional de Sudán del Sur ha ampliado su participación en Nilepet. Las operaciones de esta entidad se caracterizan por “una falta total de transparencia y supervisión independiente, supuestamente desviando los ingresos del petróleo a las arcas de las élites en el gobierno”. Finalmente, el informe señala que Nilepet "ha sido utilizada repetidamente por el Gobierno de Sudán del Sur como un instrumento para financiar el conflicto armado”.

El Servicio de Seguridad Nacional de Sudán del Sur ha ampliado su participación en Nilepet

Así, los beneficios del petróleo son monopolizados por las élites mientras que la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza (más del 82%, según el Banco Mundial).

¿Qué compañías petroleras actúan en Sudán del Sur?

Varias entidades asiáticas lideran la extracción de crudo en el país desde su independencia en 2011, señala la Comisión:

Estas compañías han sido acusadas de permitir, en repetidas ocasiones, que las fuerzas gubernamentales y sus representantes utilicen las instalaciones de las compañías, “en particular, pistas de aterrizaje e infraestructura vial”, dice la Comisión. Esto podría ser motivo para acusarlas de crímenes de guerra.

La guerra como negocio

Como en todas partes, en Sudán del Sur la guerra es un negocio que beneficia a mucha gente que, evidentemente, no está interesada en que se establezca la paz y harán todo lo posible para que los acuerdos de septiembre no puedan implementarse.

También las petroleras estadounidenses quieren hacer negocio con el petróleo sursudanés. Desde antes de la independencia del país tenían los ojos puesto en él y varias veces han sido acusadas de provocar el fallido golpe de estado liderado por Riek Machar el 14 de diciembre de 2013 que dio inicio a la actual guerra civil y de continuar la financiación de esta fracción militar hasta el presente, datos que el informe del Departamento de Comercio, evidentemente, no recoge.

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