¿Hubo violencia o desobediencia?

Hasta once veces dijo Oriol Junqueras, por activa o por pasiva, que es pacifista y que no hubo violencia el otoño de 2017.

El problema de esas afirmaciones es que convencen a quienes le conozcan de largo tiempo, incluso si discrepan de él. Oriol J. no es violento.

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Pero —en caso de juicio— si esas proclamas no se someten al principio de contradicción, al contraste de las pruebas, a la verificación del tribunal, solo convencen por la vía religiosa o empática. Y los jueces no son curas ni amigables tertulianos.

Este es el asunto clave de esta vista. O hubo violencia. Y violencia suficiente para configurar el gran posible delito a examen. O no la hubo, y no hubo rebelión. Por eso acertó ayer mucho más en este asunto nuclear el exconsejero de Interior Quim Forn, de la mano del letrado Javier Melero.

Se atrevió a afrontar al fiscal, gente afilada. Y logró que el magistrado presidente Manuel Marchena le sacase a este —suaviter in modo— seis tarjetas amarillas, por preguntas etéreas o extemporáneas.

Y luego lució datos. Costará a la acusación destruir su relato en las testificales. Pues —aunque con pasajes muy buenistas— no usó lírica, sino papeles oficiales.

Salvo prueba en contrario, documentó que los Mossos fueron el único cuerpo policial que elaboró a tiempo un plan de actuación ante el referéndum. Y que el mando general, el coronel Pérez de los Cobos, suprimió las cuatro reuniones de coordinación del mismo 1-O.

También que no solo la magistrada del Tribunal Superior catalán exigió que la labor policial se desplegase “sin afectar a la normal convivencia ciudadana”. Lo hizo, además, por escrito, el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, al reclamar el 29-S primar la “seguridad” de los ciudadanos a la “eficiencia” en disolverlos.

En suma, estableció la presunción (contraria a la de los fiscales) de que los Mossos cumplieron. Si eso acaba esculpiéndose como verdad oficial, el tipo delictivo de rebelión basado en que hubo un uso político de una fuerza armada (los Mossos) que por su inacción y violencia potencial contribuyó a culminar la ilegalidad, quedará tocado.

A cambio, ambos reconocieron en sordina haber incurrido en desobediencia. Junqueras, porque cuando elaboraba sus presupuestos, “el referéndum” no estaba, entonces, “prohibido”. Y porque aunque lo suspendió el Tribunal Constitucional (TC), el Govern “tenía la obligación de proteger a los ciudadanos en su derecho al voto”. Forn, porque le llegó un requerimiento del TC, aunque “solo uno”.

Al cabo la desobediencia es, en términos de estándar religioso, pecado venial. Y la rebelión, en cambio, pecado mortal.

También hubo retórica de eslogan: “Votar no es delito”, porfiaba Junqueras. Pues toma, ni ganar dinero, ni tener sexo.

Depende de cómo se haga. Su relato mirífico puede enternecer si se olvidan los derechos pisoteados de millones de no-indepes. Pero camina cojo: se reclama solo del “principio democrático” y no del de “legalidad”. Si uno falla, falla la democracia.

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