Lo importante

La precampaña del Partido Popular en Andalucía arrancó, entre otros lugares, frente a un antiguo burdel de Sevilla porque el candidato conservador Juan Manuel Moreno Bonilla trataba de poner el acento sobre un escándalo de corrupción que implicó, hace una década, a varios responsables de un organismo dependiente de la Junta de Andalucía que se gastaron ahí dinero público. Esta imagen es representativa del ambiente político que probablemente se vivirá en Andalucía antes de las elecciones que la presidenta Susana Díaz convocó esta semana para el próximo 2 de diciembre e indica que la campaña no será precisamente amable.

La crispación no es, sin embargo, el único problema que se cierne sobre los comicios en la comunidad autónoma más poblada de España (8,4 millones de habitantes) y la segunda más grande, que engloba ocho provincias. La dimensión nacional de los comicios andaluces es indudable. Pese a que todas las encuestas prevén una mayoría del PSOE, serán las primeras elecciones con Pablo Casado como líder del PP, mientras que Ciudadanos, que ha apoyado a Díaz durante tres años y medio, apuesta por un sorpasso a los populares. Servirán también de indicador antes de las elecciones municipales, autonómicas parciales y europeas, que se celebran en mayo. También serán los primeros comicios que tienen lugar con Pedro Sánchez en La Moncloa, además en la comunidad que el PSOE gobierna ininterrumpidamente desde 1982. Y este es precisamente el problema que planea sobre la cita del 2 de diciembre: que la dimensión nacional, en medio de una campaña agria, oculte el asunto que debería centrar las elecciones: Andalucía.

Muchos de los problemas de la comunidad llevan décadas en la agenda y siguen provocando profundas dificultades sociales. Otros han empeorado con la crisis: Andalucía acaba de retornar al grupo de las regiones menos desarrolladas de la UE, porque su PIB ha caído por debajo del 75% de la media comunitaria, un mal dato que le aportará un 5% más de fondos europeos en el ejercicio 2021-2027. El paro, del 23,09% de su población activa (la media española es del 15,28%), refleja un fallo en el modelo productivo, que podría intensificarse por la bajada del turismo en España, un sector del que la zona es especialmente dependiente. El abandono escolar (con una tasa del 23%), las protestas por la pérdida de calidad en la atención sanitaria, por no hablar de los narcos que campan a sus anchas en La Línea —un asunto nacional, que desborda las competencias de la Junta, pero que se produce en zonas donde el horizonte laboral de los jóvenes es escaso, por no decir inexistente— son otros asuntos con los que Andalucía lidia desde hace mucho tiempo y que deberían estar en la agenda de las preocupaciones políticas, como lo están en la de los ciudadanos. El principal argumento de la candidata socialista en estos asuntos es también su principal debilidad: es indiscutible el salto que ha dado Andalucía durante los 36 años y medio de gobierno ininterrumpido del PSOE —14 con el apoyo de otras fuerzas políticas—, pero, al mismo tiempo, su responsabilidad en aquello que todavía no ha sido resuelto, y en los escándalos de corrupción que han sacudido la comunidad, como los ERE, resulta muy difícil de rebatir. Andalucía no ganará nada con una campaña desabrida centrada en cálculos electorales nacionales, sino en un debate serio centrado en su futuro.