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Ciudades por la justicia global

Barcelona, Madrid o Valencia son algunas de las urbes que abanderan un nuevo tipo de cooperación entre los Ayuntamientos y aspiran a ser coherentes y globalmente responsables

Barcelona y la ciudad colombiana de Medellín llevan ya 10 años de cooperación bilateral.
Barcelona y la ciudad colombiana de Medellín llevan ya 10 años de cooperación bilateral.

El que fue siempre el departamento de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Barcelona, es hoy la Dirección de Justicia Global y Cooperación Internacional (DJGCI). Más que un nuevo nombre, es toda una declaración de intenciones que plantea un cambio de rumbo respecto al clásico modelo. “Nuestra política de cooperación tiene ver con la forma como deseamos que Barcelona se relacione con el mundo y no es exactamente a través del desarrollo, al ser una cuestión bastante discutible el dónde y de qué forma se produce ese desarrollo, sino que preferimos hacerlo impulsando condiciones de justicia global”, explica David Llistar, director de la DJGCI. La nueva estrategia se ha plasmado ya en el Plan Director de Cooperación para la Justicia Global de Barcelona, aprobado con el consenso de todos los partidos municipales, excepto el Partido Popular que se abstuvo.

La capital catalana se ha propuesto ser un referente en este nuevo modelo. Madrid ya dio un primer paso y acuñó el término de ciudadanía global en sus políticas de cooperación. “La raíz de muchos de los problemas que vivimos se encuentran a miles de kilómetros y por lo tanto actuar globalmente no es solo una tarea de las ONG sino de toda la ciudadanía”, señala Antonio Zurita, máximo responsable de la Dirección General de Acción Internacional y Ciudadanía Global de la alcaldía de Madrid. Desde Valencia, la concejala de cooperación y migración Neus Fábregas tiene una opinión parecida: "Las ciudades tenemos un papel protagonista en la construcción de ciudadanía responsable con el mundo", indica.

Como cofundador del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y en su trayectoria en distintas ONG, universidades y movimientos sociales, lleva tiempo preguntándose qué sentido tiene seguir haciendo cooperación al desarrollo si en paralelo se desencadenan procesos de “anticooperación” a través de instrumentos transnacionales mucho más potentes que generan pobreza, destruyen ecosistemas o permiten la violación de los derechos humanos. Llistar se refiere a ellos como "interferencias negativas" que afirma se producen a través del comercio internacional, la financiación de regímenes poco democráticos, la venta de armas o la generación de guerras para controlar recursos naturales estratégicos. “La justicia global pone el acento en quien gana y quien pierde en los procesos de tipo global, en cuáles son los mecanismos de dominación y jerarquías que lo determinan o en qué actores merecen ser reconocidos y deberían participar legítimamente en las decisiones y no lo están haciendo", defiende.

La DJGCI ha tenido como principal aliado a la Federación catalana de ONG (Lafede). Esta plataforma, que agrupa a 116 ONG, celebra el rumbo del Ayuntamiento: “Un análisis causal previo dará contenido a tu proyecto o a tu campaña en base a otro enfoque porque quizá sepamos de antemano que las desigualdades que se producen, por ejemplo, en Guatemala o en el Congo tienen una parte muy importante de responsabilidad aquí en Europa o están relacionadas con determinadas empresas", explica Miguel Castro, de la Organización Suds y miembro de la junta de Lafede.cat.

El conocimiento y la experiencia de las ciudades para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) sigue sin aprovecharse en gran medida

Frente común 

Trece localidades españolas vienen reuniéndose desde hace un tiempo para crear un espacio de actuación política común con la intención de conseguir un mayor protagonismo en cooperación que supere su habitual papel subsidiario del Estado. Al contrario de lo que sucede en otros muchos países europeos, España es donde más posibilidades hay de realizar cooperación descentralizada. El conocimiento y la experiencia de las ciudades para contribuir de manera significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sigue sin aprovecharse en gran medida. “Las agendas globales como la agenda 2030 o la nueva agenda urbana son imposibles de cumplir sino se aterrizan en el mundo urbano que sostiene el 80% de la población mundial, genera la mayoría de los residuos y consume buena parte de la energía. Existen muy buenas prácticas que merecen ser divulgadas para que se conviertan en políticas públicas”, apunta Antonio Zurita.

Además de Barcelona, Madrid y Valencia, también Pamplona, Coruña, Málaga, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Gijón, Santiago, Valladolid, Bilbao y Vitoria se plantean tener un nuevo rol en la cooperación con capacidad de incidencia en los grandes problemas globales como el calentamiento climático, la pobreza urbana, la violencia de género o la crisis humanitaria en el Mediterráneo. “Todas las ciudades nos hacemos preguntas similares sobre como reinterpretar la acción internacional desde lo local”, indica Zurita.

Madrid dedica hoy el 0,3% y Valencia el 0,6% de sus ingresos propios a cooperación internacional con la idea de llegar al 0,7 que desde el año 2015 aplica ya el Ayuntamiento de Barcelona, y cuyo monto dedica en un 70% a financiar proyectos de las ONG’s, con especial incidencia en la Mediterránea y Oriente Medio.. La atención prioritaria en el Mediterráneo tiene su razón de ser por la crisis migratoria y reafirma la voluntad de Barcelona de ser una ciudad de acogida para los refugiados a la que se sumaron también Valencia, Madrid o Zaragoza. El Plan Director barcelonés reconoce explícitamente el derecho a migrar, a desplazarse y al refugio.

Pero Barcelona, al igual que Madrid, es también consciente que, por ser una ciudad con una gran proyección internacional, vive inmersa en una economía globalizada. “Un 40% de los contenedores que entran por el puerto de Barcelona proceden de China con todo el impacto que esto tiene sobre el clima, sobre el consumo de energía o la alimentación. Debemos poner este y otros muchos aspectos sobre la mesa asumiendo que la acción global de la ciudad genera también impactos negativos que debemos tratar de reducir”, reconoce Llistar.

Entre las medidas que se contemplan como eje transversal de su política está la de conseguir la coherencia del conjunto de acciones del gobierno municipal, sean del área que sean. “Queremos que nuestro departamento se comporte como un lobby interno. Se trata de velar porque el presupuesto total no tenga efectos directos, indirectos o colaterales que generen pasivos sociales o ambientales”, indica Llistar. Un ejemplo: que en la compra pública municipal, que puede estar entorno a los 1.000 millones de euros anuales, se evite que empresas que violen derechos humanos en países terceros puedan ganar licitaciones públicas. Madrid y Valencia seguirán también este ejemplo.

Otra de las modalidades de cooperación pionera es la bilateral centrada en el intercambio de conocimiento técnico con los Ayuntamientos de otras ciudades. Una práctica que se inició entre Barcelona y Sarajevo en los 90. La Habana, Medellín, Tánger, Tetuán, Gaza, Aman, Belén o Maputo son algunas de las ciudades con las que Barcelona coopera actualmente. En el caso de la colombiana Medellín, la relación llegó a ser muy fructífera. Durante diez años, ambas ciudades trabajaron en infinidad de temas con la implicación de muchas áreas de ambos ayuntamientos como bibliotecas, mercados, hábitat urbano, educación o servicios sociales. No fueron los únicos actores. También participaron museos, universidades y ONG. Jordi Cortés, técnico de la DJGCI lo resume así: “Creamos un modelo de cooperación urbana que integra todas las riquezas y capacidades de las ciudades buscando transformaciones interesantes de una forma muy polivalente”.

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