Gestación conflictiva

Las circunstancias que mantienen varadas en Ucrania a más de treinta parejas que esperan poder iniciar los trámites de inscripción en el registro civil de los hijos concebidos mediante gestación en vientres de alquiler ha puesto de manifiesto la inseguridad jurídica y los problemas que comporta recurrir a este procedimiento prohibido en España. El consulado español en Kiev ha citado a algunas de las familias a partir de este lunes y cabe esperar que se clarifique la situación. Pero lo ocurrido obliga a evaluar los desajustes sociales que provoca la falta de una regulación homogénea de una nueva realidad que entraña numerosos peligros.

Los trámites para la inscripción en el registro de los niños nacidos por este procedimiento quedaron interrumpidos el 5 de julio a raíz de las denuncias contra la principal agencia de “gestación subrogada” a la que acuden las familias españolas en Ucrania. La fiscalía de aquel país había abierto un procedimiento contra ella por diversos delitos, entre ellos el de tráfico de menores. Ucrania se ha convertido en uno de los principales destinos de quienes buscan la paternidad por ese tipo de gestación, ya que resulta mucho más barato que hacerlo en EE UU. Hasta ahora, más de 300 familias acudían cada año a Ucrania para ser padres mediante un contrato por el que pagaban entre 40.000 y 60.000 euros.

El hecho de que la técnica sea legal en estos países y esté prohibida en España plantea el problema de qué hacer con los niños, una vez nacidos mediante un contrato que es nulo en España. En cumplimiento del principio que obliga a proteger ante todo el interés del menor, se ha abierto una vía legal que permite la inscripción del niño en el registro civil. Se trata de certificar la filiación del bebé respecto del padre biológico mediante pruebas de ADN. Siendo hijo biológico de un español, el niño puede recibir la nacionalidad aunque debe inscribirse en Ucrania como hijo de la madre gestante. Más tarde, ya en España, puede ser adoptado por la madre o el compañero homosexual de la pareja contratante (aunque Ucrania solo permite el proceso a matrimonios heterosexuales). Pero no deja de ser una incongruencia que se prohíba este tipo de gestación y en la práctica se habilite una forma de sortearla. Para mayor incertidumbre, Ucrania discute ahora un cambio en su regulación que podría prohibir que las clínicas faciliten la gestación a parejas extranjeras.

No deben ser los niños, desde luego, quienes paguen los desajustes que las diferencias legislativas provocan, pero los padres que recurren a este procedimiento han de saber que corren riesgos. En los últimos años algunos países que permitían los vientres de alquiler, como India, México o Tailandia, han restringido el acceso a las parejas extranjeras y en algunos casos también han puesto límites y controles a los nacionales, ante los abusos que se producían. El oscurantismo y la intervención de una larga cadena de intermediarios con ánimo de lucro incrementan el riesgo de malas prácticas. Los padres que recurren a este tipo de gestión en el extranjero colocan al Estado ante una situación de hechos consumados. Pero hay un debate de fondo, imposible de obviar: ¿es lícito reconocer legalmente un procedimiento que mercantiliza la maternidad y que, dadas las grandes desigualdades existentes, se está convirtiendo en la práctica una nueva fuente de explotación del cuerpo de la mujer?