Editorial
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La guerra de los pisos

La vivienda turística ha de ser regulada con acuerdo entre CNMC y municipios

José María Marín, presidente de la CNMC
José María Marín, presidente de la CNMCULY MARTIN

Defender la competencia en un mercado significa garantizar que todos los operadores que participan en él lo hacen en igualdad de condiciones. Difícilmente puede interpretarse que la regulación de las condiciones de acceso a un mercado es incompatible con la libertad si lo que pretende es exactamente que quienes ofrecen su vivienda a los turistas lo hagan en las mismas condiciones que los demás. Los llamados pisos turísticos incumplen requisitos esenciales de esa igualdad. En primer lugar, porque compiten con los alojamientos hosteleros y viviendas preparadas para tal fin en condiciones de ventaja desleal. El fenómeno de los pisos turísticos ha fragmentado el mercado en dos grandes grupos: el primero se sujeta a la concesión de licencias, controles y disciplina fiscal; el segundo, los pisos turísticos, operaba sin límite alguno y al margen de cualquier vigilancia tributaria.

Por estas razones generales, la impugnación que ha hecho la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de las normativas locales en Madrid, Bilbao y San Sebastián para regular los pisos turísticos exige una explicación detallada del organismo impugnador. Decir que las regulaciones recurridas (por contencioso administrativo) “vulneran la competencia” porque “”impiden la entrada de nuevos operadores en el mercado” apenas explica nada. Son generalidades respetables, pero insuficientes. Aclare la Comisión en qué aspectos concretos vulnera las normas locales la regla de competencia. Porque la entrada de “nuevos operadores” solo es saludable si se produce en las mismas condiciones que los “viejos”; el ventajismo administrativo y tributario conduce al dumping social.

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Es igualmente discutible que la irrupción de estos nuevos operadores contribuya a bajar los precios del alquiler, sea turístico o no; de hecho hay fuertes evidencias en sentido contrario. Por otra parte, los Ayuntamientos tienen derecho a saber de todos cuantos se dedican a alojar turistas —es una actividad económica— y a preservar la calidad del entorno urbano, de acuerdo con las leyes y siguiendo las reclamaciones razonadas de los vecinos, cuya calidad de vida la proliferación de vivienda turística irregular está contribuyendo a degradar. Madrid, Bilbao, San Sebastián, Barcelona y Valencia lo entienden así y obran en consecuencia. No hay fobia al turismo ni ánimo intervencionista extemporáneo; se trata tan solo de poner orden donde no lo hay.

Lo que deja en evidencia el conflicto entre municipios y regulador es la escasa capacidad de negociación de las partes. Si algunos aspectos concretos de las normas impugnadas —la limitación de los tipos de vivienda, quizá— son contrarias a la competencia, corríjanse en buena hora y con acuerdo entre las partes. Si la comisión requirió explicaciones sobre los fundamentos de las normas recurridas, debieron darse en su día, para no acabar en un enfrentamiento que acabará por perjudicar a los turistas, a los vecinos y al mercado hostelero. Y si las impugnaciones son de detalle, que no se invoquen tan solo principios generales de competencia. Este es un problema concreto con efectos concretos.

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