Desprotección para quien defiende en Honduras
Dos años después de la muerte de Berta Cáceres, los defensores siguen estando en peligro y sus asesinatos siguen quedando impunes
“En 2015 mataron a mi esposo y tuve que huir. Así estamos en Honduras. No era yo la que tenía que salir huyendo, sino quienes habían cometido el crimen. Ellos quedaron totalmente libres haciendo lo que les parecía. Regresé al mes, llegué a mi casita y dormí tranquilamente. La sorpresa fue que al día siguiente vinieron a asesinarme. Pegaron un tiro a mi casa. Las tres mujeres que nos encontramos ahí nos tiramos al suelo. El disparo alertó a toda la comunidad […] Nos salvamos”.
Es el duro testimonio de la activista hondureña Consuelo Soto, lideresa indígena tolupán y coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras. Hace unas semanas visitó Madrid, invitada por Entreculturas y ALBOAN, para informar en España acerca de la gravísima situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en Honduras.
La visita de Consuelo Soto a España tuvo lugar en el mes de marzo cuando se cumplía el segundo aniversario del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres. Unos sicarios irrumpieron en su casa y la mataron a tiros como respuesta a sus protestas contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zaca en el territorio de su comunidad. A pesar de las intensas presiones internacionales, han transcurrido ya dos años desde su asesinato sin que se haya hecho justicia.
Meses después de este crimen, en agosto de 2016, las Naciones Unidas describían a Honduras como uno de los “países más hostiles y peligrosos para los defensores de los derechos humanos en América”. El asesinato puso de relieve una vez más que, entre los defensores de derechos humanos, los medioambientalistas son los más perseguidos. Las cifras son escalofriantes. Entre los años 2007 y 2016, Global Witness registró 127 activistas asesinados por su lucha contra las empresas extractivas que ejecutan sus proyectos sin tomar en cuenta el daño que producen en las comunidades locales.
Pero no es la defensa del medioambiente la única causa de los ataques contra los defensores de los derechos humanos. En 2016, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) registró 62 ataques violentos contra abogados, incluidos 13 homicidios. Asimismo, señaló que, entre 2014 y 2016, habían sido asesinados 25 periodistas.
La grave situación de crisis política e institucional que vive Honduras tras los comicios celebrados el pasado 26 de noviembre, que culminaron con la reelección de Juan Orlando Hernández como presidente, ha contribuido a agravar la situación de los defensores de derechos. En este contexto de represión, se han lanzado durísimas campañas contra medios de comunicación críticos con el Gobierno que denunciaban las irregularidades del proceso electoral y los excesos policiales contra los manifestantes durante el periodo poselectoral. Estas manifestaciones se saldaron con, al menos, 35 personas fallecidas.
Este también es el caso del ERIC- Radio Progreso, contraparte de ALBOAN y Entreculturas en el país. En palabras de Pedro Landa, coordinador de esta organización, que estuvo en Madrid la semana pasada junto a Consuelo Soto: “Nuestra radio y un canal de televisión éramos los únicos medios que estábamos informando realmente acerca de la situación. En respuesta se han lanzado campañas de deslegitimación en contra de nuestro director, el Padre Melo, acusándole de ser la persona que lidera el “eje del mal”. Así le han llamado. También nos acusan de recibir dinero del narcotráfico y otras organizaciones criminales para desestabilizar el país”.
Uno de los factores que contribuyen a la perpetuación de estos actos de violencia es que el Estado, ante las denuncias de amenazas, no brinda la adecuada protección a los activistas, pese a las reiteradas recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y de numerosos organismos de protección de derechos humanos.
Tampoco se investigan los delitos cometidos. Esta impunidad generalizada sitúa a los familiares y personas próximas a las víctimas en una situación de indefensión y favorece una repetición endémica de la violencia.
El Estado de Honduras tiene el deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas, recogido en los textos de protección de derechos humanos. Ello implica la obligación positiva de establecer mecanismos de seguridad adecuados para los defensores de derechos humanos y acabar con las campañas de criminalización y estigmatización contra ellos. Además, debe investigar de forma efectiva todos los crímenes cometidos contra activistas, de manera que no queden impunes, en respeto a un derecho fundamental de las víctimas y como única manera positiva de acabar con la violencia.
