Cifuentes no convence

Las sospechas de falseamiento que pesan sobre el máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, deterioran gravemente la confianza en los políticos, ya suficientemente erosionada en este país. El caso no es, como puede aparentar, un hecho menor. Afecta de lleno a la ejemplaridad a la que se deben los líderes políticos; que es especialmente relevante en Cristina Cifuentes, supuesta abanderada de la regeneración del Partido Popular, formación a la que pertenece, acorralada y debilitada por graves casos de corrupción.

La duda fundamental que las informaciones periodísticas han sembrado sobre el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos es que este no fue completado de forma exitosa y legal de acuerdo con los procedimientos habituales a los que se someten todos los alumnos, sino valiéndose de amaños y favores. La presidenta de Madrid esgrimió ayer en el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid actas y documentos académicos que no disiparon la sospecha fundamental de que fue su influencia política y no su mérito la que le procuró el título. No solo no ha aportado Cifuentes durante estas dos semanas de escándalo su trabajo de fin de máster, sino que dejó entrever que cursó dichos estudios (de 600 horas presenciales) sin aparecer por las aulas universitarias. Y esta es quizá, por el momento, la peor de las implicaciones que conlleva el caso. Porque empeñada Cifuentes en defender su honorabilidad desvió las acusaciones de irregularidades y presuntas firmas falsas a la propia universidad pública, ofreciendo de ella una imagen extremadamente perjudicial. Es un daño colateral corrosivo, pues siembra el descrédito de los docentes y alimenta el agravio de todos esos estudiantes que se esfuerzan día a día por mejorar su formación y obtener títulos que les abran el camino del mercado laboral.

Cifuentes sostiene que todo es legal y que nadie ha demostrado su culpabilidad. Pero no ha empeñado lo más valioso que tiene un político: su palabra de que obró correctamente y, por tanto, de que realizó y defendió públicamente su tesis de acuerdo con las normas establecidas.

“Necesitamos confianza”, reclamó ayer el líder de la oposición madrileña, el socialista Ángel Gabilondo, en una brillante exposición. A falta de esa confianza en la palabra de los políticos, más preocupados por el contrataque al rival que por hacer resplandecer la verdad ante los electores, es la Universidad Rey Juan Carlos la única que puede desbrozar en parte el camino, aunque ello suponga un incómodo análisis de sus procedimientos. La petición del rector Javier Ramos a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas de observadores independientes para investigar lo ocurrido es la mejor iniciativa.

El PSOE ha anunciado una moción de censura contra Cifuentes, mientras que Ciudadanos se conforma, de momento, con una comisión de investigación parlamentaria. Ni una cosa ni otra resolverán en el corto plazo ese grave problema de confianza que sufre la política española. Cifuentes prometía poner su grano de arena en esa necesaria reconstrucción del respeto a la política, pero de momento solo se ha confundido con el paisaje.