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La Justicia Transicional descarrila en Túnez

El organismo que investiga los crímenes podría cerrar sin haber concluido su trabajo

El primer ministro, Yusef Chahed, en el Parlamento tunecino el pasado día 23.
El primer ministro, Yusef Chahed, en el Parlamento tunecino el pasado día 23. Mohamed Messara (EFE)

El proceso de transición en Túnez despertó el interés y admiración de la comunidad internacional, que premió a algunos de sus principales protagonistas con el Premio Nobel de la Paz. En el corazón de aquel proyecto se hallaba la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), encargada de investigar los crímenes de la dictadura, reparar a sus víctimas, y facilitar que los verdugos responsables de las más graves violaciones de los derechos humanos rindieran cuentas ante la sociedad. La singladura de la institución se vio envuelta desde el inicio en la polémica a causa del temperamento y hábitos de su presidenta y la victoria electoral en 2014 de un partido hostil a la Justicia Transicional. Ahora, cuando su mandato toca su fin, el Parlamento puede haber dado una última estocada.

Después de un caótica y vitriólica sesión de más de diez horas, la Asamblea de Representantes del Pueblo votó el pasado lunes en contra de la petición de la IVD para alargar un año sus labores, que debían finalizar el próximo mes de mayo. Las razones aducidas para la extensión, prevista por la ley, es que algunas instituciones no han colaborado con la Instancia, lo que ha ralentizado sus tareas de investigación. En caso de verse forzada a cerrar sus puertas de aquí a un par de meses, la IVD solo habría cumplido una pequeña parte de sus objetivos.

No obstante, su futuro no está claro. La Instancia considera que la ley le otorga la potestad de prolongar su mandato un año con una notificación del Parlamento. Así opinan diversos partidos, incluido el islamista Ennahda, miembro de la gran coalición que apoya al primer ministro. Estos partidos se ausentaron de la votación, en la que participaron 70 diputados de los 217 que forman la Cámara. Toda vez que el reglamento fija en un tercio el quórum mínimo, los aliados de la IVD argumentan que la votación no es válida. A falta de un Tribunal Constitucional que resuelva el embrollo la IVD puede verse inmersa en un marasmo legal que desemboque en la invalidación de su trabajo. Malos augurios para la “historia de éxito” de las primaveras árabes.

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