Una década perdida

Diez años de recesión han dejado huellas profundas en la economía española y no pocas dudas sobre su evolución a medio plazo. El veredicto sobre la crisis es ambivalente, pero poco optimista. Por una parte, se ha superado una profunda depresión económica y se ha iniciado una senda de recuperación macroeconómica que parece garantizada durante los próximos tres años, a menos que estalle una nueva convulsión en el mercado global. Por otra, los daños sobre el tejido económico no se han superado todavía, especialmente en el ámbito laboral; la precariedad en el empleo y el aumento de la desigualdad, dos de los efectos de la crisis y de las políticas aplicadas para corregirla, no serán fáciles de remontar a corto plazo.

El mayor daño de la recesión se ha cebado en el mercado de trabajo. No se trata sólo de que la tasa de paro de 2017 (16,5%) haya duplicado la de 2007 (8,6%) sino de que todavía hoy no se ha conseguido alcanzar los niveles de ocupación de diez años atrás. De hecho, España cuenta hoy con 1,35 millones de ocupados menos que entonces. La Seguridad Social tampoco se ha recuperado: cuenta con un millón de afiliados menos que antes de la crisis; esta pérdida explica, junto con la caída de los salarios, las dificultades actuales del sistema de pensiones y el déficit del sistema (18.000 millones el año pasado).

La herencia de esta década crítica se proyecta sin remisión sobre los salarios. En diez años las rentas salariales han perdido algo más de 35.000 millones. Este descenso tiene efectos nocivos para el conjunto de la economía; en primer lugar, por la debilidad de la demanda de consumo y después porque ha aumentado el número de ciudadanos en riesgo de pobreza (actualmente está ligeramente por encima de los 13 millones). Tales efectos deben ser corregidos de inmediato, porque afectan a la estabilidad futura del crecimiento económico y generan tensiones sociales y políticas que ya se han hecho evidentes en las calles.

El ajuste del déficit, conseguido después de un lustros de recortes presupuestarios drásticos, ha perjudicado a los parámetros básicos del estado de bienestar. El gasto público ha pagado la factura del ajuste y continúa hoy en grados preocupantes de depresión. En síntesis, la inversión pública del año pasado contó con 30.000 millones menos que en 2009 y es muy probable que en el próximo trienio no pueda subir siquiera a tasas similares a las del crecimiento nominal. La inversión en educación cayó en la década nada menos que el 37% en Sanidad y se hundió literalmente en Educación (el 50%). La inversión en infraestructuras y obra civil, esencial para mantener la calidad de los servicios públicos, también está hundida (ha caído el 60%).

Lo más eficaz para sostener la recuperación es pactar un programa económico que cierre las heridas de la crisis que todavía están abiertas más allá de las buenas noticias sobre el PIB. Con todo, el peor daño para la economía es que por salir de la recesión se haya perdido el impulso político necesario para mejorar el patrón de crecimiento. El Estado tiene que decidir: o nos conformamos con una estructura productiva basada en el turismo y la construcción o aportamos inversión pública para aumentar la aportación tecnológica a la producción y elevar el valor añadido.