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Los dividendos por compartir semillas se hacen esperar

La protección de los derechos de los agricultores y la redistribución de los beneficios son retos pendientes en el sistema internacional que regula el intercambio de material genético agrícola

Semillas en Meru (Kenia).
Semillas en Meru (Kenia).

La que probablemente sea la copia de seguridad más importante del mundo cumple 10 años. En Svalbard (Noruega), una cámara bajo la tierra helada custodia desde hace una década semillas de 850.000 variedades de cultivos, enviadas allí desde distintos puntos del planeta. Gracias a ello, cuando un importante almacén genético de Alepo (Siria) se vio aislado por la guerra, las semillas de trigo, cebada, lentejas o garbanzos que atesoraba no quedaron expuestas a la destrucción. Recurriendo al depósito noruego, se pudo reponer la colección en nuevos bancos de semillas en Líbano y Marruecos.

Ese Arca de Noé vegetal en el Ártico es uno de los resultados más visibles y vistosos de la cooperación internacional en materia de semillas. "Y ponerla en marcha fue posible gracias al impulso político y legal que supuso la aprobación del conocido como Tratado de las Semillas", sostiene Kent Nnadozie, secretario de ese pacto impulsado por la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) al que desde su entrada en vigor en 2004 se han adherido más de 140 países.

"Para la velocidad a la que se suelen implementar los tratados internacionales, creo que vamos a buen ritmo, aunque podamos hacerlo mejor", señala Nnadozie. El núcleo del mismo, ya en funcionamiento, es un sistema mundial de intercambio por el que agricultores, académicos o empresas pueden acceder al material genético de 64 plantas relevantes para la alimentación mundial (que, según la organización, suponen el 80% del consumo humano). La media es de unos 2.000 movimientos diarios.

Vista exterior de la entrada al 'arca de las semillas' en el archipiélago noruego de Svalbard.
Vista exterior de la entrada al 'arca de las semillas' en el archipiélago noruego de Svalbard. Reuters

Pero el secretario lamenta que dos apartados avanzan más despacio que el resto: la protección de los derechos de los agricultores y la recaudación de los beneficios monetarios generados por los intercambios. El texto establece que todo aquel que se lucre aprovechándose del sistema (por ejemplo, vendiendo semillas mejoradas gracias a que tuvo acceso a otro material genético a través del tratado) deberá pagar una "parte equitativa" de lo obtenido: de forma obligatoria si patentaron el resultado, y voluntariamente si no lo hicieron.

Esos fondos deberían ir a parar a los agricultores especialmente a los de países en desarrollo—, en reconocimiento a su labor secular de conservación y mejora de las colecciones de semillas del planeta. Sin embargo, tras casi cuatro millones de intercambios, hasta finales del año pasado no se había "redistribuido" ningún beneficio. Las razones, según Florian Rabitz, de la Universidad Tecnológica de Kaunas (Lituania), pueden ser que aún no se hayan obtenido beneficios comerciales de los intercambios (el proceso de desarrollar y poner a la venta nuevas variedades puede llevar 15 años o más) o que los obligados a poner dinero estén incumpliendo y los invitados a aportar estén prefiriendo no hacerlo.

“Hace falta invertir en los cultivos menos rentables para proteger la biodiversidad”, pero las contribuciones de los países son voluntarias

Pese a todo, Nnadozie señala que cerca de un millón de agricultores se han aprovechado directamente de los 61 proyectos que hay en marcha en 55 países en desarrollo. Dese la creación de bancos de simiente a la búsqueda de variedades resistentes a amenazas (como el cambio climático o las plagas) o la recuperación de cultivos locales que se habían perdido pero se guardaban en otros países. Con todo, la cantidad de dinero que financia estas iniciativas que a falta de redistribución de beneficios sale de las contribuciones, también voluntarias, de los Estados miembros— habla por sí sola: poco más de 16 millones de euros. Hay estudios que estiman el valor del mercado mundial de las semillas el año pasado en más de 50.000 millones.

La carencia de una fuente estable de recursos para hacer realidad los objetivos el texto es una de las cosas que se podrían haber previsto mejor, en opinión de su actual timonel. Porque, en general, las cada vez menos y más grandes compañías de semillas se centran en las plantas más rentables y dejan de lado la mejora y conservación otras variedades que no generen beneficios de forma inmediata. "Y hace falta dinero para invertirlo en esos otros cultivos y proteger así la biodiversidad", insiste en un mensaje a los países.

Nnadozie también dice seguir con atención las evoluciones en la regulación de la propiedad intelectual de los recursos genéticos —gran foco de polémica en torno a la aplicación tratado que organizaciones de pequeños agricultores como la Vía Campesina criticaron en la séptima reunión de los firmantes el pasado octubre. Para la asociación, las patentes "permiten privatizar las semillas" y suponen un "atentado" contra los objetivos del documento.

El secretario del tratado asume estos desafíos legales y financieros pero, obviamente, defiende los logros del mismo: "Si no existiera, los agricultores de Malawi, por ejemplo, no podrían haber accedido a variedades resistentes a la sequía que azota el sur de África y que les permiten adaptarse al cambio climático". Ese mismo cambio climático que, paradójicamente, provocó la inundación el túnel de entrada al arca de Svalbard.

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