Bienvenidos al Centro de la Indignidad de España
La cárcel de Archidona es testigo mudo de las vulneraciones de derechos, de la irracionalidad y la crueldad de una política migratoria xenófoba, etnocentrista y capitalista
Los pasados 16, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2017 llegaron a las costas de España 571 personas procedentes de Argelia. Lo hicieron después de haberse jugado la vida cruzando el Mediterráneo en condiciones de extrema precariedad, después de haber pagado por un viaje cuyo destino en muchas ocasiones es la muerte, después de haber sido víctimas del tráfico de seres humanos. Lo hicieron para poder alcanzar la dignidad del ser humano que les es negada en sus países de origen, lo hacen huyendo de la miseria, del hambre, de los abusos del Estado, de la falta de oportunidad, de la violencia extrema y, en muchos casos, de la muerte segura de ellos o de sus familiares.
Son 571 vidas que han quedado rotas, pero llegan con la esperanza de encontrar aquí la dignidad que les ha sido arrebatada en su país de origen. Nada más lejos de la realidad. Estas personas han sido tratadas como delincuentes por el ministro del Interior y han sido encarceladas durante más de 40 días en El Centro Penitenciario Málaga II en Archidona, una cárcel según la Orden INT/247/2017, del 16 de marzo, por la que se crea el centro penitenciario, que carece de la Orden Ministerial necesaria que habilite el cambio de uso del recinto.
Esta decisión atenta gravemente contra la dignidad del ser humano, contra el espíritu democrático de nuestro país, contra nuestra propia legislación y contra los derechos humanos, contribuyendo a la criminalización de las personas migrantes en nuestro país y perpetuando una visión etnocentrista y xenófoba de nuestra sociedad. Además, colabora con el falso relato de que la inseguridad son los otros. Es una decisión que demuestra la insensibilidad del Gobierno con quienes sufren las consecuencias de una sociedad capitalista desprovista de los mínimos valores éticos y que viola sistemáticamente los Derechos Humanos sin ningún tipo de rubor. Como diría Sartre en su obra A puerta cerrada de 1944, “El infierno son los otros”.
Lo dramático de esta decisión es no entender la riqueza cultural y humana de los hombres y mujeres que entregan su vida a la búsqueda de la dignidad del ser humano, además de demostrar un desprecio absoluto a la memoria de nuestro país, en el que muchos de nuestros compatriotas, en su exilio, fueron encerrados en los centros que dispuso Francia para los españoles que huyeron de la guerra y que a la postre resultaron verdaderos campos de concentración. Aquellos lugares, como en el caso del centro penitenciario Málaga II de Archidona, estaban hechos para encerrar y controlar, y no para acoger personas. Quienes pasaron por ellos tuvieron que padecer, además de la humillación, hambre, sed y frío. Muchos murieron por ello. Incompresiblemente, 79 años después nuestro país repite la historia.
La condena a la decisión adoptada por el Ministerio del Interior ha sido unánime en toda la sociedad civil, oenegés, sindicatos e incluso la propia subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Español. Esta última señala que “tanto la Ley de Extranjería como el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) establecen que los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tiene que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria”.
Por las mañanas, los internos eran llamados por los agentes de la UIP mediante golpes o con las porras en las puertas de las celdas
El propio Tribunal Constitucional en 1987 recalcó que esta condición era fundamental porque supone una "garantía adicional que trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio" de las prisiones. Esta sentencia manifiesta la necesidad de que existan diferencias sustanciales en las condiciones físicas entre un CIE y una cárcel, de forma claramente contraria a lo que ocurre en este caso, como han denunciado casi una treintena de oenegés.
A todo ello debemos añadir la presencia de por lo menos 10 menores dentro del grupo de personas mayores de edad trasladadas hasta Archidona, y donde han permanecido junto con el resto de internos, en una clara vulneración de los derechos de la infancia y del Protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados. Esto supone una vulneración de sus derechos al ser tratados como adultos en vez de como menores.
Dicha queja fue planteada ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que solicitó a España que paralizara las deportaciones de aquellos casos de los que había tenido conocimiento de la posible presencia de menores, requerimiento que no fue atendido por el Gobierno español quien continuo las deportaciones en su intención de seguir ocultando las constantes violaciones de derechos fundamentales y no dejar testigos.
Las carencias en las infraestructuras del recinto penitenciario al que fueron trasladados y las condiciones que han soportado, así como el trato en ocasiones vejatorio merecen mención aparte: un recinto que aún no contaba con las condiciones mínimas de habitabilidad, sin agua potable corriente, sin ropa, sin servicios de apoyo psicosocial, sin servicio médico asignado, sin régimen de visitas establecido, sin posibilidad de contactar con sus familias en origen. Con frio, hambre y miedo, donde no podían acceder al interior de los módulos salvo a las horas de las comidas y por la noche, pasando el resto del día a la intemperie, en un lugar donde se llegan a alcanzar en invierno temperaturas de cero grados y sin ropa de abrigo suficiente.
Un lugar donde por las mañanas eran llamados por los agentes de la UIP mediante golpes con las porras en las puertas de las celdas, sin traductores suficientes para atender las necesidades de los internos, en el que no se han fregado los módulos durante más de un mes, no se les ha lavado la escasa ropa que se les ha dado en los más de 40 días que han estado internos allí y donde han estado más de 15 días sin que se les cambie la ropa de cama o las toallas. Un lugar en el que se les ha dificultado e impedido en algunos casos la asistencia letrada estableciéndoles un régimen penitenciario sin ningún tipo de garantía y control, usando la fuerza contra ellos, donde eran llamados por números por la megafonía cada vez que conseguían recibir una visita de un familiar o de un letrado, todo ello con la intención de arrebatarles la dignidad y hacer de ellos una masa sumisa e indolente desprovista de toda humanidad, en un claro ejemplo de la política migratoria de este país y de la Unión Europea.
En ese contexto de represión y vulneración de derechos el pasado día 28 de diciembre, Mohammed Boubardala y otros internos iniciaron una protesta en el interior que fue reprimida mediante la fuerza por la Unidad de Intervención Policial encargados de la custodia de las personas internas. Bouderbala y 11 personas más fueron encerradas en régimen de aislamiento esa misma tarde, por pedir dignidad. El día 29 de diciembre pasadas las nueve y media de la mañana, Mohammed Bouderbala un joven argelino de 36 años de edad, fue hallado muerto en el interior de la celda 41 de la cárcel de Archidona, sin que hasta el momento hayan resultado esclarecidas definitivamente las circunstancias de su muerte.
El recinto no contaba con las condiciones mínimas de habitabilidad, agua potable, ropa, servicios de apoyo psicosocial o servicio médico
Apenas cinco días después Soufian, de 17 años de edad, de nacionalidad marroquí era hallado muerto en El Centro Asistencial de Melilla, donde se encontraba desde diciembre, después de que le amputaran un pie tras caerse de los bajos de un camión mientras intentaba llegar a la Península.
El ministro el Interior ha mostrado un desprecio hacia la vida humana acorde a la política migratoria de este país, que resulta sangrante para quienes defendemos la igualdad del ser humano nazca donde nazca, para quienes consideramos hermanos a quienes, en palabras de Ernesto “Che” Guevara en su discurso ante la Asamblea general de Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1964, “padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo”.
Hoy ya no queda nadie en la cárcel de Archidona: el hormigón, el acero y el cristal de aquel centro del dolor son los testigos mudos de las vulneraciones de derechos, de la irracionalidad y la crueldad de una política migratoria xenófoba, etnocentrista y capitalista en última instancia, responsable de la muerte de personas cuyo único delito es querer alcanzar la dignidad que les ha sido negada por nacer al otro lado del Mediterráneo.
Francisco Matas García es abogado adscrito al Turno de Oficio de asistencia al centro penitenciario Málaga II de Archidona (Málaga).
