El dilema de Torrent

La Mesa del Parlament que se constituyó ayer tiene ante sí dos caminos. El primero consiste en poner fin a la excepcionalidad en la que vive esta comunidad desde las traumáticas sesiones de septiembre que resultaron en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El segundo supondría apostar por retornar al camino de ilegalidades, desafíos y desobediencias que marcó la Presidencia de Carme Forcadell en la anterior legislatura.

Si el objetivo es restaurar la normalidad institucional, la Presidencia deberá, tras escuchar a los grupos parlamentarios y a la luz de los resultados de las elecciones del 21-D, proponer la investidura del candidato que cuente con mayores posibilidades de lograr el apoyo de la Cámara. No cabe duda de que el intento de promover desde la Mesa del Parlament la investidura del huido expresidente Carles Puigdemont, sea mediante una reforma del reglamento de la Cámara o cualquier otro ardid político o legal, sería la señal inequívoca de que el independentismo pretendería, una vez más, usar las instituciones de todos los catalanes para, forzando la legalidad, abocar la XII legislatura catalana a un enfrentamiento que podría desembocar bien en el mantenimiento o nueva aplicación del artículo 155, sin descontar una hipotética disolución del Parlament y la convocatoria de unas nuevas elecciones.

Para evitar esa situación, lo que se requiere es que el nuevo president del Parlament, Roger Torrent, haga honor a las palabras que pronunció ayer en su toma de posesión y, sobre todo, desoiga las de aquellos en Junts per Catalunya, ERC y la CUP que afirman no concebir otro escenario que la investidura de Carles Puigdemont y que no contemplan otra posibilidad de que la Mesa del Parlament sea un instrumento partidario al servicio de la causa de la ruptura.

Libre de causas judiciales y en un tono conciliador, Roger Torrent proclamó como primera prioridad la recuperación de la normalidad institucional. Con 38 años, lo que le convierte en el president más joven de la historia del Parlament, defendió la hora del relevo, “natural y necesario en los espacios políticos”, y se declaró defensor del derecho de los 135 diputados que conforman la Cámara a representar una Cataluña plural de “identidades cruzadas”. Un tono muy positivo que contrasta con el que impuso Carme Forcadell en la anterior legislatura, que degradó la Presidencia del Parlament a mero instrumento para silenciar y privar de sus derechos a los diputados constitucionalistas y, con ellos, a sus representados. La andadura del Parlament se abre, pues, si no en plena normalidad, como pusieron de manifiesto las extemporáneas palabras de Ernest Maragall, presidente de la mesa de edad, al menos, por ahora, dentro de la legalidad. La nueva Mesa —en la que a pesar de los compromisos de paridad, se sientan seis hombres y una mujer— tiene en sus manos decidir qué rumbo toma la nueva legislatura. Si es la vía del conflicto, será desde luego con el aval de los comunes, que ayer dieron su voto en blanco a los independentistas en el Parlament a cambio del apoyo a Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. En breve sabremos si las palabras del nuevo president del Parlament son retórica o se convierten en realidad.