Berta Cáceres

Los resultados de la investigación del asesinato de la activista ecologista hondureña Berta Cáceres han vuelto a poner sobre la mesa la peligrosa connivencia en algunos países de Latinoamérica del poder político —ya sea local o nacional— con la violencia mortal ejercida contra quienes se oponen a la esquilmación de los recursos naturales.

Cáceres era una figura icónica en Honduras por su lucha a favor del medioambiente y de los pueblos indígenas. En particular denunciaba la expropiación ilegal de sus tierras por parte del Estado y la explotación irregular de los recursos naturales del país. Una de sus principales victorias fue la paralización de la construcción de una presa que estaba construyendo una gran compañía china. En marzo de 2016 fue asesinada en su domicilio y el Gobierno se comprometió a aclarar los hechos. Año y medio después, las conclusiones de la investigación son muy negativas para las propias autoridades del país: funcionarios del propio Gobierno de Honduras y empresarios de alto nivel están vinculados con el asesinato.

Honduras es uno de los países más peligrosos para los activistas defensores del medio ambiente. Solo en 2016 fueron asesinadas 14 personas. Pero desgraciadamente no es el único en una lacra que ya se prolonga durante demasiado tiempo. En todo el mundo durante el año pasado fueron asesinadas por este motivo más de 200 personas. Y a ello habría que sumar lesiones, agresiones y amenazas.

Los Gobiernos en cuyos países suceden estos hechos están en la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos por muchos inconvenientes que les puedan plantear sus ideas. No tiene sentido ratificar tratados internacionales de protección del medio ambiente mientras en el interior de sus territorios hay individuos o grupos organizados que pueden atentar sin temor contra la vida de personas como Berta Cáceres