A por una red sin agujeros

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Por ahora, la red tiene demasiados agujeros. Y la presa, en este caso los que se saltan las normas internacionales y esquilman los mares, se escapa por cualquiera de ellos. Una embarcación dedicada a la pesca ilegal puede tener bandera de un país, capitán de otro, estar asegurado en un tercero, puerto de amarre en otro, la tripulación de uno distinto, los dueños lejos de allí y sus cuentas en algún paraíso fiscal. Así se forma un rompecabezas en el que pueden verse envueltos más de una decena de países. Y por tanto, gran cantidad de legislaciones, reglamentos y autoridades. Una confusión del que se aprovechan los piratas del pescado, según Deon Burger, de Interpol.

Las capturas de pescado ilegales u opacas (no registradas o no documentadas) podrían tener un valor comercial por encima de los 20.000 millones de euros al año, según las estimaciones que maneja la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura).  Eso sin contar el daño que ocasionan estas prácticas irregulares a los bancos de peces al sobreexplotarlos —el 31% de los stocks mundiales está siendo utilizado de forma insostenible, de acuerdo con la misma fuente— y al medio ambiente, por ejemplo al abandonar las redes en su huida cuando son descubiertos.

El valor comercial de las capturas ilegales se estima en 20.000 millones de euros al año

A medida que crece la conciencia de esta lacra, que perjudica especialmente a la economía de las naciones insulares en desarrollo, aparecen iniciativas para estrechar el cerco a los fugitivos. "Un control adecuado es vital para mantener los recursos marinos y combatir estas prácticas", insistía el miércoles, Alberto López Asenjo, secretario general de Pesca de España. Todo ese arsenal de armas contra los forajidos pesqueros ha estado presente en la Conferencia de los Océanos que se celebra esta semana en Nueva York. Desde la necesaria retirada de subvenciones a quienes pescan irregularmente, al control por satélite de las naves, la trazabilidad de los productos o la inspección de los barcos en puerto.

"Es cuestión de acumular obstáculos que lo pongan difícil", opina el director general de la FAO, José Graziano da Silva. "Y por primera vez tenemos un acuerdo que obliga a los países y les permite hacer la inspección de cualquier barco que atraque en sus puertos", se felicita respecto al tratado suscrito por una cincuentena de Estados que busca cerrar los muelles a los piratas. Graziano apuesta por regular también altamar, ya que muchos de estos operadores irregulares se transfieren la carga en aguas abiertas para evitar el control portuario. "Sigue siendo un territorio salvaje, sin regulación, sobre el que hace falta otroacuerdo". 

Cerrar los puertos

La idea del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), es que los pescadores ilegales no puedan descargar su mercancía en ninguna instalación portuaria de los países firmantes. Y que unos y otros se avisen para identificar a los piratas y ponérselo lo más difícil posible.

"Ahora lo más importante es implementar el acuerdo, que permitirá a los países ejercer realmente su soberanía sobre las aguas", defiende el director general de la FAO, José Graziano da Silva, en referencia a dar a los Estados los medios para aplicar el pacto, que entró en vigor hace un año. "Pero también trabajamos en medidas complementarias, como el tratado para la identificación de los barcos o el código de conducta responsable", ha explicado.

Hay muchos países en desarrollo que no tienen normas adecuadas para aplicar el PSMA y en ocasiones carecen hasta de puertos apropiados o inspectores con la formación suficiente. "Países como Palaos asumimos las obligaciones, pero necesitamos ayuda", reclamaba en Nueva York Umiich Sengebau, ministro de Recursos Naturales de este archipiélago de Oceanía.

El problema con cualquiera de estos pactos es que mientras haya países que no colaboren e intercambien información, mientras no se cierre la red, los ilegales encontrarán vías de escape, como admiten con la boca pequeña muchos participantes en la conferencia. Y algunos de los peces gordos, como China (con la mayor flota pesquera de altamar del mundo), no parecen predispuestos a sumarse siquiera a las declaraciones de buenas intenciones. De hecho, su presencia ha pasado prácticamente desapercibida en esta cumbre.

Indonesia, en cambio, ha querido hacer ruido. El país del Sudeste asiático enarbola con fuerza la bandera antipirata y no duda en hundir con explosivos los barcos a los que sorprende actuando de forma irregular en su jurisdicción. "Nuestra Constitución lo permite y así mandamos un poderoso mensaje", dice su ministra de Pesca, Susi Pudjiastuti. En Nueva York, la delegación indonesia ha repetido una y otra vez que los pescadores ilegales casi nunca son solo eso. "Son criminales internacionales que aprovechan las oportunidades de la pesca. Pero hay contrabando, tráfico de drogas y personas, abusos de todo tipo...", reiteraba Pudjiastuti.

Y la lucha contra el crimen organizado requiere esa ansiada colaboración internacional y "una gran voluntad política", según la ministra indonesia. "Si hay gente que sigue sobrepescando irregularmente es porque creen que se van a salir con la suya", decía Jorge Ríos, de Unodc (la oficina de la ONU contra el crimen). Aprovechan esos vericuetos legales sobre qué es pesca ilegal y qué se persigue en cada sitio. Por eso, y dado que generalmente no es la única irregularidad que cometen, Ríos apostaba por emular a quienes hicieron caer al famoso gángster Al Capone y atacar a los mafiosos del mar por cualquier vía posible, ya sea fraude documental, falta de seguros, o estafa.