Cuando el PP intenta que el que la hace NO la pague
El partido ha pedido la anulación del 'caso Gürtel' y de la comisión sobre corrupción en Madrid
La entrada en prisión del expresidente popular de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acusado de corrupción, es una muestra, según Mariano Rajoy, de que “el que la hace la paga”, tal y como afirmó en la madrugada del miércoles en Montevideo. La frase, una afirmación que como mínimo el presidente de Gobierno usa desde 2014, contradice algunas actuaciones del Partido Popular y del Ejecutivo de Rajoy, que han intentado con ciertas maniobras evitar que el que la haga, la pague. Estos son algunos ejemplos ocurridos en el último año:
‘Caso Gürtel’
Sin necesidad de retroceder a los tiempos en los que el Partido Popular puso a trabajar al ex ministro de Defensa Federico Trillo para evitar que el caso Gürtel salpicara a los populares, hay un ejemplo mucho más cercano sobre los intentos del PP de eludir la responsabilidad en los tribunales. El pasado 5 de octubre, el PP pidió la anulación radical de la investigación judicial sobre la trama que dirigía Francisco Correa y en la que el partido está considerado partícipe a título lucrativo, ya que las comisiones ilegales de la red sirvieron para sufragar gastos de campaña del PP en las elecciones municipales de 2003. Es la misma línea de defensa de algunos de los acusados más importantes de la trama, como el extesorero del PP Luis Bárcenas y el número dos de la red corrupta, Pablo Crespo.
El abogado del PP, Jesús Santos, denunció la “plena indefensión” que, según su criterio, había padecido el partido de Rajoy, ya que se desconocían los hechos concretos que se le atribuyen.
Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno de Rajoy, que entró en vigor el 7 de diciembre de 2015 y establece límites máximos de seis o 18 meses para la instrucción de sumarios, fue duramente criticada por jueces y fiscales de distintas ideologías al considerarla una “ley de punto y final”. En un comunicado conjunto, seis asociaciones de jueces y fiscales criticaron que la norma ponía a los jueces de instrucción “en un delicado papel en el que, dirigiendo ellos la instrucción, carecen de la capacidad para prolongarla en el tiempo, si no es tras la petición del fiscal”, el único que puede pedir la prórroga. Puesto que la norma no establece un aumento del presupuesto para concluir la instrucción de los sumarios en el tiempo previsto, las asociaciones consideraron que la ley iba a llevar a “la impunidad de hechos delictivos”.
Una de las consecuencias de la ley, cuya reforma para aumentar los plazos de instrucción fue bloqueada por la mayoría del PP en el Senado el pasado febrero, fue el sobreseimiento en enero del caso Pasarela, en el que podía verse implicado el ya expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. El juzgado de Instrucción número 3 de Lorca tomó la decisión porque en los seis meses que establece la ley no se habían realizado diligencias para investigar los hechos. Según el auto judicial, nadie pidió que la causa fuese declarada compleja, lo que le habría otorgado más tiempo para la investigación.
Bloqueo de comisiones de investigación
Además de las comisiones de investigación sobre tramas corruptas que el Partido Popular ha bloqueado en el Congreso –entre ellas, una sobre las finanzas del PP tras conocerse el contenido de los papeles de Bárcenas-, hay un caso más reciente, precisamente en la Comunidad de Madrid. El pasado enero, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, solicitó un informe sobre las garantías jurídicas de la comisión que investiga la corrupción política en la comunidad para estimar si se podía aplicar la misma doctrina de una sentencia que había anulado una investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid al considerar que la comisión municipal no tenía un objeto concreto, sino genérico. Es decir, Adrados quería demostrar que la comisión de la Asamblea de Madrid investigaba, en general, la corrupción pero no un caso concreto, para pedir su anulación.
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