Bruselas alienta las filtraciones secretas

El chivatazo se ha convertido en una de las herramientas más populares para atajar las prácticas anticompetitivas en Bruselas. La Comisión Europea ha sacado grandes réditos de un sistema de delación que rebaja —o elimina por completo— la multa a las empresas implicadas en carteles cuando deciden denunciarlos. Competencia va ahora un paso más allá y pone a disposición de todos los ciudadanos una plataforma para alertar, de manera anónima, de prácticas que vulneren el libre mercado.

La comisaria del ramo, Margrethe Vestager, anima así a todos los europeos a convertirse en filtradores bajo el paraguas de la confidencialidad. La herramienta está disponible en una página web de la Comisión y permite dos tipos de denuncias: con identificación o de manera anónima. “Quienes estén preocupados por prácticas empresariales que consideren impropias pueden contribuir a corregir la situación”, defendió Vestager en un comunicado.

El anunció llegó pocas horas después de que el gran héroe de las filtraciones en la UE, Antoine Deltour, recibiera un jarro de agua fría en Luxemburgo. La justicia de ese país mantuvo la pena de cárcel —aunque reducida a seis meses— al consultor que desveló la trama de evasión fiscal de grandes multinacionales afincadas en Luxemburgo, conocida como Luxleaks. Los partidos de izquierda y las organizaciones de derechos civiles destacaron el contrasentido que supone condenar a quien ha desvelado una estrategia que priva a las arcas públicas europeas de miles de millones gracias a acuerdos fiscales más que ventajosos para esas compañías (y por tanto, discriminatorios para los competidores). Como ejemplo de supuestos a los que se dirige ese nuevo imán para filtradores, la Comisión cita acuerdos de fijación de precios o de amaño de licitaciones. Pero Bruselas no excluye ninguna hipótesis; investigará cualquier información relevante que pueda recibir por esa vía. Quizás figuras como Deltour se acojan a esta plataforma secreta antes que sufrir el escarnio de los tribunales por denunciar negocios turbios entre Estados y empresas.