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El espejismo de la estabilidad

Mariano Rajoy no dispone de un pacto que le permita garantizar la aprobación de los Presupuestos del Estado

Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa al término de la reunión de Bruselas de los líderes de la Unión Europea (UE).
Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa al término de la reunión de Bruselas de los líderes de la Unión Europea (UE). EFE

Una de las percepciones políticas más curiosas de los últimos tiempos es la imagen de estabilidad que ofrece el Gobierno de Mariano Rajoy, pese a que es, seguramente, el más inestable de la reciente democracia y uno de los que tendrá más difícil cumplir la legislatura. Lo que sucede es que existe una confusión notable entre la estabilidad del Ejecutivo, que no existe, y la del país, que es asombrosa: resistió nada menos que doscientos y pico días sin Gobierno y creciendo a más del 2%, y ahora va a resistir otra temporada, hasta que el PSOE resuelva sus problemas, sin oposición parlamentaria y con un Gobierno en minoría, incapacitado para aprobar leyes. Todo un récord de anomalías en una democracia occidental.

La cuestión es que el Gobierno de Mariano Rajoy no dispone de un acuerdo de legislatura, ni tan siquiera uno de gobernabilidad, que le permita garantizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por extrañas circunstancias, ese hecho, tan definitorio en cualquier democracia de la estabilidad de un Gobierno, parece ignorarse en España, primero por los interesados, pero también y de manera más sorprendente por la oposición. El resultado de esta confusa situación es que los ciudadanos tienen una información borrosa; creen pisar roca, cuando andan sobre arena.

No hay roca. Estamos en marzo y no hay Presupuestos para 2017. Se supone que la Administración del Estado funciona con la prórroga de las cuentas de 2016, pero esa prórroga tiene dos problemas: impide adecuar la acción del Estado a las nuevas circunstancias económicas y a los compromisos con la Comisión Europea, y, segundo, no es posible estirarla por los siglos de los siglos, es decir, otra vez en 2018. Incluso las anomalías españolas tienen un límite. Cuando se llega ahí, la única solución es convocar nuevas elecciones, algo para lo que estará capacitado legalmente Mariano Rajoy a partir de mayo próximo.

La cuestión es que para pisar roca, llegar al final de la legislatura y aprobar los Presupuestos al menos en 2018, Rajoy necesitaría en algún momento el apoyo del PSOE. Es una maniobra difícil, que depende de muchos imponderables, entre ellos la identidad del nuevo/a dirigente socialista y del resultado del congreso de junio. Aunque esté circulando casi como una amenaza en boca de populares y de socialistas anti-Sánchez, lo cierto es que la eventual elección de ese candidato como secretario general aconsejaría al PP la rápida convocatoria de unas nuevas elecciones, aprovechando la fisura en el PSOE. La victoria de otro candidato atrasaría el proceso, pero no lo esquivaría, porque ¿qué secretario general socialista va a atreverse a no presentar una enmienda a la totalidad de un presupuesto popular?

Claro que siempre existe otro escenario posible: Mariano Rajoy puede intentar sumar a su actual (e inestable) pacto con Ciudadanos a Coalición Canaria (un escaño) y al PNV (cinco). Lograr el apoyo del PNV no es fácil: pasa por un nuevo cálculo del cupo, la cantidad que la Hacienda vasca abona al Estado español, después de recaudar la gran mayoría de los impuestos, como pago por servicios recibidos (defensa, exteriores, etcétera). Esa cifra está desfasada desde hace años, claramente en perjuicio de la Hacienda estatal. La propuesta del PP tendría que agradar mucho al PNV (y desagradar en igual medida a sus propios militantes) para animarle a dar ese paso, pese a la complicación que supone el escenario catalán. Quizá fuera posible, pero entonces, si Rajoy pudo haber negociado un acuerdo con el PNV, ¿por qué no lo hizo antes de la investidura, en lugar de exigir la abstención del PSOE? Las arenas proceden mucho más de esa decisión que de las urnas.

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