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Ruido judicial y fiscal

La discutible decisión sobre Urdangarin se agrava por las sospechas sobre la fiscalía

Urdangarin
Inaki Urdangarin sale libre de la Audiencia de Palma, el 23 de febrero. REUTERS

Iñaki Urdangarin no ingresará en prisión. Es lógico que así sea, pues el fiscal no solicitaba tal medida y tampoco había razones que aconsejaran desviarse de lo que es habitual en estos casos: que el ingreso en prisión no tenga lugar hasta que la sentencia sea firme.

Más anómalo parece, sin embargo, que se le permita continuar residiendo en Suiza y se le autorice a comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial competente de ese país, al tiempo que se le indica que habrá de comunicar todo desplazamiento que realice “fuera del espacio de la Unión Europea”. Precisamente ocurre que Suiza no forma parte de la UE. Iñaki Urdangarin es un español que vive en ese país no por especial arraigo en el mismo, sino por una decisión personal y familiar adoptada hace pocos años vinculada con los procesos abiertos contra él y su deseo de salir del foco público. Por eso, el efecto práctico de la medida judicial es el de una ventaja difícil de justificar a quien ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel, por recurrible que esta sea.

Es verdad que en España se abusa de la prisión provisional en otras muchas causas y es correcto que las jueces de Palma no hayan seguido ese camino. Además rechazan de plano la fianza que había pedido Pedro Horrach, el fiscal del caso, que en los días previos se había prodigado ante los medios de comunicación en titubeos y en los “no descarto” sobre cuál iba a ser su actitud, en vez de guardar la discreción que habría convenido tras su polémica conducción del caso Nóos.

El contexto en que se ha producido la decisión sobre Urdangarin añade gravedad a lo sucedido ante la opinión pública. Acaba de producirse el relevo de 28 titulares de órganos clave del ministerio público, entre ellos el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, que se había querellado contra el presidente de esta comunidad por presuntos delitos cometidos en el caso Auditorio y que ahora denuncia en público las intimidaciones y presiones vividas en coincidencia con la investigación de casos de corrupción y el desamparo del que han sido víctima él y algunos de sus compañeros.

El propio relevo de tantos titulares de fiscalías clave, algunas tan sensibles como la de Anticorrupción y la jefatura de la fiscalía de la Audiencia Nacional, exige una explicación. El fiscal general, José Manuel Maza, está obligado a dar cuenta de las razones de tales cambios, más allá del argumento formal de que habían vencido los plazos para hacerlo y que nombrar a otras personas entra dentro de sus competencias. El ministerio público es un órgano constitucional que depende jerárquicamente del fiscal general —a su vez nombrado por el Gobierno—, que debería ser una garantía para los ciudadanos. Lejos de ello se ha convertido en una fuente de desconfianzas, dadas las continuas sospechas sobre intervenciones del Ejecutivo.

La justicia debe expresarse a través de la solidez de sus procedimientos y sentencias, no a través de los medios de comunicación ni de las opiniones personales de aquellos que tienen encomendada impartirla o instar la investigación desde el Gobierno. El ruido continuo y las interferencias políticas en nada contribuyen a prestigiarla ante la ciudadanía.

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