Salvar el empleo

Los problemas del mercado laboral español están sobrediagnosticados. La tasa de paro se reduce paulatinamente, gracias a la contratación temporal y al descenso de la población activa, pero persisten dos problemas, hasta ahora irreductibles, sumamente dañinos para la estabilidad social: el elevado desempleo entre los jóvenes y la incapacidad del mercado para absorber el volumen de parados mayores de 45 años. Es un mercado dual, con una parte de contratos estables y otra, creciente, de empleo precario. Las rentas del trabajo disminuyen su participación en la renta total, una parte importante de los jóvenes —con independencia de su nivel de estudios— está abocada a la subcontratación, el desempleo o la emigración y los parados de larga duración se van aproximando a condiciones pobreza.

Estas serían las consecuencias de la crisis de 2007 y de la recesión subsiguiente, de la que España acaba de salir. Pero sobre el empleo actúa también un movimiento estructural, la mejora tecnológica (mecanización, digitalización y robotización) que augura una pérdida significativa de empleos en los próximos diez años. Los hábitos de empleo y renta resultarán profundamente modificados (menos asalariados estables, más autónomos, precariedad rotatoria en el empleo disponible) y una dualización social peligrosa a efectos políticos. Mientras se confirman o se descartan a medio plazo los riesgos del empleo tecnológico, hay que tomar decisiones legales con diligencia; porque a corto plazo el mercado laboral es un grave problema para el crecimiento económico y para la gestión de las empresas.

El primer paso debería ser una reconsideración en profundidad de la reforma laboral aprobada por el primer gobierno de Rajoy. La prioridad hoy es limitar la dualidad del mercado de trabajo, en línea con las sugerencias del acuerdo PP-Ciudadanos, simplificando los modelos de contración vigentes. Hay que garantizar el mayor grado de estabilidad posible; para conseguirlo, habrá que recurrir a fórmulas puras o mixtas basadas en el contrato único (respetando los derechos de la contratación actual) e incorporar fórmulas que han funcionado bien en otros países.

El modelo austríaco (el trabajador acumula una capitalización que traslada a cada cambio de empleo) o el modelo alemán, según el cual el Estado para una parte del salario del trabajador para que una empresa con dificultades no lo despida. Que estos procedimientos u otros similares no se hayan considerado en España (con sus correspondientes adaptaciones) con el pretexto de que aquí las condiciones económicas son muy diferentes es una broma de mal gusto. Tan pesada al menos como la estéril presencia de las oficinas de empleo de Trabajo, limitadas a registrar altas y bajas, cuando deberían ser fuentes activas de búsqueda de empleo para los parados.

El mercado laboral español es precario y desorganizado; sobre él pesa además la amenaza de un cambio global en el paradigma del empleo; y ya es evidente que la legislación laboral española, empezando por la reforma de Rajoy, es un obstáculo más que un acicate para la creación de empleo. La deducción es lógica: esta legislatura, corta o larga, debería adecuar la contratación al modelo de empleo que viene.