Justicia para los guardianes de la naturaleza

Actúan como guardianes de los recursos naturales, pero muchas veces son presentados por las corporaciones a las que desafían como peligrosos criminales que atentan contra el desarrollo y el progreso del país. Cuando esto ocurre, su vida está en serio peligro. Significa que las amenazas previas no han surtido efecto y se está preparando el terreno para justificar su desaparición. Así ha ocurrido en muchos casos documentados por la ONG Global Witness. A otros los asesinan en cuanto dan los primeros pasos, para evitar que los focos mediáticos se centren en sus actividades ilícitas. Pero el objetivo es siempre el mismo: silenciar sus voces.

A medianoche del pasado 2 de marzo un grupo de hombres armados irrumpió en la casa donde se alojaba la activista Berta Cáceres en La Esperanza (Honduras) y disparó sobre ella hasta causarle la muerte. Se había opuesto a la presa de Agua Zarza y su larga trayectoria como activista ambiental en defensa de los derechos de los indígenas le había valido el premio Goldman de Medio Ambiente. Para sus asesinos, su notoriedad pública no fue ningún obstáculo. A la memoria de Berta Cáceres dedica Global Witness su último y escalofriante informe en el que constata que 2015 ha sido el peor año de la historia: 185 activistas asesinados (de los que se tengan noticias), 69 más que el año anterior. El 66% en países latinoamericanos. Brasil, con 50 asesinatos, Filipinas, con 33, y Colombia, con 26, encabezan el macabro listado.

Pese a que ha crecido la conciencia ecológica y muchos países han aprobado normas protectoras del medio ambiente, la defensa de la Tierra es una actividad cada vez más peligrosa. Global Witness lleva contabilizados desde 2002 un total de 1.176 asesinatos, lo que da idea de la progresión: las 185 muertes del año pasado suponen un 59% más que en 2014. Cuanto mayores son los intereses amenazados, mayor es también el riesgo. El aumento de asesinatos indica que crece el volumen económico de las actividades extractivas. Un dato ilustra esta relación: buena parte de las muertes producidas en Brasil tiene que ver con la deforestación ilegal de la selva amazónica. Se estima que el 80% de la madera procedente de ese país ha sido talada ilegalmente y representa el 25% de toda la madera que se comercializa en el mundo.

El segundo gran sector de riesgo es la minería. Defenderse de las compañías que pretenden explotar las minas de sus tierras ancestrales ha sido la causa, por ejemplo, de la persecución que han sufrido los indígenas del pueblo lumad, en la región de Mindanao, Filipinas. Más de 3.000 nativos se han visto obligados a abandonar sus hogares y 25 de sus activistas y defensores fueron brutalmente asesinados el año pasado. Pese a que hay numerosos testigos, los asesinos no fueron detenidos. Esta es otra constante de este triste relato. Desde 2002, Global Witness solo ha tenido constancia de 10 condenas. La inmensa mayoría de las muertes quedan impunes. Las autoridades no solo son incapaces de evitar estos asesinatos, sino que tampoco garantizan que se haga justicia.