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EDITORIAL

Toda la verdad

CC OO tiene que explicar sus cuentas para evitar un golpe a la credibilidad sindical

Las cuentas internas de Comisiones Obreras, según las cuales la federación de banca repartió 3,7 millones de sobresueldos entre sus delegados desde 2008 a 2014 y en las que aparecen cuantiosas partidas de gastos en viajes y restaurantes de lujo (más de 14 millones), exigen una inmediata explicación pública por parte del sindicato. Hace falta, además, la lógica apertura de una investigación interna que aclare no solo las razones de los sobresueldos y de los gastos suntuarios sino también las relaciones entre la federación de banca (Comfia) y las entidades financieras en las cuales desarrollaba su función sindical.

Para un ciudadano medianamente informado es difícil evitar la percepción, a la vista de lo publicado este domingo y este lunes por EL PAÍS, de que puede existir una connivencia poco clara entre el sindicato y los grupos bancarios, va más allá de las relaciones profesionales y sindicales habituales; además de un sistema irregular de retribución de los delegados y un uso abusivo de los recursos sindicales (perciben, no se olvide, dinero público para su funcionamiento), que recuerda, salvando las distancias, a los dispendios desvergonzados de las tarjetas negras de Caja Madrid.

Hasta el momento, la respuesta oficial del sindicato oscila entre lo inexistente y lo insuficiente. No es aceptable justificar sobresueldos superiores a los 20.000 euros en nombre de una genérica “actividad sindical”; la retribución de los representantes sindicales no tiene por qué ser diferente de la de cualquier trabajador, afiliado o no. La explicación de esas cuentas alarmantes es crucial para determinar si lo que ha pasado en CC OO es que su federación de banca se ha sumado a un proceso de financiación irregular (similar al detectado en algunos partidos) y que cuestiona el ejercicio de las responsabilidades democráticas, o si se trata de un error coyuntural que puede ser corregido con una decisión drástica de la dirección del sindicato.

En cualquier caso, las opciones están claras: o la dirección del sindicato recurre a maniobras dilatorias —minusvalorar o disculpar los hechos conocidos—, o toma el camino de una explicación contundente, autocrítica y radical que depure las responsabilidades correspondientes (si ha lugar) y modifica las estructuras organizativas y de control interno.

Las lecciones de la madeja de los ERE en Andalucía y de los casos de recursos obtenidos de forma dudosa a través de cursos de formación deberían dar una pista a CC OO de que la financiación sindical está bajo atento escrutinio de los ciudadanos y de los tribunales; pero lo que tendría que preocupar más a Comisiones es la pérdida de credibilidad de los aparatos sindicales. El razonamiento que atribuye la corrupción y el abuso a “personas” o “grupos” que manchan el intachable comportamiento de las organizaciones solo es aplicable cuando las instituciones afectadas clarean sus cuentas, explican sus errores y demuestran que quieren corregirlos. CC OO tiene, todavía, esa oportunidad.

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