Reservas naturales en manos privadas

Un mensaje atribuido al Gran Jefe Seattle, de la tribu india Dewamish, se preguntaba: “¿Quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Para nosotros, esa idea es extraña. Ni el frescor del aire ni el brillo del agua son nuestros. ¿Cómo podría alguien comprarlos?”. El discurso, del que nadie ha encontrado el original y que muy posiblemente fue inventado posteriormente, habría sido según la leyenda enviado por carta en 1855 al presidente de EEUU, Franklin Pierce, como respuesta a una oferta para comprar las tierras de los Dewamish. Es falso casi con certeza, pero es tan emotivo que se considera uno de los textos fundacionales del ecologismo.

Sin embargo, la realidad es que el frescor del aire y el brillo del agua en este planeta a menudo son de alguien y el movimiento ecologista está empezando a cambiar el mítico discurso del Gran Jefe Seattle. Las propias organizaciones conservacionistas, al igual que empresas y grandes millonarios, están comprando tierras para protegerlas y sus propiedades ya se consideran “un componente esencial” para lograr el objetivo internacional de proteger el 17% de la tierra del planeta en 2020, según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Uno de los mayores ejemplos de estas áreas bajo protección privada es el Parque Karukinka, en la isla de Tierra del Fuego, en el sur de Chile. Son 298.000 hectáreas de tierras de albatros y elefantes marinos que pertenecieron a la maderera estadounidense Trillium. Pero la empresa quebró y, en 2002, el banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs compró un paquete de deuda impagada —un aval entregado cuando no se pagó un préstamo— en el que figuraba la enorme extensión en Tierra del Fuego. En un gesto con pocos precedentes, facilitado porque eran tierras aisladas y poco rentables, el banco decidió donarlas a la ONG estadounidense Wildlife Conservation Society. Hoy es uno de los parques privados más grandes del mundo.

Uno de los parques privados más grandes del mundo, Karukinka (Chile), fue donado por el banco estadounidense Goldman Sachs

“La Lista de Áreas Protegidas de Naciones Unidas [con un total de 209.000 reservas catalogadas] solo contempla un 0,3% de áreas bajo protección privada. Yo estoy segura de que son muchas más”, opina la consultora ambiental británica Sue Stolton, coautora del nuevo informe. Las reservas privadas más desconocidas son las que son propiedad de empresas y la UICN quiere sacarlas a la luz y atraerlas a la comunidad internacional de conservación de la naturaleza.

Una de las más conocidas es la Laguna Conchalí, 54 hectáreas de humedales localizadas en Punta Chungo (Chile), un puerto de embarque en el Pacífico para el mineral extraído por la empresa minera Los Pelambres. Cuando la compañía, séptima productora mundial de cobre, compró el lugar en 1997, la autorización ambiental le obligó a proteger la laguna costera que estaba en su interior. En la actualidad es un área clave para aves migratorias del hemisferio norte.

El informe también recuerda el caso de la cementera francesa Lafarge, que ha creado reservas naturales dentro o cerca de sus canteras en países como Francia, Reino Unido, Kenia y España, donde 230 hectáreas de la cantera de Yepes y Ciruelos, en Toledo, son dedicadas ahora a recuperar los ecosistemas que existían antes de ser destruidos por la explotación minera.

“Hasta la fecha, la gran mayoría de las áreas protegidas han sido establecidas en tierras y aguas estatales”, afirma el mexicano Ernesto Enkerlin, presidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, en el informe, presentado en el Congreso Mundial de Parques que se celebra en Sidney (Australia). Pero estas reservas públicas, asegura, “no serán suficientes por sí solas” para cumplir el objetivo de proteger el 17% de la tierra en 2020.

El informe calcula que en España existen 310.000 hectáreas protegidas en manos privadas

El documento de la UICN reconoce que “nadie sabe cuántas áreas bajo protección privada hay en el mundo o donde están situadas”. Su informe, que analiza 17 países, es el primero que intenta cuantificarlas y localizarlas. La organización calcula que en España existen 310.000 hectáreas protegidas en manos privadas. La Fundación Catalunya-La Pedrera posee 24 espacios naturales, algunos de ellos en Pirineos y en el delta del Ebro, que forman “la mayor red bajo propiedad privada de España”, según escribe en el informe el biólogo Miquel Rafa, director de Medio Ambiente de la Fundación.

Esta organización, creada por la caja de ahorros Caixa Catalunya e independizada en 2012, posee 7.400 hectáreas, que gestiona en parte con el millón de euros que recibe de los visitantes de La Pedrera, el edificio diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí en Barcelona.

“Las áreas bajo protección privada a menudo constituyen un recurso oculto, son ignoradas por los gobiernos”, lamenta el brasileño Braulio Ferreira, secretario ejecutivo del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, el tratado internacional que obliga a proteger el 17% de la superficie terrestre de los países. “Esto es lamentable porque, como muestra este informe, los esfuerzos privados de conservación a menudo pueden llenar importantes vacíos en las políticas nacionales” y “pueden ayudar a mantener posiciones firmes cuando los gobiernos no cumplen su función”, añade.

Esto es lo que ocurrió en la Sierra de Hornachos, una isla de bosque mediterráneo en el corazón de la provincia de Badajoz. Allí, a finales de la década de 1970, la ONG extremeña Adenex comenzó a detectar talas de encinas centenarias, proliferación de proyectos para construir chalés y caza sin control. En 1984, tras una campaña de captación de fondos, la ONG compró en la sierra una finca de 100 hectáreas que hoy constituye el núcleo de la Reserva Biológica de Sierra Grande.

La Iglesia Católica posee algunos sitios naturales, manejados en forma privada como un negocio turístico, dice el biólogo Miquel Rafa

En la actualidad, Adenex es dueña de 1.724 hectáreas en diferentes sitios naturales de Extremadura, una superficie próxima a las 2.000 hectáreas que posee la organización conservacionista SEO/Birdlife. La joya de esta organización es la Reserva Ornitológica El Planerón, 700 hectáreas compradas en 1992 para proteger el hábitat de aves esteparias como la alondra ricotí y la ganga ibérica.

El biólogo de la Fundación Catalunya-La Pedrera recuerda que, en España, la mayor parte de las áreas protegidas “generalmente está en manos privadas”. En 2008, apenas el 39% de las áreas protegidas eran de propiedad pública, según sus datos. “Sin embargo, en la actualidad no existen programas o fondos específicos para comprar tierras nuevas y la situación económica actual ha eliminado cualquier presupuesto que estuviera disponible para esta actividad, tanto en el Gobierno central como en los gobiernos autonómicos”, recalca. En estas condiciones, opina, “el rol de las áreas de protección privada en España podría cobrar una importancia aún mayor en la protección de la biodiversidad”.

El informe presentado en Sídney define por primera vez los requisitos que debe cumplir una propiedad privada para considerarse área protegida. Entre otras exigencias, los propietarios deben demostrar que su propósito fundamental es la conservación a largo plazo, al menos 25 años. No se pide que estén abiertas al público. Así, un rancho sudafricano en el que se mate a los depredadores para mantener artificialmente una alta densidad de animales salvajes para los turistas, no sería considerado un área protegida.

Solo dos países, Brasil y México, cuentan con bases de datos de áreas bajo protección privada

“La Iglesia Católica posee algunos sitios naturales, los cuales son manejados en forma privada como un negocio turístico (por ejemplo el Monasterio de Piedra en Zaragoza y Sant Miquel del Fai en Barcelona) pero, pese a que se realiza cierta conservación de los valores naturales dentro de estas áreas, probablemente no cumplen la definición de área protegida”, detalla Miquel Rafa en el informe.

En la actualidad, solo dos países, Brasil y México, cuentan con bases de datos de áreas bajo protección privada. España está haciendo la suya. En México, rozan las 490.000 hectáreas, el 0,25% de la superficie terrestre del país. En Brasil, 1.100 reservas privadas protegen más de 700.000 hectáreas, por motivos que incluyen el turismo, la exención de impuestos y el lavado de imagen, además de la satisfacción personal y la conservación de especies amenazadas.

Brent Mitchell, responsable del programa de áreas bajo protección privada de la UICN, afirma que uno de sus objetivos es “conseguir el reconocimiento global” para estos espacios, que en ocasiones se enfrentan a la oposición de la población local. Así ocurrió en la década de 1990, cuando el estadounidense Douglas Tompkins, fundador de la empresa de ropa de montaña The North Face, compró unas 300.000 hectáreas de tierras en el sur de Chile con la declarada intención de proteger la flora de sus bosques templados. La propiedad provocó polémica entre los ciudadanos, porque se extendía desde la costa del Pacífico hasta la frontera argentina, dividiendo de alguna manera el país en dos. Hoy es el Parque Pumalín, gestionado por una fundación chilena y declarado Santuario de la Naturaleza en 2005 por el entonces presidente Ricardo Lagos.