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ESPACIOS PROTEGIDOS

El PP pide ahora consenso para evitar que se cace en Parques Nacionales seis años más

La oposición exige en bloque la retirada de la prórroga de los populares. Grupos ecologistas solicitan que se prohíba la caza en 2018

Ciervos rojos en el Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real) . Ampliar foto
Ciervos rojos en el Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real) . Cordon Press

El Partido Popular aceptará eliminar la prórroga que permite cazar en Parques Nacionales hasta 2020 y que el mismo partido introdujo hace unas semanas si todos los grupos del Senado se ponen de acuerdo en pedirlo. Así lo ha explicado hoy el senador del PP Vicente Aparici tras reunirse con las organizaciones ecologistas.

"Los grupos ecologistas nos han presentado una propuesta en la que se mantiene el plazo límite actual y estamos dispuestos a llegar a ese nuevo acuerdo siempre y cuando lo acepten todos los grupos políticos”, ha asegurado el senador por Castellón. Representantes de Seo/Birldlife, Ecologistas en Acción y WWF presentaron esta tarde a los grupos, incluido popular, un borrador de propuesta transaccional que limitaría la prórroga a 2018.

El mes pasado el PP introdujo la polémica enmienda 278 que suponía prolongar sin límite la caza dentro de las reservas naturales de mayor protección en el país. La enmienda beneficiaría a propietarios de fincas dentro de parques como el de Cabañeros y en las que poseen fincas empresarios como Los Albertos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, o el naviero Alejandro Aznar, dueño de una flota de petroleros y marido de Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios. Tras la polémica desatada por esta enmienda, el PP introdujo otra en la que limitaba esa prórroga de caza hasta 2020, algo que no contenta a los ecologistas. Los propios directores de parques nacionales se han rebelado contra norma.

El texto propuesto a los ecologistas, al que ha tenido acceso Materia, da un plazo máximo de "cuatro años" a partir de la entrada en vigor de la nueva ley para solucionar el problema. "En los casos en que la adecuación afecte a derechos de terceros, las Administraciones Públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios o en su defecto, aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos", dice el texto. Este también declara "de utilidad pública la supresión y usos incompatibles" dentro de los parques, como, por ejemplo, la caza, la minería o la construcción de instalaciones industriales o recreativas. El plazo de cuatro años llevaría la prórroga hasta 2018. La razón es incluir el mismo plazo que recogen otros artículos de la nueva ley de parques y lo mantiene para que sea más fácil cambiar la enmienda en cuestión, señalan desde Ecologistas en Acción.

La enmienda está recogida en la nueva ley de Parques Nacionales, que se vota mañana en el Senado. Si finalmente no se llegase a un acuerdo de todos los grupos, se presentaría a votación la enmienda 278 según se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente de la cámara alta y que recoge esa prórroga hasta 2020, ha dicho Aparici. “Llegados a ese límite temporal, el propio texto de la nueva ley dice que habría que actuar” para acabar con la caza y otras actividades incompatibles con la legislación que debe regir en un Parque Nacional, ha dicho el senador.

Ley "inconstitucional"

Unas horas antes, todos los grupos de la oposición se unieron a las organizaciones ambientalistas para reclamar que se frene la enmienda. Miembros de PSOE, IU, ICV, CiU, Entesa y Grupo Mixto criticaron duramente diferentes aspectos de la nueva ley y la polémica enmienda. El senador del PSOE Miguel Fidalgo dijo que la modificación se ha hecho "para dar satisfacción a compromisos personales de Rajoy y Cospedal", a pesar de que "las comunidades autónomas, los municipios, los directores de los parques y el mundo científico se han mostrado en contra". Pere Maluquer, de CiU, ha considerado que el texto es “inconstitucional” y Joan Sabaté, de Entesa, ha recordado que el Consejo de Estado "ha pedido reconsiderar todo el texto".

“El objetivo de la reforma era consolidar y coordinar la red de parques, pero el texto va en la dirección contraria”, explicó Asunción Ruiz, portavoz de SEO/ BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF. La nueva ley, dijo, “está repleta de excepciones que permiten actividades incompatibles con la protección”. Las tres organizaciones siguen en reuniones con los diferentes grupos para intentar conseguir un consenso de cara a la votación de mañana.

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