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Tiempo de esperanza para la lucha por la tierra en Paraguay

Miles de familias campesinas paraguayas reivindican su derecho a vivir del cultivo de la tierra El 85% de la superficie cultivable está en manos del 2% de la población

Un grupo de familiares en el campamento de Curuguaty lucha por la liberación de doce campesinos imputados por las 17 muertes ocurridas durante un desalojo policial de los sin tierra.
Un grupo de familiares en el campamento de Curuguaty lucha por la liberación de doce campesinos imputados por las 17 muertes ocurridas durante un desalojo policial de los sin tierra.pablo tosco (oxfam intermón)

“Presidente Cartes, entréguenos la tierra porque la tierra es vida para nosotros”. Esas fueron las palabras de Rodolfo Castro, joven campesino y presidente de la comisión comunitaria de lucha por la tierra de Curuguaty, en el lanzamiento de Jóvenes sin tierra = tierra sin futuro, una campaña para exigir que la propiedad estatal de Marinakue sea entregada a las familias y jóvenes que, como él, no tienen un lugar donde vivir y trabajar.

Su frase me tocó profundamente, porque la dice alguien para quien la lucha por la tierra hasta ahora solo ha significado dolor y muerte. Rodolfo tiene un hermano muerto y dos presos y enjuiciados por exigir un lugar para levantar un techo y sembrar alimentos. A pesar de todo, su tenacidad y esperanza permanecen intactas.

Su historia es la de miles de familias campesinas paraguayas que reivindican su derecho a vivir del cultivo de la tierra y sobreviven en un país donde eso es cada vez más difícil, porque el 85% de la superficie cultivable está en manos del 2% de la población. En Paraguay, el reparto desigual de la tierra se origina a fines del siglo XIX, pero en los últimos 20 años la acelerada expansión de la producción de soja ha agravado el problema. La competencia por el suelo es agresiva y voraz y presiona, sobre todo, a quienes se dedican a la agricultura familiar y hoy se ven obligados a abandonar los cultivos que podrían alimentar al país y a sus familias. Cerca de 900.000 personas, en su mayoría jóvenes, han sido expulsadas del campo hacia las zonas urbanas en los últimos diez años.

La población campesina que pide acceso a las escasas tierras públicas disponibles en el país, vive en carne propia esa disputa por las zonas cultivables y conoce bien el calvario que supone acceder legalmente a una propiedad. Es el caso de Rodolfo y las familias y jóvenes de Curuguaty: Desde 2004 están lidiando con la burocracia para que las 2000 hectáreas de Marinakue fueran medidas y tituladas a su nombre; y mientras tanto, una empresa sojera se apropió de manera irregular y en tiempo récord de ese terreno que, siguiendo lo que dicta la Constitución paraguaya, debería ir para familias agricultoras sin tierra.

Ocho años, además de perder la tierra, muchos perdieron la vida: El 15 de junio de 2012 en Marinakue tuvo lugar un violento desalojo que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos, ocasionando incluso -una semana después- la destitución del presidente de entonces, Fernando Lugo.

Mariano Castro (50 años) es presidente de la Comisión de Víctimas de Curuguaty. De sus 8 hijos, uno murió el día de la masacre y otros dos están en prisión y recuperándose de graves heridas de bala.
Mariano Castro (50 años) es presidente de la Comisión de Víctimas de Curuguaty. De sus 8 hijos, uno murió el día de la masacre y otros dos están en prisión y recuperándose de graves heridas de bala.Pablo Tosco (Oxfam Intermón)

Jugarse la vida no es algo nuevo para el movimiento campesino organizado de Paraguay. Desde 1989, más de 120 campesinos que luchaban por la tierra han sido asesinados sin que ningún caso haya sido aclarado. Miles más son procesados por un sistema judicial que ha sido el principal promotor de la criminalización de la lucha social. Ese mismo Poder Judicial es el que, a través de un juez de la zona de Curuguaty y en un procedimiento viciado, adjudicó las 2.000 hectáreas de Marinakue a la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia Riquelme y cuyo patriarca -Blas N. Riquelme- fue senador por el Partido Colorado y amigo influyente y cercano del dictador Stroessner y quienes le sucedieron en el poder.

A pesar de la terrible situación por la que pasaron, esas familias todavía son capaces de luchar y reclamar las tierras y ya asoman los primeros frutos de su esfuerzo. El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra les ha prometido acelerar las gestiones para definir la propiedad de la tierra y el Procurador General de la República anunció que tienen un plan para recuperar las tierras malhabidas, que suman casi 8 millones de hectáreas.

Su tenacidad nos inspira, nos mueve y nos recuerda nuestra razón de ser. En Oxfam Intermón llevamos casi dos décadas apoyando a las familias campesinas que gestionan acceso a la tierra y ese trabajo nos ha hecho conocer de primera mano la desigualdad y vulnerabilidad en la que viven, pero también su increíble capacidad para resistir, perseverar y transformar sus vidas aun cuando tienen las mínimas condiciones. Esa capacidad es poderosamente inspiradora porque nos muestra que las personas pueden soñar con un futuro mejor a pesar de la privación y marginación a la que se les condena.

Es también en honor de ese poder ciudadano que lucha contra la pobreza y la injusticia que lanzamos ‘Jóvenes sin tierra = tierra sin futuro’. Con esta campaña, Oxfam Intermón, la Articulación Curuguaty -una alianza amplia de organizaciones sociales- y las comisiones de las familias afectadas por el acaparamiento de tierra en Curuguaty, apostamos por el futuro de unos jóvenes campesinos y campesinas que, como tantos miles en Latinoamérica, necesitan tierra para producir y mantener un modo de vida sostenible. Apostamos por el diálogo social entre la ciudadanía activa, las comunidades y las autoridades; un diálogo franco, claro y transparente que estamos seguros será capaz de resolver este caso y todo conflicto social.

Alcides R. Ramírez (28 años) está acusado de homicidio doloso e invasión de inmueble ajeno. Es uno de los doce campesinos imputados por las 17 muertes ocurridas durante un desalojo policial de los sin tierra.
Alcides R. Ramírez (28 años) está acusado de homicidio doloso e invasión de inmueble ajeno. Es uno de los doce campesinos imputados por las 17 muertes ocurridas durante un desalojo policial de los sin tierra.Pablo Tosco (Oxfam Intermón)

Estamos convencidos que, como hasta ahora, la solidaridad es capaz de transformar y cambiar vidas y que juntos podremos dar a conocer al mundo el caso de estas familias, debatir sobre el problema del acaparamiento de tierra en América Latina y generar un gran movimiento ciudadano que se haga escuchar por las autoridades que tienen en sus manos resolver este caso.

Lograr que la movilización local y la solidaridad global contribuyan a resolver esta demanda puede mostrar el camino para avanzar en la construcción de un Paraguay más igual y democrático, pero fundamentalmente, puede contribuir a cambiar la vida de alrededor de 200 jóvenes y sus familias a quienes hasta ahora se les ha negado la posibilidad de construir un futuro mejor.

Por eso pedimos tu apoyo a la campaña y a la petición de los jóvenes y las familias de Curuguaty. Pide al presidente Horacio Cartes, principal responsable de cuidar el patrimonio estatal paraguayo, que tome esta gran oportunidad de recuperar las tierras de Marinakue y entregarla a las familias afectadas. Con el poder de tu firma, podemos cambiar la vida de estas personas y transformar el mundo en un lugar mejor para todos y todas. No esperemos más. Es tiempo de que triunfe la esperanza, 10 años de injusticia y dolor ya son suficientes.

Oscar López es director de Oxfam Intermón en Paraguay.

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