¿Se deben patentar las plantas?
Tratados internacionales protegen los derechos de descubridores y creadores de vegetales A los agricultores y comunidades indígenas se les niega cualquier tipo de compensación por su labor de mejoramiento o por sus conocimientos tradicionales
El open knowledge (que promueve que el conocimiento sea compartido, abierto) llega al campo de la agricultura y la biología para reclamar un cambio en el sistema de protección de plantas y semillas. El movimiento Open Source Biology surgió en 2005 en Estados Unidos con el objetivo de llevar el modelo del software de código abierto al ámbito de la biología. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y qué cambios proponen?.
¿Qué está pasando?
Desde la “Revolución Verde” en 1935 se han protegido con patentes, e incluso tecnologías, todos los avances científicos para la mejora de semillas, fertilizantes y fungicidas.
La fuerza de los lobbies financiados por compañías de países industrializados y las restricciones legales que se han ido desplegando globalmente, han creado una tensión permanente entre quienes cultivan las plantas y las industrias que las procesan.
El caso de la ayahuasca
Uno de los casos más conocidos es el de la ayahuasca, una planta de la región del Amazonas que fue patentada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos a solicitud de Loren Miller en 1984.
Con la patente se otorgaron derechos exclusivos para plantar y cultivar una planta que tradicionalmente había sido utilizada por los médicos indígenas con fines medicinales. El registro de la patente suscitó una fuerte oposición por parte de las comunidades indígenas, que trataron sin éxito de impugnarla ante los tribunales de los Estados Unidos. Finalmente, la patente caducó en 2003.
Hoy, el Banisteriopsis caapi es un compuesto empleado en medicinas contra la depresión, la ansiedad, el Párkinson y la esquizofrenia.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
Ejemplos como el anterior han hecho evolucionar la legislación internacional, pero no siempre en beneficio de agricultores y horticultores. Ciertos tratados internacionales protegen los derechos de descubridores y creadores de variedades vegetales pero niegan a agricultores y comunidades indígenas cualquier tipo de compensación por su labor de mejoramiento o por sus conocimientos tradicionales.
Otros acuerdos sí reconocen la contribución de las comunidades locales e indígenas y han tratado de proteger los derechos de los agricultores para que puedan conservar, reutilizar, intercambiar y vender semillas. A pesar de ello, estos beneficios quedan sujetos a lo dispuesto en las leyes internas de los estados miembros.
Finalmente, la mayoría de los países han terminado adoptando un sistema parecido al de las patentes que impide a los agricultores conservar y reutilizar semillas, e incluso tener acceso a los recursos fitogenéticos a efectos de investigación y reproducción, en ausencia de autorización del titular.
¿Qué está haciendo Open Source Biology al respecto?
Ante esta situación de bloqueo, han comenzado a surgir iniciativas que apuestan por replicar el modelo de software libre y de código abierto para la investigación de plantas y animales. Lo que proponen es crear un nuevo sistema de licencias abiertas similares a las del software de código abierto para favorecer la innovación y el libre intercambio de semillas, plantas y recursos fitogenéticos entre agricultores y horticultores sin que se pueda restringir el acceso y su utilización mediante patentes u otros instrumentos de propiedad intelectual.
El pasado 17 de abril, la Open Source Seed Initiative lanzó las primeras semillas de código abierto, un total de 36 variedades de 14 cosechas diferentes. Por su parte, la Fundación BioBricks trabaja en la estandarización de los componentes de la biología sintética y en la actualidad colabora con Standford BIOFAB descifrando el dogma central de la levadura. Otras iniciativas como GRAMENE, la iGEM Foundation, la red MASIPAG y BIOS dan muestras de las dimensiones de un movimiento que promete.
Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que se deben patentar las plantas?
Texto en colaboración con Abierto al Publico, el blog de Open Knowledge del Banco Interamericano de Desarrollo.
Montserrat Corbella Valea es abogada especializada en derecho internacional económico y actualmente trabaja como consultora en el Sector de Conocimiento y Aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo.
