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EDITORIAL

Reforma malograda

La confusión en los cambios de la justicia universal debe dar pie a una rectificación sensata

Se puede tramitar una reforma legal a la carrera, pero eso incluye un alto riesgo de malograrla, como muestran los primeros resultados de los recortes en la aplicación de la justicia universal. Desde la nueva óptica se excluye a dirigentes del Partido Comunista Chino de una causa por el genocidio tibetano, pero también a ocho presuntos narcotraficantes egipcios arrestados en un barco sin bandera con casi 10 toneladas de hachís. Por hacer un favor al Gobierno de Pekín, en nombre de la realpolitik, se hace de menos al de París, que requirió el auxilio español para el abordaje. El peligro de la impunidad se extiende a otros narcos para los que la Audiencia Nacional dirime cómo les afecta la restricción de la justicia universal.

La reforma reduce notablemente la competencia de los tribunales españoles sobre hechos sucedidos más allá del territorio nacional. El juez que lleva el caso de los narcos entiende que el legislador deja fuera de su alcance a presuntos delincuentes a bordo de una nave que no enarbolaba pabellón español ni navegaba hacia España. La decisión, tomada contra el criterio de la fiscalía, sucede a la polémica sobre el archivo o no de la causa por la muerte en Irak del cámara José Couso. Todo ello complica los casos existentes y acumula las dudas.

A ello puede haber contribuido la redacción de una norma presentada como proposición legislativa y aprobada rápidamente en lugar de hacerlo a través de un proyecto de ley del Ejecutivo, que habría exigido más calma porque precisa de informes del Consejo de Estado y del Consejo del Poder Judicial. No habrían venido mal esos dictámenes a efectos de asegurar la calidad técnica de la norma.

Hay quien considera quijotesco que un país como España pretenda obtener resultados del principio de la justicia universal, cuando los sospechosos son extranjeros. En todo caso, los problemas de aplicación de la reciente reforma exigen mejorarla y el Gobierno debería tomar la iniciativa para producir una norma sensata. Cierto, resulta muy difícil juzgar y condenar a presuntos criminales cuando son ciudadanos de otros Estados (por la falta de colaboración de estos, sobre todo si son poderosos), antes de la nueva norma y más después de ella; pero al menos hay que garantizar una ley sin errores y una aplicación del principio de la justicia universal suficientemente extensa como para no debilitar su fuerza disuasoria.

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