Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Erdogan ahoga Turquía

El primer ministro cercena las libertades para garantizar su supervivencia política

Recep Tayyip Erdogan sigue siendo el político más popular de Turquía, pero su aura se desvanece al compás de la sucesión de escándalos que le implican a él, a su familia y a su más estrecho círculo y de la respuesta invariablemente autoritaria del jefe de Gobierno. El último es la filtración de escuchas en las que discute con uno de sus hijos cómo deshacerse de millones de euros ocultos en la casa de este. La grabación, denunciada por Erdogan como manipulada frente al criterio de expertos técnicos, fue obtenida en diciembre, en el curso de una vasta investigación sobre corrupción que forzó la dimisión de cuatro ministros. El Gobierno islamista atribuye estas pesquisas a fiscales y policías simpatizantes del clérigo suní Fetulah Gülen, antiguo aliado, autoexiliado en EE UU e instigador —en la narrativa oficial— de todos los males del primer ministro.

Los efectos de la lucha entre Erdogan y los gulenistas, que sacude el paisaje político, comienzan a trasladarse a la economía y a menguar la confianza internacional en Ankara. El problema mayor de Erdogan es que su denuncia de conspiraciones de toda laya, internas y externas (periodísticas, policiales, judiciales, financieras) comienza a resbalar a muchos turcos. Esa incredulidad puede pasarle factura en dos elecciones en puertas, locales en marzo y presidenciales en agosto. Si el partido neoislamista gobernante (AKP) no obtiene este mes unos resultados suficientes, acaso naufraguen los sueños de Erdogan de convertirse en verano en presidente de la república y cambiar la Constitución para multiplicar los poderes del cargo.

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Más grave que la suerte inmediata de un político que lleva demasiados años en el poder sin contrapesos es el vaciamiento democrático de las frágiles instituciones turcas que acompaña este proceso de desgaste. Para asegurarse su supervivencia, Erdogan y su Gobierno se han librado no solo a una purga masiva de policías y fiscales y a una detención récord de periodistas; acaban de aprobar leyes —protestadas por la débil oposición y las instituciones europeas— que censuran drásticamente Internet y otorgan al Ejecutivo el control del aparato judicial.

Esta asfixia de las libertades, en nombre de la lucha contra el supuesto Estado paralelo del predicador Gülen, resulta inadmisible. Es la actitud de Erdogan lo que pone en peligro a Turquía y destruye la credibilidad trabajosamente conseguida por el país en la última década.

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