El federalismo del PSOE

Una primera opción importante es la reforma del Senado para transformarlo en una cámara territorial compuesta por representantes de los gobiernos de las CC.AA. El Senado deberá pronunciarse sobre los temas de alta relevancia autonómica así como participar en la designación de los órganos constitucionales. Y aunque el texto no incluye explícitamente el uso en el Senado de las lenguas oficiales, resulta claro que la medida está incluida en la propuesta referida a lenguas oficiales.

La Declaración propone un modelo federal como vía idónea para dar respuesta a las legítimas diferencias que hoy se presentan desde diversas comunidades autónomas. Sabemos que las identidades vinculadas a las “legítimas diferencias” surgen de un sentimiento de pertenencia a determinados colectivos. Las diferencias aceptadas mayoritariamente como “legítimas” son aquellas que se han afirmado históricamente con el soporte de un Estado. Las naciones/nacionalidades se basan en identidades colectivas; una nación, no obstante, no es únicamente un conjunto de variables objetivas que permiten detectar un hecho diferencial. Una nación tiene –por una parte- una componente identitaria y –por otra- posee otra dimensión asociada a la voluntad colectiva de persistir en la identidad común.

Por otra parte, la Declaración destaca adecuadamente que entre los hechos diferenciales y competenciales recogidos por los propios Estatutos, sobresalen los derechos históricos que el Estatuto de Cataluña recoge… así como las especificidades del derecho civil atribuida a diferentes comunidades en sus respectivos Estatutos…

Propone fijar en un solo listado las competencias exclusivas del Estado y propugna la no equiparación forzosa de las competencias máximas posibles de las diversas CC.AA. Se admite pues que puedan existir CC.AA que no ejerzan todas las competencias posibles; esta posibilidad generaría un claro incentivo para reclamar competencias para tenerlas en la reserva y reclamarlas en algún momento. Es pues una puerta abierta a los conflictos; por ello es indispensable explicitar cómo se produciría en su caso la adaptación del nivel de los recursos económicos necesarios así como su origen. Es un aspecto importante que exige ser desarrollado adecuadamente.

La solidaridad institucionalizada es una forma de socialización de los riesgos sociales. La Declaración propone asegurar la igualdad de los españoles en sus prestaciones básicas incorporando a la Constitución la garantía de las prestaciones en Educación, Sanidad, Servicios sociales y Pensiones. Compartido; positivo.

La Declaración hace asimismo referencia a la solidaridad como única manera de garantizar niveles de vida semejantes; ello introduce un enfoque de la solidaridad distinto ya que los niveles de vida en los diversos territorios no dependen únicamente de las políticas públicas sino también de la capacidad innovadora y de gestión de las elites dirigentes, así como también de las estrategias territoriales de los grupos económicos dominantes a nivel español e internacional. Por todo ello no puede existir la garantía constitucional de niveles de vida similares, sin que ello comporte eliminar todo tipo de políticas de desarrollo regional.

La cuestión de la ordinalidad ocupa un lugar central para construir la confianza. En efecto ¿existe alguna razón aceptable para que el orden de las CC.AA según su renta por habitante antes aplicar los criterios de solidaridad, resulte modificado después de aplicarlos? Ninguna. De todos modos, es preciso indicar que la simple ordinalidad no es garantía suficiente ya que este criterio se cumpliría aunque las diferencias entre CC.AA, después de aplicar la solidaridad, se hicieran insignificantes. Es necesaria una mayor concreción.

La Declaración plantea la necesidad de que el País Vasco y Navarra compartan el coste de la solidaridad y se refiere a los difíciles equilibrios y disfunciones entre la solidaridad entre territorios y entre los resultados financieros de las autonomías forales y las de régimen común. Ciertamente, es necesario avanzar en la concreción de estos aspectos importantes, delicados, conflictivos.

En definitiva, considerando el conjunto de las propuestas, la Declaración del Comité Federal del PSOE pienso constituye un marco que permite avanzar en la buena dirección; si bien contiene silencios e insuficiencias, no incluye tomas de posición que impidan avanzar en las direcciones que he apuntado. Así, por ejemplo, si bien la Declaración manifiesta que “en el federalismo se ubican las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España” y, en consecuencia, uno esperaría que el documento que se refiriera sin complejos a las “naciones” existentes y al reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, tal afirmación no se produce. Pero, en rigor, nada en el texto se opone a ello

Un comentario final: la Declaración no se refiere al “derecho a decidir” pero este derecho –en buena lógica- no es un derecho constitucional reconocido en ninguna Constitución democrática relevante. Sobre este tema resultan muy pertinentes y útiles las precisiones formuladas por Francisco Rubio Llorente –ex_vicepresidente del Tribunal Constitucional (1989-92) y también del Consejo de Estado (2004-12)- destacando que no es correcto considerar que el legislador sólo puede hacer aquello para lo que está expresamente autorizado por la Constitución y, en consecuencia, defiende la legalidad de un referéndum para averiguar la existencia y validez de esta supuesta “voluntad de secesión”.

El “derecho a decidir” es claramente un tema distinto de las cuestiones consideradas en la Declaración que exige pues un tratamiento específico para hacerlo posible sin grandes dilaciones ni dramas. Por respeto.

Josep Maria Vegara Carrió es catedrático emérito de economía-UAB, doctor ingeniero industrial