Conflicto en el naval

El tenso conflicto entre la Comisión Europea y los astilleros españoles a cuenta de las desgravaciones fiscales obtenidas por los financiadores de la actividad naval es un ejemplo perfecto de la distancia que media entre los principios teóricos y las decisiones políticas que adoptan los Gobiernos europeos para sostener subrepticiamente el empleo, en particular en los mercados más afectados por la recesión. El comisario de la Competencia y vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, reclama la devolución de unos 2.800 millones en desgravaciones concedidas por el Gobierno español a las empresas financiadoras de los astilleros; los constructores se niegan a pagar y aducen que los beneficios fiscales (tax lease) son legales.

El principio es inequívoco: Europa no acepta ayudas de Estado, porque vulneran la igualdad competitiva. Y así debe ser. Por debajo de los principios está la gestión política y no sería aventurado asegurar que las ayudas públicas, mejor o peor disimuladas, constituyen el mecanismo favorito de defensa sectorial en todos los países de la eurozona. La diferencia está en que en Francia, Alemania o Italia las aplicaciones públicas se protegen detrás de normas sofisticadas; y si hay denuncia contra decisiones francesas o alemanas, la burocracia comunitaria suele apañárselas para embarrar el campo y dilatar las sentencias.

Pero no debe ser este el argumento principal de los negociadores españoles, porque en ese caso justificarían una infracción simplemente porque está muy extendida. El caso cierto y perfectamente defendible es que la fiscalidad europea no está plenamente armonizada y no está claro que un beneficio fiscal sea siempre una ayuda de Estado. Escuelas jurídicas informadas sostienen que no lo son; hay casos en los que las desgravaciones se han devuelto y otros en los que no. Almunia cumple con su papel al defender con rigor la devolución de las desgravaciones, pero no está claro que su posición resultara triunfadora en un tribunal.

El caso plantea además otra complicación. Los beneficios fiscales contaron con la aprobación del Gobierno español. Existe pues, se quiera o no, una responsabilidad de la Administración Pública y un daño considerable a la credibilidad jurídica del país. No parece una buena idea ahondar el enfrentamiento. La autoridad europea debería estar muy preocupada por la debilidad de los astilleros continentales, que están perdiendo mercados en favor de los astilleros asiáticos.

Por eso la solución más racional es una negociación, para calcular cuál sería el daño real sobre el empleo en caso de devolución, cuánto es ayuda pública y cómo se minimiza el daño sobre el sector naval. En esta estrategia, el ministro y los Gobiernos autónomos afectados han cometido un grave error táctico: hacer ostensible su presión a las autoridades comunitarias con un supuesto frente unido. Cuando se va a negociar, no se profieren amenazas. Y la foto de la unidad naval equivale a echar a los trabajadores en contra de Bruselas.