Registro de adhesiones

Las personas, colectivos y entidades que deseen hacer constar su apoyo a las políticas del Gobierno catalán, podrán hacerlo a través de un registro de adhesiones que se creará en los próximos meses. Una orden del consejero de Presidencia, Francesc Homs, establece la creación, por el procedimiento de urgencia, de un registro de “adhesiones a propuestas impulsadas por el Gobierno de la Generalitat”, que incluye “la posibilidad de obtener el consentimiento para difundir esas adhesiones” y hacer un tratamiento estadístico de las mismas.

Aunque portavoces del Ejecutivo han querido restar trascendencia a la iniciativa, indicando que se enmarca en las políticas de transparencia y participación, la creación de este registro resulta especialmente inquietante. A nadie se le oculta que la prioridad del Gobierno de Mas es la agenda soberanista. Iniciativas como la creación de un Consejo para la Transición Nacional, la firma de un Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y la constitución, el viernes pasado, de una comisión parlamentaria encargada de buscar la fórmula que permita al pueblo catalán ejercer su derecho a decidir, son tres de las iniciativas promovidas por Mas dentro del programa soberanista pactado con Esquerra Republicana. Esta agenda mantiene el compromiso de convocar una consulta en 2014 y se completa con diversas medidas, más efectistas que reales, destinadas a visualizar que la Generalitat está construyendo las estructuras de un Estado propio, como una agencia tributaria, “para cuando Cataluña sea independiente”, según se ocupa de precisar su socio de legislatura.

En este contexto, la creación del registro de adhesiones entraña un grave riesgo para la convivencia y recuerda procedimientos de triste memoria en nuestro país. En un momento de creciente polarización en torno al proyecto independentista, la existencia de un registro nominal y público de adhesiones a las políticas impulsadas por el Gobierno puede derivar fácilmente en un sistema para etiquetas a buenos y malos catalanes, según se esté o no en la lista de adherentes. Un procedimiento de esta naturaleza, organizado desde el poder y a través de las instituciones públicas, resulta inaceptable y puede devenir un mecanismo de presión ambiental muy poco acorde con los principios democráticos que invocan quienes reclaman el derecho a decidir.