Responsabilidad

El Partido Popular mantuvo una mecánica continuada entre 2002 y 2007 para burlar los controles del Tribunal de Cuentas a su forma de financiarse, según los nuevos datos publicados por este periódico esta semana sobre el caso Bárcenas. La decencia política exige una explicación convincente del PP sobre su presunta financiación ilegal, en vez de encastillarse en que todo se reduce a los manejos de un aprovechado, Luis Bárcenas, que ya no forma parte de la dirección del partido. La insuficiencia de esa tesis es palmaria en las encuestas, que muestran la pérdida de confianza ciudadana en la élite política a causa del saqueo de fondos y de la evasión fiscal: no solo de personas importantes en el PP, pero también.

La dirección de este partido se ha pasado casi tres meses ocupada en desmentir la veracidad de los papeles de Bárcenas, además de señalar su preocupación por el efecto negativo de tales informaciones para la Marca España. De ello se deduce que la presunta financiación ilegal no le parece un problema, ni las importantes sumas que le pagaron a Bárcenas (“indemnización diferida”) tras dejar el acta de parlamentario y el cargo de tesorero. El problema para el PP es simplemente que todo eso se está publicando.

Sin embargo, al caso Bárcenas le queda todavía un largo trecho judicial, cuyos efectos se añaden a la parte ya instruida sobre la trama Gürtel. Las zonas de sombra en la financiación ilegal van quedando claras y la dirección del partido gobernante cambia de táctica, pasando de la negación en bloque —como pretendió cuando EL PAÍS comenzó a publicar la contabilidad B de Bárcenas— a la amenaza a los medios de comunicación que lo difunden, principalmente este periódico y la cadena SER. El intento es inútil, porque la justicia, que ya se ha ocupado de los tejemanejes financieros del extesorero durante los decenios en que gozó de la confianza del partido, habrá de desenredar el ovillo hasta descubrir los orígenes de su enriquecimiento. También qué sucedió para que se violara la prohibición de recibir donaciones por parte de contratistas de la Administración o la limitación de 60.000 euros anuales por cada donante, mientras se aplicaban tretas para blanquear presuntamente el dinero negro obtenido y depositar en una cuenta bancaria solo una parte reducida de las donaciones privadas. De paso se ha sabido de sobresueldos pagados a dirigentes populares cuando estaban en la oposición, entre ellos José María Aznar.

Los excesos cometidos en la financiación ilegal de la política necesitan que la opinión pública conozca esas trapacerías para hacerlas cada vez más arriesgadas políticamente y, por tanto, menos frecuentes. Porque no se trata solo de exigir cuentas por hechos sucedidos en años pasados, sino de contribuir a la capacidad de disuasión contra los que pretendan intentarlo de nuevo. Solo así será posible una democracia de la transparencia y de la responsabilidad.