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EDITORIAL

Irritación judicial

En el conflicto múltiple de una Justicia que es urgente reformar se mezclan demasiadas cosas

Casi todos los colectivos del mundo judicial se han unido en protesta contra las reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien, siguiendo el viejo principio de que más vale una vez colorado que ciento amarillo, abre varios frentes a la vez y acumula medidas que suponen más carga de trabajo para los jueces (supresión de interinos, menos días libres) con una suerte de copago de los costes judiciales (las tasas) o la pretensión de entregar parte de las tareas del registro civil a los registros mercantiles y de la propiedad, todo en el contexto de otras muchas iniciativas legislativas.

Cada uno de los colectivos profesionales que protestan (jueces, fiscales, abogados, otros funcionarios) tiene sus razones, pero conviene deslindar los campos. Una cosa son las condiciones en que se presta el servicio de la justicia y otra, el derecho del ciudadano a la “tutela efectiva de los jueces y tribunales”, establecida en la Constitución. Es verdad que la litigiosidad es grande para el aparato judicial disponible y que el coste de ese engranaje resulta oneroso. Las tasas —que no se aplicarán en asuntos penales— contribuirían a sufragar parte del coste, pero deben ser accesibles, en lugar de impedir, en la práctica, el ejercicio de un derecho fundamental. ¿Puede la Administración limitarse a la hora de litigar? ¿Se puede obligar a las empresas o ciudadanos que más litigan a pagar tasas elevadas, de las que eximir a los demás? ¿Se pueden ampliar los arbitrajes y mediaciones para descargar de asuntos a los jueces? Estas preguntas necesitan respuestas, lo mismo que la conveniencia de diseñar partidos judiciales más amplios. Hay que hacer compatible el derecho al servicio de la justicia con las posibilidades de pagarlo desde unas finanzas públicas en crisis. Por eso hay que reformar.

La tarea resulta especialmente delicada cuando afecta a los jueces. Un juez es independiente en su jurisdicción: carece de jefe, en el sentido que tiene ese término en las Administraciones jerarquizadas, y sus decisiones solo pueden ser revocadas por una instancia superior, en el ámbito jurisdiccional, o por el Consejo del Poder Judicial, en el disciplinario. Seguramente se equivoca el ministro presentando las protestas únicamente como reacción contra la supresión de una paga extra o de unos días de permiso. Ese fue el origen del descontento, aunque ahora también resulta cierto que los jueces reclaman más medios, que la actual penuria presupuestaria no puede satisfacer.

Ahora bien, precisamente por ser un poder del Estado, los jueces deberían pensárselo dos veces antes de protestar con huelgas. Ninguna ley se lo prohíbe ni se lo autoriza, pero el sentido común desaconseja claramente la huelga a los titulares de un poder del Estado, salvo que quieran dar la razón a Ruiz Gallardón en el sentido de que se mueven solo por motivos corporativistas. El ministro dice que su puerta sigue abierta: es cuestión de no dejarle con la mano en el aire.

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