Un empresario, juzgado por causar graves daños al Parque Regional del Sureste
Antonio Miranda Rojas se enfrenta a una condena de seis años de prisión por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente
El dueño de la empresa Tico S.A., Antonio Miranda Rojas, se enfrenta a una condena de seis años de prisión por un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. El fiscal pide seis años de prisión contra él por haber causado daños muy graves en el Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid, que han sido peritados en cuatro millones de euros. La compañía que regentaba extrajo durante meses tierras y áridos en el término municipal de San Martín de la Vega, pese a que en un caso no tenía la preceptiva declaración de impacto ambiental, según el escrito del ministerio público.
La acusación se basa en que la empresa Tico extrajo tierras en la parcela 34 del polígono número 8 de la zona B-1, dentro del parque regional del sureste. Dicha parcela se halla en una zona de especial protección para las aves (ZEPA) entre los cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares. Se trata de un espacio natural protegido, por "lo que se exige con carácter previo a cualquier explotación minera que se localice en esas zonas un previo sometimiento a evaluación de impacto ambiental", según el ministerio público.
Los cálculos del fiscal mantienen que extrajo tierras en una zona de 7.000 metros cuadrados, lo que "ha afectado gravemente la fauna y la flora del lugar, así como al impacto visual por la alteración de las formas y volúmenes". Estos daños han sido valorados en casi 830.000 euros.
El anterior no es el único delito del que se le acusa a Antonio Miranda. El ministerio público mantiene que entre los años 2000 y 2006 extrajo áridos por debajo del nivel freático sin respetar la zona de explotación ni el retranqueo de 100 metros respecto del cauce del río Jarama, que establece la declaración de impacto medioambiental. Esto produjo graves daños al ecosistema: ruido por el trasiego de camiones en la M-506 que afecta a la avifauna de la margen izquierda del río, generación de polvo y partículas en suspensión, alteración del paisaje y acumulación de acopios e instalaciones de utillaje y maquinaria para la extracción de la tierra, así como modificación de las características del suelo y la pérdida del régimen hídrico.
Los daños han sido peritados en 3,1 millones de euros por "el alto valor ecológico del suelo". Además de la pena de cárcel, el fiscal pide que el acusado restaure los terrenos afectados por la extracción.
